El proyecto declara a la educación como un derecho esencial. Establece que en el caso de huelga, los colegios deberán disponer de una guardia mínima. Los gremios docentes ya lo rechazaron y no descartan un paro.
Diputados debatirá un proyecto que obliga a que las escuelas, en días de paro, estén abiertas con una guardia mínima, como ocurre con otras actividades esenciales como la atención de la salud. Los sindicatos del sector rechazan la iniciativa, marcharán al Congreso y anticipan que puede haber medidas de fuerza.
El Congreso empezará a debatir hoy (14/8/2024) un proyecto de ley que puede terminar con una de las principales preocupaciones educativas que atravesaron a las familias argentinas en las últimas décadas: los paros que interrumpen las clases.
El proyecto busca declarar a la educación como un “servicio estratégico esencial”, lo que obligará a que, en días de paro -tanto docente como no docente-, las escuelas estén abiertas con una guardia mínima.
La ley establece que en los primeros dos días de paro, el 30% del personal del colegio deberá estar en su puesto garantizando las clases. A partir del tercer día consecutivo, el 50%. De este modo, la huelga podrá hacerse, pero bajo esas condiciones.
Otro de los artículos define que, para lograr esos objetivos, a principios de año el equipo de conducción de cada escuela deberá informar a las autoridades “la nómina anual del personal docente y no docente que estará afectado al cumplimiento” de la medida.
El texto de la ley fue escrito por Alejandro Finocchiaro (PRO), y suma aportes de proyectos similares de otros legisladores. Llega al recinto, tras su paso por la Comisión de Educación, con un amplio consenso de diputados del PRO, UCR, CC, LLA, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Según estimaciones tendría unos 135 votos, con lo cual pasaría al Senado.
Como era de esperar, la iniciativa ya fue rechazada por los gremios docentes. Ctera convocó para hoy a una “Jornada nacional de lucha”, con una movilización desde las 11 frente al Congreso. Y anticipó una “gran Marcha Federal Educativa” para septiembre.
Mientras que los sindicatos docentes agrupados en la CGT declararon a Finocchiaro “persona no grata”. “No es oportuno. Hay otras prioridades en educación, y no las locuras de Finocchiaro”, le dijo a Clarín Sergio Romero, dirigente de ese sector, quien no descartó una medida de fuerza por esta cuestión.
Para Finocchiaro, “lo fundamental del proyecto es que los chicos tienen que estar en la escuela todos los días. Si por algún motivo, por ejemplo, climático, no hay clases, se recupera. Y si hay huelga, se regula su ejercicio.
Si los gremios obligan a cerrar las escuelas, los padres podrán presentar un amparo y los jueces obligar a que las escuelas se abran”.
El legislador del PRO dice que “esta ley no apunta a situaciones como las que hubo en Chubut o Santa Cruz, donde a los docentes no se les paga el salario y por eso paran durante muchos días. Es contra los paros políticos, como los que hace Ctera, que más que un sindicato se convirtió en un movimiento político sindical”.
Carrera de obstáculos
Finocchiaro ya había presentado en 2022 un primer proyecto de ley de educación esencial. Fue cuando terminaba la pandemia y crecía el temor de que, tras el cierre de escuelas, volviese la conflictividad que también cierra las aulas.
El tema luego tuvo visibilidad durante la campaña electoral del año pasado. Diversas organizaciones, como la Academia Nacional de Educación, lo reclamaron y los dos candidatos de Juntos por el Cambio (Bullrich y Larreta) lo incluyeron como propuesta para sus futuras gestiones.
Llegado Javier Milei al Gobierno, Federico Sturzenegger lo introdujo en el primer DNU: establecía que las escuelas debían garantizar el 75% de cobertura escolar en días de paro. Pero como la medida formaba parte de las regulaciones laborales, esa parte del DNU quedó frenada por la Justicia.
Caído del DNU, los diputados introdujeron la cuestión en la ley Ómnibus, que también cayó. Después, cuando el Gobierno lo reemplazó por la ley Bases, todo el capítulo educativo quedó al margen, con lo cual también la educación esencial quedó postergada.
Ahora los diputados de la Comisión de Educación volvieron con la regulación de la huelga docente, con el dictámen que será debatido hoy en el recinto.
Cómo es en otros países
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), servicio esencial es aquel cuya interrupción implica una amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población. Algunos de los servicios considerados esenciales son: hospitales, provisión de electricidad y control de tráfico aéreo.
Para la OIT, entonces, la educación no es esencial. Sin embargo, en los últimos años varios países han legislado la esencialidad de la educación, como una forma de limitar la huelga de los docentes. Y aunque parezca extraño, gobiernos vinculados al progresismo en la región, por ejemplo, Rafael Correa, le dio carácter constitucional en 2007 a la educación como servicio esencial. Perú, liderado por Alan García, y Uruguay también aprobaron la legislación que restringe la huelga docente. Hay antecedentes también en Italia y Alemania, señala el especialista en gestión educativa Flavio Buccino.
Sin embargo, la mayoría de los países sigue los lineamientos de la OIT. Frente a este señalamiento, Finocchiaro se defiende: “Es que donde no hay legislación es porque no tienen el problema que tenemos nosotros. Acá Baradel empezó con la lógica del paro político y eso es lo que tiene que ser regulado”.