Un relevamiento de la red federal RUIDO y Poder Ciudadano muestra que casi el 90% de los órganos legislativos de las provincias ocultan datos sobre el personal y el uso de fondos para su funcionamiento.
Falta de datos precisos sobre la contratación de empleados y el nombramiento de asesores; existencia de ñoquis y otro casos “Chocolate”; manejos opacos del presupuesto y de fondos reservados; gastos protocolares sin rendición; ausencia de registro de asistencia del personal; uso de vehículos incautados por la Justicia; y más de un centenar de pasajes aéreos por mes a disposición. Estos son algunos de los principales hallazgos de una nueva investigación de la red federal RUIDO, sobre la falta de transparencia en las 24 legislaturas provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. El informe, realizado en alianza con Poder Ciudadano, revela que el denominador común de las legislaturas locales, en la gran mayoría de los casos, es el ocultamiento de información relativa a su funcionamiento, su personal y la ausencia de controles eficientes.
Extracto de párrafos referidos a la la provincia de Entre Ríos:
En Entre Ríos, un asesor del exdiputado provincial Ricardo Troncoso denunció en 2018 que debía dejar parte de su sueldo al legislador. Fue el puntapié de la causa conocida como los “contratos truchos” de la Legislatura, que implicó un desfalco de unos USD 53 millones entre 2008 y 2018, un escándalo cuyo juicio aún no comenzó en la provincia.
En Entre Ríos, la Legislatura también funcionó como una especie de oficina de empleo, desde donde se contrató a familiares y allegados de dirigentes políticos, personas sin experiencia en el trabajo parlamentario y sin especialidad. Los contratos más escandalosos de Diputados fueron para los hijos del ex ministro de Gobierno, ex vicegobernador y ex intendente de Paraná, Adán Humberto Bahl. Los jóvenes Joaquín y Franco Bahl fueron designados en la Cámara baja durante 2023, con retroactividad a diciembre de 2022. El objetivo es que alcanzaran el año de antigüedad para conseguir estabilidad en el cargo, según está previsto constitucionalmente y en el Artículo 7 de la Ley Provincial N° 9.755 de Empleo Público. Las nuevas autoridades de cámara revocaron las contrataciones.