- No prohíbe las huelgas, pero el 75% de los docentes deberán ir a clase.
La única mención que hace el DNU de Milei al tema educativo -en sus 83 páginas- está en el artículo 97, donde la incorpora como uno de los “servicios esenciales”, junto a otros como los servicios sanitarios, transporte o telecomunicaciones.
El objetivo del artículo apunta, claramente, a reducir los efectos de los paros docentes, que fueron muy intensos en las últimas décadas en el país.
Y especialmente intensos cuando la Casa Rosada no es presidida por una persona afín políticamente a los dirigentes de los principales sindicatos del sector. Algo que se puede anticipar para el próximo ciclo lectivo.
Ni bien se conoció el decreto, muchos apuntaron que con la declaración de esencialidad se les iba a prohibir parar a los docentes. Pero no es así. En rigor, lo que hace este decreto -que ya entró en vigencia- es limitar -mucho- el derecho que tienen los gremios a hacer huelgas.
En concreto, lo que establece es que cada vez que un gremio docente haga un paro, las escuelas tienen que garantizar el 75% de la cobertura escolar. Dicho de otro modo, que el 75% de los docentes tienen que estar dando clase y el otro 25% pueden hacer el paro.
De esta manera, la escuela sigue abierta, a los alumnos se les garantiza el derecho a la educación y a los docentes el derecho a la huelga. Claro que muy limitadamente.
Hasta acá llega la letra del decreto. Es todo lo que se sabe. Clarín habló con expertos que dicen que ahora lo que se necesite es que salga una normativa que reglamente de qué manera esto va a ser llevado a las aulas, en el momento que se produzca una huelga docente.
Esto puede salir vía un nuevo decreto que lo especifique, o a través de una normativa dictada por el secretario de Educación Carlos Torrendell (que, dicho sea de paso, aún ni siquiera fue nombrado formalmente).
Por suerte estamos a fines de diciembre porque si un gremio hoy convocara a una huelga nadie sabría cómo actuar.
Debilidades del DNU
Algunas voces, que apoyan la idea de decretar la esencialidad de la educación, ven algunas debilidades en el DNU de Milei. Una de ellas está en ese 75% de obligación de cobertura. Dicen que ese porcentaje es muy alto -casi como que se prohíbe la huelga- y que, por lo tanto, se corre el riesgo de que sectores vayan a la Justicia reclamando que se está desnaturalizando el derecho a huelga.
Otra debilidad es que la Argentina firmó los convenios de la OIT -tienen rango constitucional- en donde se establece claramente que la educación no es un servicio esencial.
Ambas debilidades hacen que el artículo 97 del DNU, en la cuestión educativa, pueda ser rápidamente judicializado y el tema incluso llegue hasta la Corte Suprema, con los tiempos que esto demanda.
El problema -dicen esas voces- es que el DNU no tomó en cuenta los proyectos de ley sobre esencialidad de la educación que ya están en el Congreso, en donde se tienen en cuenta estas cuestiones.
Por ejemplo, el presentado en 2022 por el diputado Alejandro Finocchiaro, que declara a la educación como “servicio estratégico esencial” (de modo que está por afuera del convenio de la OIT) y fija como norma que el 50% de los docentes estén en clases.
Esto -dicen- hace difícil que alguien vaya a la Justicia argumentando que se está desnaturalizando el derecho de huelga.
Más interrogantes
El DNU abre más preguntas. La reglamentación del derecho de huelga es nacional, por lo que la limitación de este derecho (es decir, cómo se reglamenta la esencialidad) también tiene que ser una norma de carácter nacional.
Ahora, las escuelas (en el nivel básico) son de las provincias. Por lo que será cada una de las jurisdicciones las que luego tendrán que aplicarlo. ¿Cómo lo harán? ¿Cómo lo hará, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, con una idea contraria a esta norma?.
Otro interrogante es qué pasa si, a pesar de la esencialidad, la mayoría de los docentes igualmente paran. Ahí tendrían que ir padres, u otros particulares, a presentar un recurso de amparo, que obligue a los directores de escuelas a abrir las escuelas.
Para ver cómo se resuelve todo esto, es fundamental tener la reglamentación de la esencialidad de la educación. Algo que por ahora no existe.
Entre los expertos en educación llamó la atención, también, la forma que está redactado el inciso sobre educación. Dice que se declara esencial “el cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial”.
Parece haber mucho desconocimiento del mundo educativo, porque no existe cosa tal como “nivel guardería” o “nivel preescolar” (es el nivel inicial) y la educación especial es una modalidad dentro de los otros niveles.
Voces a favor y en contra
Entre las voces críticas al DNU de Milei está la de Flavio Buccino, docente y especialista en gestión educativa. “No queda claro que vaya a resultar en una mejora significativa sobre los aprendizajes. Por el contrario, también podría tener el efecto de debilitar las condiciones laborales docentes a lo largo del tiempo, lo que –a su vez– podría impactar negativamente sobre la enseñanza”.
“Sin embargo, esto no quita que haya otros beneficios en mantener las escuelas abiertas, tales como ofrecer un espacio de contención y socialización para los estudiantes bajo supervisión adulta, y evitar obstaculizar las responsabilidades laborales de sus familiares. Regular la huelga docente para mantener la escuela abierta puede favorecer el rol de contención social de la escuela, pero no por ello mejorar sus función formadora”, agregó.
Clarín habló también con Alejandro Finocchiaro, quien apoya la medida. “Creo que declarar a la educación como servicio esencial es un camino para salir de la decadencia. Ningún programa o plan educativo serio puede tener éxito si los chicos no están en la escuela. Tienen que estar todos los días y esto va en esa dirección”, dijo.
Y agregó: “Baradel y compañía también van a tener que trabajar en esta nueva etapa de la Argentina”.
La AGMER contra la limitación del derecho de huelga
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dictó este miércoles por la noche el presidente Javier Milei contiene más de 300 artículos; entre ellos, aparece el capítulo de los servicios esenciales, en el que se destaca la inclusión de la educación en los niveles de guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial.
Esta declaración apunta a asegurar el dictado de clases y que no se vea afectado por los paros docentes. Así, para los servicios considerados esenciales, el mismo DNU prevé prestaciones mínimas, al establecer que “los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental” quedan sujetos a “garantías de prestación de servicios mínimos”.
En el caso de los servicios esenciales, ordena que “en ningún caso podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al setenta y cinco por ciento (75%) de la prestación normal”.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) ya plantó bandera sobre ese punto.
Y planteó: «La educación es un derecho humano y social, la declaración de esencialidad de la educación es un ataque no sólo a los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación, sino también a la propia escuela pública y las comunidades educativas, con el propósito de restringir el derecho constitucional a la huelga».
“La educación es un derecho humano y social, la declaración de esencialidad de la educación es un ataque no sólo a los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación, sino también a la propia escuela pública y las comunidades educativas, con el propósito de restringir el derecho constitucional a la huelga”, planteó la conducción provincial del sindicato docente.
Al respecto, demandó: “Exigimos el respeto a la Constitución Nacional, a la división de poderes y el debate parlamentario por parte de las y los representantes elegidos por el pueblo”.
Agmer expresó su “repudio” y “rechazo” al DNU del Presidente. “Se trata de un instrumento que atenta contra la democracia, nuestra Constitución Nacional y conquistas históricas de nuestro pueblo”, subrayó.
“Con la excusa de alentar inversiones, lleva al remate a bienes, empresas del Estado y genera un grave riesgo para nuestra soberanía e integridad territorial”, definió. “Nuestros derechos sociales, laborales y conquistas en la seguridad social son el fruto de décadas de lucha de nuestro pueblo. Denunciamos y enfrentaremos este ataque con el conjunto de las y los trabajadores y clases populares”, agregó el documento de Agmer.
