Planeamiento admitió que Nación cortó los fondos para obras y reconoció deudas por más de $3.200 millones
Las transferencias nacionales para obra pública en Entre Ríos cayeron de $3.068 millones recaudados en 2023 a cero en 2026, según se confirmó a ANÁLISIS desde el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura de la provincia. El organismo entrerriano gastó casi $5.000 millones en contrataciones directas por emergencia en tres años y medio y en febrero y marzo de 2024 firmó convenios con las constructoras para pagar certificados atrasados a cambio de que renunciaran a sus reclamos judiciales. Son 3.200 millones de pesos que se le adeudan a 23 empresas de la provincia.
El Ministerio de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos reconoció a ANÁLISIS que hubo “una fuerte reducción del financiamiento nacional a partir de 2024”, que trasladó a la Provincia “la necesidad de afrontar con recursos del Tesoro Provincial las obligaciones vinculadas a la continuidad de las obras”. Las transferencias de capital de origen nacional destinadas a obra pública, clasificadas en la planilla bajo el Tipo 22 y destacadas en amarillo por el propio Ministerio, tuvieron en 2023 un crédito de $11.141 millones, de los cuales ingresaron efectivamente $3.068 millones.
En 2024 el crédito subió a $13.215 millones, pero lo recaudado se desplomó a $1.343 millones. En 2025 el crédito fue de $10.402 millones y lo ingresado volvió a ser de $1.343 millones, en su totalidad correspondiente al Plan de Mejoras de la Unidad Ejecutora Jurisdiccional, que financia infraestructura para la Educación Técnica. En 2026, hasta el 20 de julio, el crédito era de $2.177 millones y lo recaudado, cero pesos.
El caso más elocuente es el de la Subfuente 5372 “Aporte Nación Secretaría de Obras Públicas” que en 2023 tuvo un crédito de $2.304 millones; en 2024 de $6.026 millones y en 2025 de $4.805 millones. Recaudado en los tres ejercicios: cero pesos.
Lo mismo ocurre con la Subfuente 5254 “Aporte Nación Defensa Casco Urbano Villa Paranacito”, que acumuló créditos por $627 millones en 2023, $190 millones en 2024, $1.116 millones en 2025 y $2.177 millones en 2026, sin que ingresara un solo peso en ninguno de los cuatro años.
El aporte del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), que en 2023 giró $1.824 millones sobre un crédito de $4.448 millones, en 2024 tenía asignados $5.343 millones y no transfirió nada. A partir de 2025 desapareció de la planilla como fuente de ingresos. El aporte de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, que en 2023 giró $604 millones, tampoco volvió a ingresar fondos.
Hay una salvedad que la planilla permite ver y la nota no explica en la respuesta al pedido de Acceso a la Información Pública formulado por ANÁLISIS: el grueso de la caída corresponde al 2023, es decir, al último año de la gestión de Gustavo Bordet y de Alberto Fernández, cuando la Nación ya había dejado de girar buena parte de lo comprometido. La interrupción se profundizó en 2024, pero el crédito de $13.215 millones que la Provincia presupuestó ese año para transferencias nacionales de capital, más del doble de lo que había ingresado el año anterior, sugiere que la administración de Rogelio Frigerio armó su primer presupuesto contando con fondos que, a la luz de lo ocurrido en 2023, difícilmente iban a llegar.
Las transferencias corrientes nacionales (Tipo 17), que en el caso del Ministerio de Planeamiento de la provincia se concentran en el Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) y en el Fondo de Compensación al Transporte Público, siguieron otra trayectoria: $4.031 millones en 2023, $3.591 millones en 2024, $6.672 millones en 2025 y $1.099 millones en lo que va de 2026. Esos fondos no financian obras sino subsidios al transporte de pasajeros, que dependen del Ministerio a través del programa de Desarrollo y Contralor del Sistema Provincial de Transporte Automotor.
Un presupuesto que creció en el papel
El Anexo II expone, en cuatro planillas de formato A3 correspondientes a cada ejercicio, el presupuesto del Ministerio abierto por programa, tipo de erogación e inciso, con el crédito original, el crédito actual y lo ejecutado, discriminado por fuente de financiamiento. Los totales muestran un Ministerio cuyo presupuesto se infló año a año sin que la ejecución acompañara. En 2023 el crédito original fue de $24.554 millones, el crédito actual, es decir el vigente al cierre luego de las modificaciones, llegó a $48.857 millones y se ejecutaron $35.588 millones.
En 2024, primer año de la gestión Frigerio, el crédito original saltó a $56.016 millones y el actual a $69.523 millones, pero se ejecutaron $35.149 millones: menos que el año anterior en términos nominales, en un año en que la inflación superó el 100 por ciento. En 2025 el crédito original fue de $64.625 millones, el actual de $87.227 millones y la ejecución de $62.970 millones. Para 2026 se presupuestaron $76.928 millones, el crédito actual al 6 de julio era de $65.842 millones y lo ejecutado a esa fecha, $25.515 millones.
La composición por fuente de financiamiento es tan elocuente como los totales. Lo ejecutado con recursos del Tesoro Provincial pasó de $28.638 millones en 2023 a $31.432 millones en 2024, $54.187 millones en 2025 y $23.929 millones en los primeros seis meses de 2026.
Lo ejecutado con recursos de afectación específica -la fuente donde se registran los aportes nacionales- fue de $6.874 millones en 2023, cayó a $3.717 millones en 2024, repuntó a $8.758 millones en 2025 y suma $1.586 millones en lo que va de 2026. En otras palabras: en 2024 el Ministerio de Planeamiento tuvo menos plata de Nación y tampoco compensó con fondos propios, y el resultado fue un año prácticamente perdido para la obra pública provincial. La recuperación de 2025 se hizo casi enteramente con recursos entrerrianos.
El programa 16 “Asistencia Técnica y Ejecución de la Política en Obras de Arquitectura”, que concentra las obras de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, tuvo en 2023 un crédito actual de $15.527 millones y una ejecución de $12.732 millones.
El programa 20 “Saneamiento Hídrico”, que ejecuta las obras del ENOHSA, tuvo un crédito actual de $6.563 millones, de los cuales $4.468 millones provenían de la afectación específica nacional, y ejecutó $2.820 millones.
El programa 21, de transporte automotor, ejecutó $7.340 millones, casi todo en transferencias corrientes.
Casi $5.000 millones por contratación directa
El Ministerio de Planeamiento informó además que los concursos de precios y las contrataciones directas “no cuentan con un portal específico de publicación” y adjunta como Anexos III y IV dos reportes del SIAF, emitidos por la Contaduría General el 29 de julio de 2026, con el detalle de cada procedimiento: objeto, expediente, número de Mesa de Entradas, crédito, compromiso devengado y pagado.
El Anexo III corresponde a las contrataciones directas por emergencia tramitadas en el marco del Decreto 3627/17 y dictado en 2017 por el entonces Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios durante la gestión Bordet para habilitar refacciones escolares sin licitación. Son 18 páginas y 417 expedientes.
En 2023 se tramitaron 151 contrataciones por un compromiso total de $515,7 millones, de los que se pagaron $406,4 millones.
En 2024 fueron 141 contrataciones por $2.143 millones, con $1.187,8 millones pagados al cierre del ejercicio y $929,5 millones que quedaron en reserva.
En 2025 hubo 86 contrataciones por $1.766,4 millones, con $1.591,8 millones pagados.
En 2026, hasta el 29 de julio, se registran 39 contrataciones por $572 millones, íntegramente pagadas.
El total de los tres años y medio asciende a $4.997 millones.
El Anexo IV, con los concursos de precios suma 268 expedientes por $2.322 millones: 109 en 2023 por $326,2 millones; apenas 11 en 2024 por $19,7 millones; 84 en 2025 por $1.199,4 millones; y 64 en lo que va de 2026 por $776,8 millones.
La comparación entre ambos reportes arroja un dato que el Ministerio no comenta: en 2024 -primer año de la gestión Frigerio- los concursos de precios prácticamente desaparecieron, con 11 expedientes y menos de $20 millones; mientras las contrataciones directas por emergencia se multiplicaron por cuatro respecto del año anterior y superaron los $2.100 millones. Es decir, que la vía excepcional del Decreto 3627/17, concebida para reparaciones urgentes en escuelas, se convirtió ese año en el mecanismo casi excluyente de contratación de obras menores del Ministerio de Planeamiento. Recién en 2025 los concursos de precios volvieron a tener un volumen comparable al de las directas.
Los montos individuales crecieron en la misma proporción. En 2023 la contratación directa más alta rondaba los $8,3 millones, para refacciones en las Escuelas Nº 16 “Comandante Pedro Reynoso”, de Estación Lazo, y otra del Departamento Gualeguay. En 2024 la mayor fue de $62 millones, por reparaciones de cubierta en la Escuela Nº 99 de San Salvador, seguida por $42,7 millones para un relevamiento e informe de daños producidos por el temporal en el Departamento Diamante. En 2025 y 2026 las contrataciones directas más grandes oscilan entre $35 y $47 millones cada una, siempre para arreglos de techos, sanitarios, instalaciones eléctricas y de gas en escuelas de toda la provincia. Entre los concursos de precios de 2026 aparecen también obras que no son escolares: el acondicionamiento de la nueva sede de la Zonal de Arquitectura y Construcciones en Rosario del Tala, por $41,7 millones, y otro expediente por $40,8 millones para la misma dependencia.
Ninguno de los dos reportes identifica a las empresas adjudicatarias. Para saber quién cobró cada uno de los 685 expedientes hay que buscarlos -uno por uno- en el sistema de Consulta de Expedientes y luego la resolución correspondiente en el sistema de Consulta de Normas. El Ministerio de Planeamiento aclara que “la modalidad de contratación consignada en los reportes responde al encuadre previsto por la normativa vigente y a los montos máximos establecidos para cada ejercicio presupuestario”.
La deuda con las constructoras y la renuncia a los juicios
El punto sobre certificados de obra y deuda con contratistas es el que recibe la respuesta más extensa y, al mismo tiempo, la que más deja afuera. El Ministerio afirma que “no existe un registro público que refleje diariamente el estado de los certificados y pagos correspondientes a la totalidad de las obras” y que, “luego de regularizada la deuda acumulada, los certificados de las obras financiadas con recursos del Tesoro Provincial se abonan, con carácter general, antes de su vencimiento”. Para el historial de pagos de una obra determinada, se deriva el pedido a la Tesorería General de la Provincia.
Sobre la deuda heredada, la respuesta a ANÁLISIS explica que “a mediados de junio de 2024, con el objeto de regularizar la deuda correspondiente a certificados de obra emitidos durante el año 2023, la Provincia implementó, mediante los Decretos 1577/24 MHF y 1578/24 MPIyS, una operatoria de asistencia financiera y reconocimiento de deuda que permitió cancelar obligaciones pendientes con los contratistas”, en cuyo marco “se suscribieron veintiséis Convenios de Reconocimiento de Deuda”, ratificados por otras tantas resoluciones ministeriales cuyos números enumera, de la 1507/24 a la 2011/24. Esos decretos, las resoluciones y sus anexos integran el Anexo V, un escaneo de 398 páginas.
La lectura del Anexo V muestra un cuadro algo distinto del que describe la nota de respuesta a ANÁLISIS. Los convenios que ratifican las resoluciones no fueron firmados en junio de 2024 sino entre el 26 de febrero y mediados de marzo de ese año, y no se enmarcan en los Decretos 1577/24 y 1578/24 sino en el Decreto 344/24 MPIyS, del 22 de febrero de 2024, que facultó al entonces ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos, Darío Schneider, a suscribir “Convenios de Pago de mutuo acuerdo con los contratistas” para cancelar “la deuda por certificados básicos y redeterminados, exigibles, no cedidos y con orden de pago autorizada al 31 de diciembre de 2023”.
Los considerandos de las resoluciones consignan que el Poder Ejecutivo “ha mantenido reuniones con la Delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción” y que la deuda “compromete la disponibilidad financiera de las distintas obras a cargo del Tesoro Provincial”.
Cada convenio tiene la misma estructura. En la cláusula primera, la Provincia reconoce la suma adeudada al 31 de diciembre de 2023 por certificados “reclamados administrativa o judicialmente” y se compromete a pagar los intereses moratorios devengados hasta la fecha de la firma, “con renuncia a intereses devengados a partir de la fecha de celebración del convenio”.
En la cláusula segunda, la contratista declara bajo juramento que los certificados no fueron cedidos a terceros y se compromete a desistir de los reclamos administrativos y las acciones judiciales en curso, manteniendo indemne al Estado provincial.
La cláusula cuarta fija la forma de pago: en algunos casos un pago único dentro de los siete días hábiles de aprobado el convenio, en otros un primer pago parcial y luego dos o tres cuotas mensuales, los días 20 de cada mes.
Del escaneo se pueden identificar 23 convenios con sus montos. Las deudas reconocidas al 31 de diciembre de 2023 fueron las siguientes:
-Norvial Arg S.A., $444,3 millones;
-CEMYC S.R.L., $352,3 millones;
-Luis Losi S.A., $315,5 millones, en un convenio suscripto por la Dirección Provincial de Vialidad y luego corregido mediante una adenda del 19 de marzo de 2024 porque el anexo original había consignado por error un monto menor;
-Mecall S.R.L., $278,5 millones;
-Dos Arroyos S.A., $211,6 millones;
-Traza S.A., $189,9 millones;
-Pitón José Eleuterio, $183,5 millones;
-V.E.R.C.O. S.A., $168,7 millones;
-Del Litoral Obras, Servicios y Montajes S.A., $130,8 millones;
-JCB Construcciones S.A., $114,1 millones;
-Antolín Fernández S.A., $109,4 millones;
-Incar S.A., $104,9 millones;
-Gasoducto del Noreste UT, $97,5 millones;
-Daniel Barón S.A., $95,7 millones;
-Edico S.R.L., $88,5 millones;
-MC Construcciones S.R.L., $74,4 millones;
-Lemiro Pablo Pietroboni S.A., $64,2 millones;
-Piacenza Nelson Augusto, $62 millones;
-Gette José Antonio, $50,1 millones;
-Cimbra Constructora S.A., $49,8 millones;
-Calaco Construcciones S.R.L., $43,2 millones;
-Eco Ingeniería S.R.L., $39,3 millones;
-y Cocco Construcciones S.R.L., $1,1 millones.
La suma de esos 23 convenios es de $3.269 millones, sin contar los intereses moratorios, que cada organismo debía liquidar por separado. Los tres convenios restantes, hasta completar los 26 que menciona la nota, no pudieron individualizarse con precisión por la calidad del escaneo.
Los Decretos 1577/24 y 1578/24, dictados el 24 de junio de 2024, corresponden a una operatoria posterior y de otra naturaleza. Aprobaron un acuerdo marco entre la Provincia y el Nuevo Banco de Entre Ríos SA denominado “Asistencia financiera a contratistas del estado provincial, con certificados de obra adeudados y subsidio de tasa de interés a cargo de la Provincia de Entre Ríos”.
El mecanismo consistió en una línea de crédito de $15.000 millones que el banco puso a disposición de las contratistas con certificados emitidos e impagos, quienes tomaban préstamos con esos certificados en garantía. La Provincia asumió el pago del 95 por ciento de la tasa de interés y el banco bonificó el 5 por ciento restante. La tasa fija era del 43 por ciento nominal anual para las MiPyMEs y del 46 por ciento para el resto, con una alternativa variable de BADCOR más 8 puntos. El decreto del Ministerio de Hacienda amplió el presupuesto en $2.550 millones para afrontar el subsidio de tasa, calculado sobre “un promedio de la suma de los montos de intereses a aplicar”. La línea tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar el cupo.
En síntesis: primero, en febrero y marzo, la Provincia reconoció la deuda y consiguió que las empresas desistieran de los juicios; después, en junio, en lugar de pagar con fondos propios, las mandó a endeudarse con el banco y se hizo cargo de los intereses.
La nota agrega que “este mecanismo comenzó a aplicarse a las obligaciones correspondientes a obras con financiamiento nacional” que pasaron a la órbita provincial en virtud de los convenios de traspaso, y que “a la fecha se suscribieron tres convenios, ratificados mediante las Resoluciones 237/26 MPI, 948/26 MPI y 1498/26 MPI, encontrándose en trámite nuevas operatorias destinadas a continuar con dicho proceso de regularización”. Esas tres resoluciones de 2026 no fueron adjuntadas; el Ministerio remite al sistema de Consulta de Normas.
Las obras nacionales: continuidad, traspaso o rescisión
Sobre las obras con financiamiento nacional interrumpido, la respuesta reconstruye la secuencia administrativa sin dar el listado. El 4 de junio de 2024 la Provincia firmó con la Secretaría de Obras Públicas de la Nación un Acuerdo Marco de Colaboración, ratificado por el Decreto 3608/24 MPIyS, que fijó los lineamientos para determinar qué obras continuaría financiando o ejecutando el Estado Nacional, cuáles asumiría la Provincia y cuáles podían transferirse a los municipios.
Los acuerdos específicos de traspaso, continuidad, rescisión y regularización se aprobaron por los Decretos 2743/25, 3066/25 y 3067/25, y los mecanismos de asistencia financiera y reconocimiento de deuda para cancelar los certificados adeudados de esas obras, por los Decretos 2813/25 y 3068/25. “Los anexos de los citados actos administrativos contienen la individualización de las obras alcanzadas y las condiciones particulares establecidas para cada una de ellas”, dice la nota, y remite nuevamente al sistema de Consulta de Normas. Es decir, que la lista de obras nacionales traspasadas, rescindidas o continuadas existe, está en los anexos de cinco decretos identificados con número, pero no fue acompañada.
Lo que no respondieron
Cuatro de los ocho puntos del pedido realizado por ANÁLISIS no tuvieron respuesta documental. Sobre las licitaciones públicas y privadas de 2023 a 2026, el Ministerio no entregó ningún listado: informó que las obras licitadas están publicadas en el portal de licitaciones del Ministerio, que el decreto o resolución que aprueba cada llamado consigna el número de expediente, que con ese número se puede seguir el trámite en el sistema de Consulta de Expedientes y que el número de la norma de adjudicación permite acceder a su texto en el sistema de Consulta de Normas. “Mediante la utilización conjunta de los tres portales oficiales, cualquier ciudadano puede acceder a la información integral de cada procedimiento licitatorio”, concluye. Si algún decreto o resolución no estuviera disponible, “se solicita al requirente que lo individualice”, ya que el sistema “se encuentra en permanente actualización”.
Sobre las compras y contrataciones de bienes y servicios, la respuesta es que la información “no se encuentra sistematizada en un reporte único”, que cada contratación se tramita por expediente y se registra en el SIAF “sin que dicho sistema genere un informe consolidado con las características solicitadas”. Para obtener información sobre una compra determinada, “deberá individualizarse el objeto, proveedor, período o expediente administrativo correspondiente”. Cabe señalar que el mismo SIAF sí generó, para este pedido, los reportes consolidados de contrataciones directas y concursos de precios que integran los Anexos III y IV.
Sobre las redeterminaciones de precios, el Ministerio sostiene que “constituyen actuaciones propias de la ejecución de cada contrato de obra pública”, que no están sistematizadas y que hay que verificarlas “en el historial de cada obra tramitada mediante Licitación Pública o Licitación Privada”. Aquí también pide que el requirente individualice la obra. A cambio, dedica seis párrafos a describir el nuevo Régimen de Redeterminación de Precios implementado el 9 de agosto de 2024 por los Decretos 2155/24 y 3480/24, “en clara concordancia con los lineamientos del Decreto Nacional 490/2023”, que establece la adecuación provisoria mensual y automática de los certificados y la tramitación de oficio de las redeterminaciones definitivas, y que según el Ministerio “constituyó un avance significativo en materia de transparencia, eficiencia y previsibilidad”.
Sobre el ranking de contratistas, la respuesta es directa: “Esta jurisdicción no cuenta con un ranking oficial de contratistas”. Remite al Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos y al listado de empresas registradas para obras menores, disponibles en el portal del Ministerio, y a las resoluciones de adjudicación que identifican a cada empresa.
La nota de respuesta a ANÁLISIS se cierra con dos anuncios de modernización que el Ministerio presenta como avances en materia de acceso a la información: la emisión de resoluciones ministeriales en formato digital con firma digital desde el 5 de agosto de 2025, y la implementación del GDE desde el 1º de agosto de 2026. Ambas son, efectivamente, mejoras. Pero ninguna de las dos resuelve el problema de fondo que atraviesa la respuesta: la Provincia tiene la información sobre licitaciones, compras, redeterminaciones y pagos, la tiene en sistemas oficiales identificados por su nombre, y aun así considera que reunirla en un listado constituye “información de producción” que no está obligada a elaborar. Las leyes de acceso, la provincial y la nacional, prevén que la información se entregue en el estado en que se encuentre y eximen al organismo de producir información nueva; pero un listado de licitaciones no es información nueva, es la simple extracción de datos que ya están cargados. Lo que la respuesta del Ministerio no explica es por qué el mismo sistema que produce un reporte de contrataciones directas no puede producir uno de licitaciones.
