Reiterados robos de ganado obliga a productores a encerrar animales en corrales cercanos a sus propias viviendas
La situación fue expuesta por Matías Martiarena, director del Distrito III Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina (FAA), quien puso el foco en las dificultades que enfrenta el sector ante el abigeato y la necesidad de contar con respuestas que permitan recuperar la tranquilidad en las zonas rurales.
Tras una reunión con autoridades provinciales, jefes policiales y representantes del sector agropecuario, el dirigente destacó “el compromiso de reforzar los recursos para combatir estos delitos mediante drones, visores térmicos y mayor presencia policial”. Sin embargo, advirtió que el problema no termina con la prevención y los operativos policiales, sino que también requiere una respuesta judicial efectiva.
En ese sentido, propuso avanzar hacia fiscalías especializadas en delitos rurales y fortalecer la coordinación entre policías, fiscales y productores. El objetivo, sostuvo, es “tratar de que la vida de esta gente cambie, y cambie para bien, y que puedan llegar a tener la tranquilidad necesaria”.
Robos reiterados y preocupación por la falta de consecuencias
Al recordar lo ocurrido durante una reunión con productores en Bovril, Martiarena relató que escucharon el testimonio de un hombre que “corrió a dos malhechores a tiros y a latigazos”. Sobre ese episodio, advirtió que, si el productor hubiera matado a alguno de los dos sujetos, “hoy estaríamos en un serio problema”.
El dirigente también reclamó una respuesta penal más contundente frente al abigeato. En esa línea explicó que, si bien el robo de un solo animal puede considerarse un delito menor, las consecuencias son muy diferentes cuando las sustracciones se repiten y las pérdidas acumuladas afectan seriamente el capital de los establecimientos.
Durante el encuentro en Bovril, escucharon con preocupación a productores que denunciaron el robo de decenas de animales y que, según sus testimonios, no habían visto consecuencias por esos hechos. “La Policía hace su trabajo, pero todo indica que la puerta giratoria, para este tipo de delincuentes, sigue como si nada aconteciera”, expresó.
Por eso, insistió en que “el robo reiterado de hacienda no puede tratarse como una sucesión de delitos menores cuando las pérdidas acumuladas afectan gravemente el capital de los establecimientos”.
Además de reclamar investigaciones que permitan obtener condenas efectivas, planteó la necesidad de fortalecer el asesoramiento legal a los damnificados. La finalidad, señaló, es que los productores puedan defender sus derechos y volver a trabajar con la seguridad y la tranquilidad necesarias.
Alerta por el riesgo de inundaciones
Por otra parte, Martiarena se refirió a la situación de los productores ganaderos ante el riesgo de inundaciones. Indicó que, según los relevamientos realizados junto con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), existe una importante cantidad de cabezas de ganado en las islas y comenzaba a intensificarse el movimiento de animales.
Advirtió que vender hacienda sin terminar para anticiparse a una creciente implica importantes pérdidas en el precio por kilo. A eso se suman las obligaciones tributarias que deben afrontar los productores por una operación que no representa una ganancia real, sino la liquidación temporal de su capital.
Según explicó, estas cargas pueden desalentar el traslado preventivo de los animales y aumentar los riesgos ante una creciente que podría afectar en el corto plazo las zonas donde se concentra la ganadería en islas y campos inundables.
Pedido de Emergencia Agropecuaria por un año
En cuanto a las medidas para atender esta situación, Martiarena destacó que durante la última reunión de la Comisión de Emergencia, integrada por representantes del sector agropecuario y funcionarios provinciales, se avanzó en un acuerdo para elevar al Poder Ejecutivo un pedido de declaración de Emergencia Agropecuaria por el término de un año, a partir del 1º de agosto.
La solicitud comprende a los departamentos afectados por las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay, desde La Paz hasta Islas del Ibicuy.
De esta manera, la inseguridad rural y la situación de los productores ganaderos frente al riesgo de inundaciones vuelven a poner en agenda la necesidad de medidas que permitan proteger la producción y brindar previsibilidad a quienes desarrollan su actividad en las zonas más expuestas.
