“Lamento que nuestra primera comunicación tenga el tenor de la presente, pero quiero que sepan cuanto antes, de manera clara y directa, la dimensión del crítico estado de situación presupuestaria y financiera que atraviesa nuestro Poder Judicial”, dice el texto.
Luego, detalla que a mediados de 20023 “los técnicos de la Contaduría del Poder Judicial proyectaron el presupuesto anual para el 2024 en casi $129.112.048.320. Emplearon, a tal fin, una inflación anual estimada de 120%. Al momento de aprobarse el presupuesto provincial (Ley 11.125), el nuestro se fijó en $65.718.311; esto es un 50% menos aproximadamente”.
“Pese a que el Poder Ejecutivo de la Nación informó un índice menor para la elaboración de presupuestos a sus dependencias (67%), y este suele tomarse por las provincias como referencia, la Legislatura de Entre Ríos aplicó una inflación proyectada del 88% al presupuesto de 2023 para elaborar el de 2024. Finalmente, según el Indec, la inflación de 2023 fue del 211,40”, plantea.
En el informe que el titular del STJ distribuyó este miércoles a todas las oficinas judiciales de la Provincia señala que “en la actualidad y sin tener en cuenta la inflación de enero 2024 (20,6%), el Poder Judicial de Entre Ríos necesita la suma de $335.000.000 mensuales para afrontar gastos de funcionamiento y de bienes de uso”. Pero la Justicia, dice Portela, sólo recibió $145.358.416,67.
“Es importante hacerles saber que hay un diálogo fluido con el señor Gobernador (Rogelio Frigerio) y el señor secretario de Justicia (Martín Acevedo Miño), y en las charlas que sostuvimos se nos explicó que los fondos requeridos iban a ser transferidos al Poder Judicial a medida que se vayan recibiendo de Nación”, apunta el escrito.
Y suma: “Como es evidente y quiero señalar enfáticamente, el cuadro de situación es crítico y no permite relajarse en ningún ámbito ni momento. Debemos extremar los gastos y procurar el cobro de cualquier suma que este Poder deba percibir, ya que las tasas actuales de plazo fijo son las que permiten que fondos pertenecientes al Poder Judicial -por tratarse de `rentas afectadas`- solventen, actualmente, los costos de funcionamiento”.
“No me interesa indicar puntualmente gastos, aunque todos sabemos que resulta posible reducirlos significativamente en rubros tales como toner, papel, energía eléctrica, etc. Seamos concientes de que no siempre es necesario imprimir y que, en ocasiones, olvidamos luces o algún aire acondicionado prendido. Cuidemos de incurrir en gastos fácilmente evitables”, subraya.
