(Lucía Ortega Economista UBA. Coeditora de la sección de Economía de La Izquierda Diario)
Alejado de la realidad de millones, el vocero Adrián Ravier sostuvo que quienes no pueden pagar es porque no saben usar correctamente su tarjeta de crédito. Planteó que "las tasas de interés están bajando" cuando más que duplican la inflación y triplican las tasas de los depósitos de los bancos. La responsabilidad es de los bancos, las billeteras virtuales y el ajuste del gobierno que sepultó los ingresos.
Siguiendo las declaraciones que realizó hace algunas semanas el ministro de Economía, Luis Caputo, el vocero presidencial que asumió en medio del escándalo de Adorni, Adrián Ravier, fue por más y aseguró que las familias se exponen a riesgos por no saber cuál es el límite al que los ingresos les permiten acceder a crédito.
"Uno agarra la tarjeta, la lleva al límite y al otro mes se encuentra apretado. Tenemos que volver a aprender cuál es el límite al que nuestros ingresos nos permiten acceder", planteó el vocero presidencial este martes en conferencia de prensa.
Busca desligar de toda responsabilidad a los verdaderos causantes de la situación desesperante que viven miles de familias para llegar a fin de mes: los bancos y fintech que cobran elevadísimas tasas de interés, y el propio gobierno que ha implementado un ajuste brutal a base de motosierra, destrucción de empleos y licuación salarial. Además, el panorama que presenta es totalmente el contrario, el de una economía que va por buen camino: "Cuando una economía recupera el crédito es normal que aparezca la morosidad", dijo.
"Esta Argentina que recupera el crédito inicia un proceso de aprendizaje crediticio al que nos tenemos que adaptar", dijo. “El banco debe ver a quién le otorga el crédito” y las personas “deben saber hasta dónde puede tomar crédito”.
La inversión de la prueba de las responsabilidades desde el Estado y los bancos hacia las familias y sujetos individuales, devela en realidad su lógica de casta. Caputo y Ravier analizan la realidad desde su propia lógica de especuladores financieros, asumiendo erróneamente que todas las personas actúan con la misma intención de "hacer dinero del dinero", como señalaba la economista feminista Corina Rodriguez-Enriquez en una entrevista a este medio.
Quienes sí trabajan de hacer dinero del dinero son los bancos, que ante el creciente riesgo de impago han trasladado los costos a quienes, cada vez más, necesitan tomar prestado para afrontar gastos corrientes. Así, las tasas de interés para préstamos personales (tasa pasiva) alcanzan casi el 70% anual (sin considerar el costo financiero ni IVA), por lo que no sólo se encuentran encarecidas en términos reales ya que duplican la inflación, sino que triplican lo que los bancos mismos pagan de tasa por los depósitos del público (tasa activa). Mucho más altas aún son los costos de tomar prestado de billeteras virtuales, que llegan a superar el 200% anual.
De acuerdo a datos del Banco Central, la morosidad de las familias supera el 12 % y acumula 19 meses consecutivos en alza. Un año atrás fue del 3,7% y en noviembre de 2023 llegaba a 2,7% la irregularidad. En un año y medio se multiplicó por más de 4 veces. La irregularidad de los préstamos personales alcanzó un récord de 14,7% en abril, cuando el promedio desde el año 2010 fue de 4,3%. Así también, las tarjetas de crédito mostraron un ratio de morosidad del 12,5%. En el caso de las fintech, la morosidad en billeteras virtuales superó el 30%.
De acuerdo a datos del Banco Central, la cantidad de personas en situación de morosidad alcanzó en mayo a los 5.825.163 deudores morosos.
Frente a una dimensión exacerbada del asunto el gobierno debiera hacerse al menos una pregunta. Pero no. Su explicación sigue siendo la de una mala toma de decisiones individuales, como si su política económica no tuviese consecuencias. Desde este punto de vista, casi 6 millones de deudores debiera tratarse de un fenómeno totalmente atípico de acelerado cambio en las preferencias individuales hacia una propensión al riesgo de millones de personas que leyeron señales equivocadas en la economía como nunca ocurrió en la historia.
Por el contrario, el sobreendeudamiento para gastos de consumo de las familias trabajadoras es una de las caras más visibles del brutal ajuste llevado adelante por el gobierno de Javier Milei, que profundiza las ya deterioradas condiciones de vida, arrastradas desde administraciones anteriores. La aplicación del programa económico del Fondo Monetario Internacional, que responde a los intereses del gran capital y del capital financiero internacional, lleva a situaciones insostenibles de carestía de vida debido a la pérdida de poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y prestaciones sociales, la precarización laboral, los problemas de empleo y el ajuste de servicios sociales.
En este contexto, los hogares han debido recurrir a distintos tipos de préstamos personales y financiamiento para sostener el acceso a bienes y servicios básicos para la vida, especialmente las familias más vulnerables y de menores ingresos, en muchos casos en condiciones usureras y abusivas por parte de las entidades prestamistas. Así también, la persistencia de la situación de crisis, ajuste y fragilidad social han agudizado las necesidades de financiamiento y aumentado la incapacidad de pago de las deudas contraídas por las familias.
Desde noviembre de 2023 a abril de 2026, los salarios del sector privado formal acumulan una pérdida del 3,5% real. El salario del total de los asalariados registrados cayó 8,4% y los salarios del sector público se desplomaron 17,1% en el mismo período. Con estos datos, desde el Centro de datos de Economía de LID (CELID) calcularon que en lo que va de la gestión del gobierno de Milei, cada trabajador perdió en forma acumulada el equivalente a 2,33 sueldos. Claro está que se trata de promedios, en el caso de los salarios públicos esta pérdida es mayor y alcanza a 4,8 sueldos, e incluso es aún más grave para los empleados de la Administración Pública Nacional o docentes universitarios e investigadores científicos.
