Los congresales demandaron «una pauta salarial que contemple» el cumplimiento «inmediato de lo acordado en relación al pago de la diferencia entre la inflación acumulada y la pauta salarial del primer semestre»; también «un porcentaje de incremento para todo el escalafón»; y ningún monto en negro y que «toda suma o porcentaje tenga carácter remunerativo y bonificable».
Después de tres sucesivas ofertas salariales del Gobierno -el 22 de julio, el 30 de julio y el 9 de agosto- que fueron rechazadas por el gremio, y de la sucesión de seis jornadas de huelga durante este mes de agosto, el gremio debía definir de qué modo continuaba el reclamo.
El martes 13 del actual el Gobierno resolvió, ante los sucesivos rechazos sindicales, pagar por decreto y por planilla complementaria el aumento.
La oferta salarial que hizo el Gobierno, y que pagará por planilla complementaria a partir de la próxima semana, es la siguiente:
- Aumento del mínimo docente a 450.000 pesos
● Aumento del 5% para el mes de julio
● Igualar la inflación de agosto
● Dar una suma fija de 120.000 pesos en tres veces
● Convocar a una mesa técnica (compuesta por gremios docentes y estatales)
Se liquidará por complementaria.
El mes que viene aquellos que cobran la mínima van a tener un aumento del 30% -según el Gobierno-. Pasan de un mínimo de 379.000 a 450.000 + 40 de la suma fija: 490.000 pesos
"Es una oferta que pone más dinero en el bolsillo del trabajador y más rápido", afirmaron funcionarios del Gobierno de Entre Ríos.
La inclusión en la oferta salarial de una suma no remunerativa y no bonificable de $120.000 fue rechazada de plano por AGMER. El material que analizaron las asambleas escolares, previas al congreso de este miércoles 21, tildó como «un grave retroceso» la decisión oficial al disponer «deteriorar el salario docente» con la incorporación de «montos en negro, sin los aportes de ley para la Caja de Jubilaciones y nuestra obra social IOSPER. Para más gravedad, insistiendo en proponerlo en un ámbito de la legalidad e importancia como una paritaria salarial, ni más ni menos que el ámbito en donde se acuerdan convenios colectivos de trabajo».
“Las huelgas que se han sucedido desde entonces no sólo tuvieron una movilización de carácter masivo y organizado el 1 de agosto, de la expresión genuina de miles y miles de docentes que se expresaron con su sindicato, sus pancartas, sus genuinas demandas, y que colmaron la Plaza Mansilla de algo muy sencillo y muy claro: salarios dignos para cada trabajador de la educación. A esa movilización se sucedieron nuevas huelgas decididas en las escuelas, en las Seccionales de AGMER y en nuestro congreso, con votaciones unánimes cuando no claramente mayoritarias, las movilizaciones departamentales encabezadas por nuestro sindicato en unidad con otras organizaciones pero también con claro apoyo de una sociedad que comprende que la educación pública se sostiene con salarios y condiciones laborales dignas, con comedores con partidas garantizadas de acuerdo a la grave crisis social, con obras de infraestructura -hoy totalmente inexistentes-. No cabe la hipocresía. El financiamiento educativo hoy adquiere un fortalecido consenso”, sostiene el documento.
El sindicato reprochó las expresiones de “desprecio” del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, cuando “reduce la escuela a ese lugar donde los padres dejan a sus hijos para ir a trabajar solamente, logró que el descontento sea mayor y las movilizaciones sean más numerosas. A este crudo panorama, y luego de incrementar el aporte personal jubilatorio que afecta nuestros salarios, se suma la iniciativa legislativa oficial para reformar la 8.732 y escamotear los derechos previsionales no solo de los docentes sino de todos los trabajadores del Estado Provincial. El cálculo del haber jubilatorio, para someter a los jubilados a situaciones de ajuste y pobreza, está puesto sobre la mesa”.
AGMER repudió el proyecto que se discute en el Congreso de la Nación para declarar a la educación como servicio esencial, y se declaró “en estado de movilización general por el salario, nuestras jubilaciones y el derecho a huelga”.
Y concluyó que “será en el conjunto del colectivo docente organizado, con el debate fraterno y los máximos consensos internos que vamos definir nuestras resoluciones y acciones, con el objetivo de lograr la efectiva defensa y concreción de nuestros derechos, por el derecho social y humano a la educación, siempre unido al verdadero reconocimiento del trabajo docente en su salario y sus condiciones de trabajo”.