El Gobierno cierra Vialidad en medio de la privatización de las rutas. Creó una Agencia de Control del Transporte y Concesiones Viales. La construcción y el manejo de rutas se repartirá entre diferentes áreas. Unos 5.000 empleados pasan a “libre disponibilidad”.
Crea una agencia de control del transporte y concesiones viales. Y reparte la construcción y el manejo de las rutas entre diferentes áreas. Vialidad hoy administra una red de 40 mil kilómetros compuesta por 118 rutas nacionales. El Gobierno dijo que es un organismo sobredimensionado, con gastos innecesarios. Los 5.184 empleados pasan a libre disponibilidad. Y se van a licitar 9.120 km de rutas.
Un día antes de que finalizara el uso de las facultades delegadas que el Congreso le otorgó al Poder Ejecutivo, el Gobierno anunció una fuerte reestructuración del sistema de transporte terrestre y la gestión de las rutas mediante la disolución de tres organismos estatales, incluyendo la Dirección Nacional de Vialidad, y la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
La medida, que será publicada hoy en el Boletín Oficial, fue anunciada en Casa Rosada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. “El presidente Javier Milei ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, dijo Adorni, y afirmó: “La corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada”.
Sturzenegger aseguró que no extenderán el uso de las facultades delegadas que vencen hoy. “Cristina Kirchner operó durante toda su presidencia con facultades delegadas. Es decir, que para ellos era una forma de gobierno...No vamos a buscar prorrogar como hacía el kirchnerismo, porque tuvimos un año, teníamos un plan, había que hacer algo y lo hicimos”, afirmó el funcionario, mientras los trabajadores de Vialidad realizaban una protesta frente al organismo.
Según el Gobierno, los organismos disueltos, dependientes de la secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, presentaban superposición de funciones y competencias, además de estructuras “sobredimensionadas” y gastos “innecesarios”. Ahora, las autoridades apuntan a eliminar la duplicación de funciones y las “cajas de la política”, avanzar en la transferencia de competencias a las provincias y municipios, y la tercerización de la obra pública en privados. Las funciones de Vialidad, que administra una red de más de 40.000 km compuesta por 118 rutas nacionales, serán distribuidas: el Ministerio de Economía se encargará del estudio, construcción, conservación, mejoramiento y modificaciones del sistema troncal de caminos nacionales y de sus obras complementarias; la nueva agencia de control, del planeamiento, ejecución, fiscalización y control de las concesiones en la red federal; y un nuevo Consejo Vial Federal, de la coordinación de obras viales con las provincias.
Según la secretaría de Transporte, Vialidad tiene 5.184 agentes, de los cuales 1.091 se encuentran en Casa Central y 4.053 agentes en los 24 distritos viales. De estos últimos, el 67% cumple funciones administrativas, técnicas o jerárquicas, y el 33% realiza tareas operativas en territorio, lo que supuestamente evidencia su sobredimensionamiento administrativo. Desde Transporte informaron a Clarín que los empleados pasarán a “libre disponibilidad”, pero que “se necesitará personal para seguir cumpliendo las funciones”.
En medio del recorte de la obra pública, el Gobierno anunció en febrero pasado la privatización de más de 9.000 kilómetros de autopistas y rutas. Y en junio formalizó la licitación de un paquete inicial de 741 kilómetros para concesionar sin subsidios públicos, un esquema que viene demorado por la falta de interés de los privados.
“El Gobierno dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de ruta que, tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes en la historia”, ratificó este lunes Adorni.
La nueva Agencia absorberá funciones de la exCNRT, entre ellas la aplicación de sanciones y promoción de acciones civiles o penales en caso de incumplimientos.