Entre Ríos registra una tasa de suicidio de 20,8 casos cada 100.000 habitantes, aproximadamente el doble del promedio nacional y con una diferencia cercana al 81 %. El suicidio es uno de los principales problemas de la provincia, cuya evolución muestra un deterioro progresivo desde 2010. El presidente del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos, Octavio Filipuzzi, advirtió que detrás de cada caso hay un sufrimiento profundo y que muchas muertes podrían prevenirse.
El suicidio es multicausal: puede estar relacionado con patologías, pero también con crisis vitales, aislamiento, problemas económicos, adicciones, deudas, hostigamiento o falta de perspectivas. “Por eso es necesario evitar la patologización automática y abandonar la idea de que una persona ‘estaba bien’ necesariamente no podía atravesar una crisis. La prevención debe incluir conversaciones con niños, jóvenes y adultos mayores para transmitir que existen alternativas y que pedir ayuda es posible”, explicó Filipuzzi.
“La escucha cotidiana cumple un papel central y no requiere ser especialista. Ante alguien que sufre, hay que acercarse, escuchar sin criticar, juzgar, presionar, invalidar ni intentar resolverlo todo, y luego orientar hacia profesionales o servicios especializados. También es importante mantenerse atento a familiares, amigos y personas cercanas, porque la soledad y la desconexión pueden ocultar señales de riesgo”, agregó el profesional.
Aislamiento y contexto social
Aunque la tecnología permite comunicarse instantáneamente y resolver tareas con rapidez, también puede favorecer “la deshumanización y el aislamiento”, alertó el psicólogo, al tiempo que destacó “la importancia del afecto y del vínculo humano para la salud psíquica, así como los efectos nocivos de una sociedad fragmentada”.
A este escenario se suman “la crisis económica, las adicciones a los juegos y las apuestas, el endeudamiento y la violencia asociada al consumo de sustancias. En jóvenes con problemas de adicción, las deudas con narcotraficantes pueden generar amenazas y una sensación de falta absoluta de futuro”, subrayó.
El caso de Erika ilustra cómo el acoso por una deuda puede desencadenar una tragedia: una joven fue contactada reiteradamente por un estudio de cobranzas y, tras creer que embargarían los pocos bienes de su padre, se suicidó. El episodio evidencia cómo la presión financiera y las prácticas intimidatorias pueden agravar una crisis cuando no existen redes de contención ni acceso oportuno a la atención mental.
Desfinanciamiento
La inversión nacional en salud mental cayó un 80 % en 2024; en 2025 se recuperó parcialmente, un 49 %, pero volvió a reducirse un 91 % en el presupuesto actual. Filipuzzi sostuvo que “no puede existir una política pública efectiva sin presupuesto. El desfinanciamiento dificulta el acceso tanto en el sistema público como en el privado: las personas pueden obtener turnos con demoras de tres o cuatro meses, mientras las obras sociales reducen prestaciones o no cubren los valores necesarios. Los adultos mayores, especialmente a través del PAMI, quedan particularmente desprotegidos”, observó.
La Ley de Salud Mental es “valiosa” pero “su falta histórica de financiamiento impidió su implementación plena y la convirtió, en parte, en una promesa sin recursos”, añadió.
Respuesta comunitaria
Aunque el Estado tiene una responsabilidad principal, el suicidio no puede resolverse únicamente desde las instituciones públicas. El Colegio de Psicólogos impulsa una “Caminata por la Vida” para visibilizar el problema sin buscar culpables, promover el diálogo y movilizar a la comunidad. La convocatoria reúne a iglesias, comunidades religiosas, universidades, organismos de defensa pública y otras instituciones.
El objetivo “es coordinar esfuerzos, evitar que distintas organizaciones repitan acciones aisladas y transformar el diagnóstico en soluciones concretas. Hablar públicamente del tema puede ayudar a que alguien busque apoyo”.
