El objetivo de ese proyecto “es detener la aplicación de la resolución unánime del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para que la Legislatura dé a conocer la integración de las plantas permanentes, todos los contratados y los subsidios otorgados”, dijeron fuentes de esa ONG.
Se trata de otro cercenamiento al acceso a la información pública, luego de que el presidente Javier Milei limitara la ley nacional de ese tema.
Por investigar esos contratos truchos y al ex gobernador K Sergio Urribarri fue destituida en un jury la ex fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, quien tiene pendiente una queja en la Corte Suprema de Justicia por su caso. A mediados de año, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que la destitución de la fiscal Goyeneche en Entre Ríos fue “una grave violación al debido proceso” que garantiza la Constitución Nacional.
Ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá decidir si acepta el dictamen de Casal para que se anule la destitución de la fiscal que inició la causa por la cual el ex gobernador K de esa provincia Sergio Urribarri fue condenado a 8 años de cárcel. Entre los hechos cuestionados a Urribarri, se dio por probado un esquema de retornos en cada operación financiada por el Estado provincial.
Durante la sesión de ayer, el senador por el departamento Uruguay, Martín Oliva (PJ), pidió el ingreso del texto que no estaba previsto. Fue votado por unanimidad. De inmediato, Oliva solicitó su tratamiento sobre tablas. También fue aprobado por unanimidad. Y, posteriormente, requirió la aprobación del proyecto de resolución, sin decir una sola palabra acerca de su contenido, informó la revista Análisis de Daniel Enz.
Esa resolución del Senado puede llegar a plantear un conflicto de poderes. Si la Legislatura no brinda la información requerida por la ONG, la vicegobernadora estaría ante una desobediencia judicial. Hay antecedentes de situaciones comparables en Entre Ríos.
El pedido de la ONG tiene que ver con reconstruir un mecanismo desde los últimos años hasta la actualidad, aplicado de manera constante en las dos cámaras legislativas, busca desnudar una forma oscura del mecanismo desarrollado por la Legislatura provincial.