El expediente fue guardado “bajo siete llaves” y no fue hasta que la situación salió a la luz pública gracias a la labor periodística que el fiscal decidió devolver el caso a Vialidad. Sin embargo, la devolución del expediente no estuvo acompañada de ninguna acción significativa. Ni el fiscal ni la administración de Vialidad se preocuparon por realizar investigaciones o iniciar acciones legales para esclarecer el presunto desvío de recursos públicos.
Un aspecto particularmente alarmante es el manejo de una reciente compra de asfalto en frío. De acuerdo con las fuentes consultadas, en la licitación participaron dos oferentes, pero el administrador de Vialidad, Ezequiel Donda, optó por adjudicar el contrato a la empresa que presentaba una propuesta 60 millones de pesos más cara que la otra, sin brindar ninguna justificación válida para esta elección. Este tipo de decisiones pone en evidencia una falta de transparencia y una gestión poco clara que debería ser analizada a fondo.
A lo que se suma otro factor de preocupación: el Tribunal de Cuentas de Lara, encargado de supervisar este tipo de actos administrativos, ha mostrado asombrosa desatención frente a estos casos. Según la denuncia, ninguna de estas actuaciones ha sido observada ni investigada por el organismo, lo que despierta serias dudas sobre su imparcialidad y eficacia en el control de los fondos públicos.
Por otro lado, el Administrador de Vialidad, al ser cuestionado sobre estos hechos, reaccionó removiendo al jefe de compras de la institución. No obstante, en su lugar, designó a la secretaria de la entidad, quien resulta ser prima de su esposa. Esta designación, además de ser un claro conflicto de interés, también refleja un patrón de manejo arbitrario de los recursos y falta de compromiso con la transparencia.
En este contexto, la administración de Vialidad y el fiscal Rodríguez Signes siguen sin asumir su responsabilidad en la investigación de los sobreprecios y las irregularidades que afectan directamente a los recursos públicos. La falta de denuncias, de acciones legales y de medidas correctivas ante estos hechos, junto con el manejo de cargos por intereses familiares, deja en evidencia una gestión que no sólo omite, sino que encubre posibles actos de corrupción.
Este caso, lejos de resolverse, continúa reflejando una preocupante falta de acción y control sobre los fondos públicos, lo que exige una revisión urgente y profunda por parte de las autoridades correspondientes.