Caputo deja de financiar obras sin terminar en los municipios. Y hasta podría pedir que devuelvan los fondos. Así, el ministro de Economía da de baja el plan “Argentina Hace”, del gobierno anterior.
El Gobierno dejará de financiar a las pequeñas obras públicas que tienen a cargo las provincias y los municipios mediante el Plan Nacional de Obras “Argentina Hace”. Son unos 950 proyectos por casi 600.000 millones de pesos que tienen distinto grado de avance y, según observan fuentes vinculadas a la construcción, demandaban unos 100.000 empleos, que se perdieron en los últimos doce meses por el parate del sector.
La decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, materializada en la Resolución 452/2024 de su cartera publicada este martes 18 (/6/2024) en el Boletín Oficial, busca bajar el gasto público de la Nación y transferirle a los gobernadores e intendentes de todo el país el costo financiero de terminar esas obras, que no son estratégicas para el desarrollo del país, según la visión oficial.
El Mapa de Inversiones de Obras Públicas muestra que algunos de esos proyectos estaban vinculados a cloacas, la construcción de hospitales municipales, veredas, conectividad digital, ampliación de la red de agua potable, gimnasios, sendas peatonales, alumbrado público, universidades, terminales de ómnibus, cordones cunetas, desagües pluviales, pavimentación y plazas, principalmente.
Aunque no tienen un gran impacto para la actividad económica del país, algunas de esas obras son esenciales para las distintas comunidades.
El Plan Argentina Hace surgió en el gobierno de Alberto Fernández con un criterio “federal” para llegar a los 2.300 municipios de todo el país, justo antes de que irrumpiera el Covid-19, y fue uno de los motores de empleo de baja calificación relativa a la salida de la pandemia. En un proceso gradual que se extenderá hasta fin de año, el Gobierno también analizará si existieron posibles incumplimientos al transferir los fondos para obras que no se ejecutaron; en tal caso, se rescindirán los contratos y las provincias o municipios deberán devolver el dinero.
Sin incumplimientos y si la obra estuviera a punto de terminarse, la Nación dará un plazo de 4 meses para que se concluya; y si el avance es bajo, cada gobernador o intendente deberá decidir si continúa con fondos propios o cancela el proyecto.
En las últimas semanas, Caputo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habían entablado la reactivación de obras públicas con gobernadores como Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), especialmente obras viales, como método de negociación para la aprobación en el Senado de la Ley Bases.
Con todo, esta medida podría ser eje de un nuevo frente de batalla que podría tener el gobierno de Javier Milei con las provincias y municipios, mientras la obra pública sigue detenida.
La inversión real directa de la Nación cayó un 77,7% en términos reales (descontado el efecto de la inflación) en los primeros cinco meses del 2024, en comparación con el mismo período del año anterior, de acuerdo a los datos del economista Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
Asimismo, las transferencias de capital a las provincias -el rubro que seguirá recortando Caputo con esta resolución- bajaron un 98,1%; prácticamente se eliminaron. Entre ambos conceptos se explica el 2,2% del gasto público primario -sin contar los intereses de la deuda-.
El ajuste de unos $ 3,32 billones en obra pública en lo que va del año representa el 23% del achique total del gasto del Estado nacional, ponderó el IARAF.