Luego de la batalla de Caseros, febrero de 1852, le tocó justamente a la provincia de Entre Ríos con el vencedor de dicha batalla, Justo José de Urquiza erigir y organizar los 3 poderes nacionales, en “La Bajada”, hoy ciudad de Paraná. El Legislativo carecía de comodidades adecuadas, apenas unas pequeñas habitaciones o fondas conocidas para su alojamiento, muy pocos ingresos pues recién se comenzaba y es justo reconocer, Buenos Aires, la provincia rica, no pertenecía a la Confederación Argentina, pues se había separado, luego de continuos conflictos armados. En 1861 se logra su incorporación y el Congreso Nacional se instala en Buenos Aires. Los legisladores del interior realizaban grandes sacrificios, las dietas eran pobres, no eran diputados y senadores ricos pero tenían una gran vocación de servicio. Aquí comienza una época en nuestra historia, en que el Congreso Nacional y las Legislatura provinciales eran el recinto en que nuestros representantes debatían sus ideas y cada bloque partidario, con su estilo, trataban de llegar a las bases mínimas de entendimiento, como dándose la mano, pese a las diferencias, buscando lo mejor para el país. En nuestra Provincia, hubo legisladores para los cuales el honor de ser senador o diputado, valía mucho más que contar con dietas excesivamente cómodas y otras prebendas. Se percibía a la legislatura como uno de los ámbitos importantes de la democracia, en los que se trabajaba abiertamente con acceso a toda la información. La ciudadanía tenía cierta satisfacción con la labor que realizaba.
Aunque parezca paradójico, en ésta etapa de más de 4 décadas de democracia ininterrumpida y especialmente en los últimos años, el Congreso Nacional se convirtió en una de las instituciones con mayor desprestigio en la opinión pública, basado en el alto costo de su funcionamiento en relación a la cantidad de sesiones que realiza por año. Asimismo trascienden permanentemente la desproporcionada cantidad de asesores que nombra cada legislador, la resistencia a brindar información sobre sus tareas y sueldos y muy recientemente ha impactado en la ciudadanía, el intento de aumento obsceno de sus dietas y la forma vergonzante en que lo hicieron, en un contexto económico y social de extrema sensibilidad. En esa línea de aparente desconocimiento de la realidad, hace unos días la Cámara de Senadores de Entre Ríos ha adoptado una resolución que causa vergüenza y bochorno a los entrerrianos, dado que decidieron, en forma unánime, negar toda información referida a los asesores contratados, sus ingresos así como otros aspectos que hacen al destino de los fondos públicos que la ciudadanía entrerriana destina, a través del pago de los impuestos, para su funcionamiento.
En ese sentido vale la pena detenerse un minuto en la tramitación que terminó con la referida e insólita Resolución N° 30.182/24, para constatar que no se trata de un error o mala interpretación. Su aprobación se produjo sin debate, en muy pocos minutos y sin hacer referencia concreta al asunto, sólo citando el N° de expediente. Todo comienza en el mes de mayo pasado, con un pedido de informes de la ONG “Entre Ríos sin corrupción”, dirigido a ambas cámaras provinciales a efectos de conocer la nómina del personal permanente, contratados, sus ingresos y funciones. El Senado contesta, a criterio de la ONG, en forma insuficiente y Diputados no lo hace. La ONG recurre a la Justicia, obteniendo una sentencia favorable en 1° instancia. Las cámaras legislativas perdidosas, apelan ante el Superior Tribunal de Justicia, que vuelve a fallar a favor de la ONG, otorgando un plazo de 15 días para dar a conocer los datos requeridos. Luego, sucede lo que algunos llaman ya, una de las páginas más tristes de la legislatura entrerriana, al sancionar sobre tablas la resolución citada, justificándola con argumentos de una llamativa pobreza intelectual . Es así que, por ejemplo el senador Oliva, que preside el bloque mayoritario de la cámara alta provincial, adujo, entre otros argumentos que “hace falta un análisis pormenorizado del tema, el que no es posible debido a la falta del abogado del bloque del PJ” o “Esta tarde me reúno con abogados que trabajan conmigo, porque no sé ni cómo se hace porque es una cuestión jurídica”. La liviandad de las respuestas brindadas por las autoridades del Cuerpo ante la gravedad de lo ocurrido, son irresponsables y parecen una afrenta a los entrerrianos.
Me permito hacer hincapié en que el tiempo que llevó la tramitación es fundamental, pues muestra a las claras la resistencia que existe por parte de todos los artidos representados, a brindar la ínformación, que los entrerrianos tienen el derecho de conocer, además, las instancias que intervinieron, alejan toda sospecha de “persecución política”.
Otra cuestión fundamental, es que la información no reviste el carácter de reservada, tal cómo se quiso dar a entender en algún momento, al contrario, la sentencia del STJ lo aclara con muy oportuna jurisprudencia de nuestro ámbito provincial e incluso, con fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cabe recordar que en pocos días comienza el Juicio llamado de los contratos truchos, que significa el mayor desfalco producido al erario público mediante la celebración de contratos falsos cuyos fondos, una vez abonados, iban a los bolsillos de muy altos funcionarios de la Administración del ex gobernador Urribarri y cuyo ámbito principal de ocurrencia de los hechos que se juzgarán, es, justamente, la Legislatura entrerriana. Daría la sensación que los contratos truchos y el ocultamiento de los contratos de los asesores actuales de la legislatura entrerriana, son lo mismo.
Como excepción a éste fárrago de tristes noticias, conviene destacar que, de acuerdo a declaraciones del actual secretario Legal y Técnico del Gobierno provincial, Esteban Vitor, nuestro gobernador está en contra de la resolución adoptada por la Cámara de Senadores. Creo que todavía se les debe a los entrerrianos una contundente condena por parte del gobernador, de manera de contribuir aún más a lograr esa mayor transparencia, en la que está embarcado su gobierno.
Estas prácticas oscuras de la política deben ser desterradas pero acompañadas de las sanciones que correspondan. No podemos permitirnos que legisladores que cobran millones de pesos mensuales no rindan cuenta de su gestión a los jubilados que aportaron toda su vida y que hoy perciben sólo 245.000 pesos mensuales o al 50% de pobres que padecemos en nuestro país. Para que quede claro, la rendición de cuentas del representante del pueblo, que goza de múltiples ventajas y una muy holgada situación económica, merced a la contribución que realiza la ciudadanía, es la actitud republicana por excelencia. Si así no se hiciere, deben afrontar sus responsabilidades y la dirigencia que calla o mirar para otro lado, comete lisa y llanamente, complicidad y cobardía.