Una versión indica que el Gobierno tiene los votos en el Senado para aprobar el proyecto de creación de la nueva obra social
La discusión sobre el futuro de la obra social de la provincia- en rigor el reemplazo del Iosper por la OSER- se desliza por dos niveles narrativos. Por un lado los supuestos casos de corrupción, de los que sólo hay informes remitidos del Tribunal de Cuentas al Ministerio Público Fiscal. No hay denuncias penales. Por otro lado, la oposición con anclaje en el arco gremial advirtiendo la entrega lisa y llana del organismo que quedaría en manos del Ejecutivo. La reformulación del directorio reemplaza al monopolio sindical por un esquema de cuatro integrantes de los cuales dos, presidente (con voto doble) y vicepresidente, designa el Gobierno. Quedan Agmer y UPCN, este último un aliado de Rogelio Frigerio.
El debate sobre la obra social transita días de zozobra, con afiliados sin poder hacerse de la medicación. En el Ejecutivo dieron una explicación: el cambio de un sistema de notificaciones con sede en Buenos Aires. Aseguran que en los próximos días se irá regularizando. Se verá.
Sobre el Senado, la única plataforma en la que el peronismo tiene la herramienta de obstrucción o capacidad de negociación, se posan todas las miradas. El plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Presupuesto recibirá este martes a la Federación de Médicos de Entre Ríos (Femer) y una asociación civil en defensa de los afiliados.
Este miércoles, día en que se producirá el paro y la movilización anunciado por la Intersindical, se presentará en el plenario al Asociación de Clínicas de Entre Ríos (Acler), el Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos (Cofaer) y la Asociación de Proveedores de Ortopedias, Cirugías e Insumos de Entre Ríos (Apocier).
El tema de los proveedores es interesante. Se trata de un sector crucial en la discusión. Fue al que la Intervención apuntó por incrementos exorbitantes, por caso en prótesis. Lo mismo las farmacias. En ninguno de los dos casos se conocen denuncias penales, que forman parte de las obligaciones de un funcionario público: denunciar si sospecha de la comisión de un delito. Lo que sí hubo fue acuerdos por deudas con quitas del 50 por ciento. Un adolecente diría rari.
El Gobierno tiene 20 días para aprobar la ley o prorrogar la intervención. En la Cámara de Diputados tiene mayoría. Pero en el Senado necesita un voto para imponerse. Una versión que asomó hace unas semanas y ya se repite en los campamentos oficialistas y opositores por estas horas es que Frigerio cuenta con dos votos provenientes del norte: Nancy Miranda (Federal) y Gladys Domínguez.
Mientras tanto, se esperan retoques a la ley del Ejecutivo, que impondrá UPCN.