Clarín17 Mar 2024Gustavo Bazzan gbazzan@clarin.com
Una consultora hizo un informe sobre los impuestos nacionales y provinciales y las tasas municipales que se incluyen en el precio final de nueve productos de consumo masivo, como la harina, el aceite, el arroz, la mermelada y otros. El estudio concluyó que cada ticket que un consumidor paga cuando se lleva a su casa esos productos contiene un 43,9 por ciento de impuestos y tasas.
La novedad de esta semana fue que el Gobierno abrió las importaciones a ciertos productos de la canasta básica, entre ellos alimentos como bananas, papas, carne de cerdo, café, atún y productos de cacao. Una noticia que fue recibida con ciertas críticas por los productores locales, agrupados en la Copal. Básicamente, se hizo hincapié en las ventajas fiscales que se les otorgarán a los importadores, como el hecho de suspender, por el plazo de 120 días, el cobro de la percepción de IVA adicional y el Impuesto a las Ganancias a las importaciones de estos productos.
Sobre este punto, el reclamo de la Copal fue, en forma resumida, que se extienda el alivio fiscal también a los fabricantes locales.
La presión fiscal y su impacto en los precios finales que pagan los consumidores es un reclamo constante y viene de lejos. Recobrafuerza por esta ventana que se abre a las importaciones y porque en un futuro la esperada mayor apertura económica pondrá en tensión la relación entre la producción local y los importados. Las empresas reclaman, con toda lógica, que la apertura sea acompañada por una baja de impuestos, porque sino será imposible para ellas competir contra la temida “ola de importaciones”.
El ministro de Economía Luis Caputo tocó tangencialmente el tema esta semana, cuando habló en el encuentro anual organizado por Amcham: “Primero hay que llegar al equilibrio fiscal, para luego crecer y luego bajar impuestos”.
Como sea, la presión fiscal sobre los alimentos es un ítem central para entender por qué los alimentos tienen los precios que tienen y el impacto sobre los sectores más postergados, que destinan una gran parte de sus ingresos al gasto en alimentos. Hoy la canasta básica alcanzó un valor de $ 690.000. En ese valor hay $ 302.000 que son impuestos.
Un informe elaborado a pedido de Clarín por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), estableció que en una lista de nueve productos básicos de la canasta de alimentos, el 43,9% de lo que paga el consumidor son tasas e impuestos que van a las cajas de municipios, provincias o el Estado nacional. Así, de un ticket de compra de $ 50.064, los impuestos representan nada menos que $ 21.994.
En un informe similar, elaborado en enero de 2020, surgía que los impuestos ocupaban el 41% de la misma canasta. El incremento de casi tres puntos puede obedecer a que los precios de cada producto variaron en diferente magnitud, por un lado, o también a ciertos retoques en los porcentajes de tasas municipales o alícuotas de impuestos provinciales.
Los niveles de tasas e impuestos provinciales -los existentes o los que se puedan crear- será un tema a seguir con mucha atención de ahora en adelante. Ocurre que a partir de la decisión oficial de pisar las llamadas transferencias discrecionales a las provincias, muchos gobernadores e intendentes podrían verse tentados -de hecho ya lo están haciendo- a incrementar alícuotas o crear
Los fabricantes de alimentos pidieron el mismo trato que se les dará a importadores nuevos impuestos o tasas para compensar por esa vía los recursos que deje de girarles el Tesoro nacional.
El informe elaborado por el IARAF, que conduce el economista cordobés Nadín Argañaraz, señala que “en la Argentina los productos alimenticios de consumo masivo que pasan por un proceso industrial de elaboración y por una cadena comercial de distribución, incorporan en su precio las retribuciones a los insumos, la fuerza laboral y rentabilidad empresarial; así como también tributos de los distintos niveles de gobierno”.
En la canasta elaborada para este artículo se detalla la carga tributaria en sus diferentes niveles.
Los tributos considerados son a nivel nacional son: IVA, Ganancias, Impuesto al cheque, Impuestos internos y las cargas de la Seguridad Social; a nivel provincial, el impuesto a los Ingresos Brutos y a nivel municipal la tasa de Inspección, Seguridad e Higiene.
El informe destaca además que se pueden distinguir distintas categorías de bienes de acuerdo a las alícuotas de impuestos que los afectan de manera diferencial, que determinan diferentes niveles de carga tributaria. De este modo pueden agruparse dos categorías de alimentos de acuerdo al IVA que los grava, y dos tipos de bebidas teniendo en cuenta las distintas alícuotas de impuestos internos. Según el tipo de productos la carga tributaria puede variar entre el 36 y el 48%.
En el informe del IARAF, por ejemplo, se puede observar el peso de los impuestos sobre los siguientes productos.
-Si el consumidor compra un kilo de harina, estará pagando $ 305 pesos en impuestos en un ticket de $ 845.
-Para el caso de una botella de aceite de girasol, paga $ 1.150, de los cuales $ 480 son impuestos.
-En un paquete de medio kilo de arroz, hay $747 pesos de impuestos en una compra de $ 1.790.
En el texto original de la llamada Ley Ómnibus se prevé que cuando un responsable inscripto o un monotributista realice ventas, locaciones o prestaciones de servicios gravadas a consumidores finales, “deberá discriminar en la factura o documento equivalente el gravamen que recae sobre la operación”.
Más allá de que el consumidor tenga el detalle de lo que está pagando de impuestos, es crucial además, que el poder adquisitivo de la sociedad mejore sustancialmente.
