“No estamos dispuestos a soportar más esfuerzo”, lanzó la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) ante los trascendidos sobre “un nuevo, injustificado e importante recorte de horas extras, principalmente en los ministerios y algunos organismos de la Administración Pública entrerriana”. Al respecto, el gremio reclamó a la Provincia “una urgente aclaración” y advirtió que “los trabajadores no aguantan perder más poder adquisitivo”.
“Nos han contactado trabajadores de varios ministerios debido a los fuertes trascendidos respecto a un nuevo, importante e indiscriminado recorte de horas extras. Ante esto nos preguntamos: Milei ¿llegó a Entre Ríos?”, expresó la secretaria gremial de UPCN, Cristina Melgarejo.
La dirigente aclaró que hasta el momento el sindicato “no ha logrado confirmar que exista una directiva oficial en este sentido, por lo cual exige respuestas”.
A mediados de 2025 el patio central de Casa de Gobierno fue escenario de ruidosas protestas de trabajadores de la Administración, molestos por el recorte de horas extra que entonces rondó el 20%.
“La falta de actualización salarial afecta a todos los trabajadores. Algunos sectores se ven más perjudicados frente a la posibilidad de un nuevo recorte de ingresos en un concepto, que son las horas extras, que ya consideran parte de sus salarios”, explicó.
Melgarejo dijo que “esta incertidumbre genera malestar e impotencia, sobre todo en organismos que han trabajado intensamente durante enero para cerrar el 2025, como es el caso de los contables, o bien para cumplir con las recategorizaciones, como sucedió en Recursos Humanos”.
“Esta situación amerita una urgente aclaración y que conozcamos de primera mano cuál es el plan que está pensando el gobierno para mantener el poder adquisitivo de los compañeros, que viene deteriorándose sucesivamente. Conocemos la realidad y la crisis que atraviesa el país, pero no vamos a permitir que se siga retrocediendo en perjuicio de los trabajadores”, subrayó.
La secretaria gremial de UPCN se preguntó “cuáles son las variables para mantener el equilibrio fiscal o para que den las cuentas” y al respecto remarcó: “Queremos saber los esfuerzos de todos los sectores”.
“Se habla tanto de transparencia y de eficacia en la administración pública, pero que no se equivoquen: eso no lo garantizan los funcionarios con un discurso político. Se logra con la tarea cotidiana que requiere la presencia y disposición de los trabajadores”, resaltó Melgarejo.
“Aunque estamos pendientes de la paritaria, ante la problemática de las horas extras necesitamos una pronta reunión para discutir qué pasa y cómo sigue este tema», señaló y reprochó que “con estas decisiones unilaterales el gobierno apura la conflictividad”.
“Desde UPCN planteamos, como gesto urgente, que el gobierno nos convoque para tener la información correcta y transmitirla seria y responsablemente a los trabajadores. Y, por supuesto, determinemos conjuntamente con los compañeros la posición que vamos a tomar”, apuntó la dirigente sindical.
Luego manifestó: “En caso de que se confirme un recorte de horas extras, la pregunta es si será transitorio o permanente. Y, en este último caso, qué compensaciones tendría previstas el gobierno”.
“En medio de una crisis que es evidente, entendemos que cualquier quita de ingresos es un tema muy sensible en el que no podemos permanecer indiferentes”, remarcó.
“Esperemos que la pregunta sobre si Milei llegó a Entre Ríos, sea solo una confusión administrativa”, finalizó Melgarejo.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora
UPCN cruzó a los empresarios por un informe sobre empleo
“Que los empresarios se concentren en generar trabajo privado digno en lugar de señalar a quienes garantizamos derechos”, reclamó.
Se refirió así a un dossier del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) del Consejo de Empresarios de Entre Ríos (CEER), que elaboró un informe que analiza las principales variables del mercado laboral en la provincia, específicamente en el empleo privado registrado y el empleo público, a partir de datos a septiembre de 2025.
Allí indican que en septiembre de 2025, el registro de empleados asalariados privados registrados en Entre Ríos fue de 136.575, lo que representó una disminución interanual del 0,3%, equivalente a 436 trabajadores menos respecto al mismo mes del año anterior.
Por su parte, se alcanzaron los 90.397 empleados públicos provinciales, manteniéndose prácticamente estable, con una variación interanual también negativa del 0,3%, es decir, 314 agentes menos que en septiembre de 2024. En tanto, el número de jubilados y pensionados ascendió a 65.807 beneficiarios, un 2,8% más que el año previo, reflejando una leve expansión del conjunto de personas que dependen del Estado provincial, indica el informe.
“La reforma laboral no empieza en el Congreso. Empieza en los informes que estigmatizan a los trabajadores”, criticó Domínguez en referencia al documento del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), que pone énfasis en la cantidad de trabajadores estatales entrerrianos, tanto activos como pasivos, y en el gasto en personal.
“¿Por qué el Consejo Empresario de Entre Ríos habla siempre del empleo público y no de su responsabilidad en la generación de empleo privado digno?”, apuntó la dirigente gremial. Y añadió: “¿Qué están buscando cuando ponen al trabajador estatal en el centro del problema? ¿A quién beneficia instalar que el Estado sobra y los derechos molestan?”.
También reprochó la afirmación que aparece en el documento, respecto a que los niveles de desempleo en Entre Ríos son inferiores al promedio nacional “en parte debido a la elevada participación del empleo público”.
“Cuando dicen que el empleo público ‘mantiene estable’ la desocupación, lo que hacen es señalar a quienes garantizamos derechos, como si fuéramos una carga y no una necesidad social”, expresó en ese sentido.
“Estos discursos no son casuales. Son el prólogo de la reforma laboral: flexibilización, precarización y pérdida de derechos”, advirtió además la dirigente.
Además, revalorizó el rol de los estatales: “Los empleados públicos no sostenemos números: sostenemos escuelas, hospitales, políticas sociales y presencia del Estado en cada rincón de Entre Ríos”.
“No vamos a aceptar que nos usen como chivo expiatorio. Defender al empleo público es defender a los entrerrianos”, subrayó por último.
