No sólo se intimó el pago del alquiler que se había celebrado en noviembre de 2023, sino que también se instó al desalojo “por incumplimiento contractual” por la acumulación de alquileres impagos correspondientes a diciembre, enero, febrero.
“Intima pago cánones impagos, según facturas descriptas, en mora, más intereses moratorios, más gastos de envío de la presente, plazo perentorio de pago de 48 horas de recibida la presente. Plazo de desocupación de inmueble por incumplimiento contractual cinco días hábiles de recibida la presente”, señaló aquella carta documento enviada al CGE por el Centro de Empleados de Comercio de Basavilbaso en febrero.
En la subsede Basavilbaso de la Dirección Departamental de Escuelas de Uruguay se desempeñan 11 personas, entre ellos 3 supervisores, administratios y el médico auditor. La dependencia comenzó a ocupar la sede del Centro de Empleados de Comercio ante la necesidad de desalojar el lugar que ocupaban, que fue puesto a refacción. Mientras esos trabajos se desarrollaban, se decidió mudar a la planta de empleados a otro local, alquilado.
Pero por alguna razón, el Consejo de Educación nunca abonó el alquiler y ahora tienen intimación de dsealojo.
Marina Pagani, directora departamental de Educación de Uruguay, le pidió a los supervisores que logren ubicar sitios alternativos donde trasladar al personal, y lo que se baraja como más probable es la distribución en distintas escuelas.
Lía Fimpel, secretaria general de la seccional Uruguay de Agmer, reprochó la falta de decisión e intervención de las autoridades educativas. «El alquiler no se pagó en enero, en febrero ni en marzo. Entonces, llegó el desalojo. El Centro de Empleados de Comercio había intimado el pago. Y como el contrato de alquiler que se firmó en noviembre dice que luego de dos meses impagos se aplica el desalojo, eso es lo que está ocurriendo. Nosotros decimos que el CGE tiene que ocuparse de resolver la situación de los trabajadores. No puede poner a los supervisores, que no tienen responsabilidad sobre los trabajadores, en la tarea de buscar un lugar adonde mudarse. De todos modos, los supervisores hicieron un relevamiento y buscaron escuelas para trasladar al personal y redistribuirlo. Pero pedimos que las autoridades se hagan presentes», planteó.
Fimpel planteó la necesidad de que «la subsede vuelva a funcionar, ahora se lo pretende disgregar en distintas escuelas. Pero necesitamos que el equipo tenga su lugar propio de trabajo».
Mariela Leiva, secretaria general de Agmer Basavilbaso, planteó que «no le corresponde a los trabajadores buscar un lugar donde funcionar la subsede. Esa es tarea de la patronal».
