El informe de prensa sobre la situación observada, consigna, textualmente: "TE ESTÁN BUSCANDO… MÉDICO AUDITOR
Los trabajadores de la Educación, constantemente hemos reclamado a los distintos Gobiernos la implementación de medicina laboral, reconociendo la existencia de enfermedades profesionales.
Sin embargo, las políticas solo han implementado mecanismos de control que en muchos casos se remitía a la verificación de la documentación clínica correspondiente mediante la convocatoria a Junta Médica.
Fue el Gobierno anterior que, mediante Decreto 426/19 Resolución N° 1590/19 CGE…. que en convenio Área Educación-Área de Salud, designare un “Médico Auditor” a disposición diariamente y en cada Departamento, que llevaba adelante la tarea de verificación y autorización correspondiente de la licencia solicitada lo cual, lógicamente no cumplía con la demanda de fondo que era cuidar y/o prevenir la enfermedad, pero al menos agilizaba la tramitación desde los administrativo.
Sin embargo, el actual Gobierno en su política de control arbitrario, persecución, y ajuste, refiere aquella normativa vigente (decreto y resolución), pero la desarticula absolutamente para su manejo y, lo que es peor, hace un corrimiento de acción y responsabilidad del sector Educación (CGE), justamente el área implicada y afectada a partir de la salud de sus trabajadores.
Así planteadas las cosas, ya no existe un médico auditor por Departamento sino (como en el caso de Federal), comparte con otros cuatro teniendo el médico auditor sede en La Paz.
Y quizá esto podría pasar desapercibido si no fuere por toda la problemática desatada a partir de esta implementación y sus consecuencias en cada escuela.
Así, los directivos fueran anoticiados de esto para el ciclo lectivo 2025 con cuestiones tales como que el médico/médica se iba a tomar todo el tiempo necesario para resolver la auditoría, que haría uso de su facultad para autorizar o no la cantidad de días solicitados, control de matrícula del médico que extendía el certificado e, incluso, prolongar la definición ampliando la presentación de otros estudios clínicos.
Todo esto de manera digital, es decir por correo o por sistema SAGE. Y para colmo, esa demorada tarea “de simple contralor” la lleva adelante una secretaria, con lo que su labor médica se reduce a dar el visto bueno, o no, cuando lo desea.
Así, solo por dar un ejemplo, una docente con diagnóstico oncológico, pasados más de tres días sin aprobar su licencia y por lo tanto sus alumnos sin maestra por la imposibilidad de nombrar suplente, prácticamente fue obligada a presentarse a trabajar (con semejante diagnóstico), bajo la amenaza de correr en inasistencias injustificadas.
Y como este, muchos casos de diagnósticos que no son aprobados en tiempo y forma y ha provocado varios grados de alumnos sin maestros por el solo hecho del poder de contralor arbitrario.
Ni hablar del desconocimiento de la normativa de licencias vigentes para los docentes, intentando obligar a algunos casos a que fraccionen licencias que no son fraccionables como el caso de familiar enfermo.
Y como si fuera poco, el señor Sebastián Benedetti (gerente de todos los directores/as Departamentales de Escuelas), explícitamente les dice a sus subordinados que no pueden ni tienen que comunicarse con la/el médico auditor porque no es su competencia.
Dicho de otra manera, al ajuste le suman insensibilidad y total desconocimiento porque si un director Departamental debe constantemente “desconvocar” cargos para cubrir suplencias por el arbitrio de un médico auditor y, por lo tanto, que alumnos queden sin maestros y escuelas sin cargos, parece totalmente irracional esta forma de gestión donde Educación no puede ni debe interesarse por lo que pasa en Educación.
Ya no solo es imposible pensar para esta gestión de Gobierno en salud laboral, sino que deberíamos claramente preguntarnos si les interesa la Educación, los alumnos con maestros, y la vigencia de derechos laborales y sanitarios inalienables de los trabajadores.
María Alejandra Gómez, secretaria general AGMER FEDERAL".