A las puertas de una movilización provincial -que estaba prevista para este miércoles 4 (/10/2023)- la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) logró destrabar el conflicto salarial que se disparó durante la vigencia de la Ley de Emergencia que se aplicó en la Provincia durante la pandemia de coronavirus, entre 2020 y 2021.
La intervención del gobernador Gustavo Bordet, primero, y del ministro de Economía, Hugo Ballay, después, permitió encauzar la negociación con los judiciales: la «devolución» -aunque no se presentó como tal- del 26% que piden empleados, pero que también alcanzaría a funcionarios y magistrados. Aunque el acuerdo no sólo alcanza a los empleados: por efecto cascada de la Ley de Enganche, el beneficio llegará también a los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), magistrados y funcionarios judiciales.
El Gobierno no lo plantea como «devolución» -la Ley de Emergencia fue validada por la Justicia- sino como «armonización», y será del 24%, en tres tramos. Además, hizo una propuesta de creación de cargos en la Justicia que responda, aunque de manera parcial, a las demandas del STJ, de la Procuración y de la Defensoría.
El ofrecimiento del Gobierno, que no implica reconocer la «devolución» del congelamiento, es el pago de un 24% en tres tramos: 8% en octubre, 8% en noviembre y 8% en diciembre.
El acuerdo surgió durante un encuentro que presidió el martes 3 (/10/2023) la vicegobernadora Laura Stratta, y de la que participó el ministro de Economía, Hugo Ballay; el vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Leonardo Portela; el Procurador General, Jorge García; el Defensor General, Maximiliano Benítez; la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos; AJER; y la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), y que se desarrolló en Casa de Gobierno.
AJER anunció que tras el encuentro en Gobierno, se formalizó la siguiente propuesta salarial:
- Un 24% a pagar en 3 cuotas iguales y consecutivas del 8%, cada una en octubre, noviembre y diciembre de 2023 en concepto de normalización, calculado sobre la base del sueldo de junio de 2023.
- Se mantiene la aplicación normal de la Ley Nº 10.068 de Enganche Salarial para los futuros aumentos de este semestre, conforme la ley vigente.
- El 24% de normalización se incorpora a la base de cálculo para la aplicación de la Ley 10.068 en enero de 2024.
Y aclaró que “en función de la propuesta del gobierno, la mesa directiva de AJER pospone las medidas de fuerza, conforme lo establecido en la reunión de la mesa ampliada del 2/10/23, llamando a reuniones de delegados en cada filiar para debatir la propuesta”.
Igual determinación adoptó la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), que tenía previsto una huelga de 48 horas, miércoles y jueves.
La Ley de Emergencia N° 10.806 que rigió durante la pandemia dejó en suspenso la aplicación de las negociaciones paritarias, y en el caso de los empleados de la Justicia, congeló la Ley de Enganche.
De ese modo no se aplicó una mejora del 25,57% que dispuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, que por efecto «enganche» debió alcanzar también a los empleados de la Justicia entrerriana.
El 4 de septiembre AJER acudió con una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para buscar una solución.
Ese escrito planteó:
«El artículo 10º (de la Ley de Emergencia) establecía que: `Durante la vigencia de la presente ley y su prórroga si la hubiere, queda suspendida la aplicación de todos los dispositivos de actualización de haberes instituidos por cualquier normativa que alcance las remuneraciones que abonan los tres poderes del Estado Provincial, sus entes descentralizados, autárquicos, autónomos, empresas y sociedades del estado, las que quedarán sujetas a los incrementos que disponga el Poder Ejecutivo de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias en el marco de las paritarias que se celebren`”.
AJER señaló que el 30 de junio de 2021, «y luego del año de vigencia, el Estado Provincial no hizo uso de la prórroga, terminándose así con la suspensión establecida y recobrando plena vigencia la Ley N° 10.068 (de Enganche Salaria), negándose el Poder Ejecutivo a recomponer los salarios aplicando los aumentos otorgados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante el período 2/07/2020 al 30/06/2021». Y agrega: «El régimen de actualización salarial del Poder Judicial instituido por la Ley N° 10.068, se encontró vigente hasta la entrada en vigencia de la Ley N° 10.806, siendo el último ajuste aplicado el del Acuerdo N° 34/19 del 5/12/19, que estableció un incremento del 10% en los haberes a partir del 1/12/19».
Los judiciales destacaron que desde la vigencia de la Emergencia por pandemia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó los siguientes acuerdos salariales con efectos para 2020 y 2021:
1) El acuerdo 34/20 del 18/11/20, estableció un incremento del 10% aplicable a partir del haber de octubre de 2020;
2) El acuerdo 40/20 del 30/12/20, estableció otro 10% de incremento aplicable a los haberes de noviembre de 2020;
3) El acuerdo 3/21 del 6/4/21, el que fijó un incremento del 7,50% aplicable a partir del haber de diciembre de 2020, totalizando de esta forma, un 30,07% de incremento acumulado para 2020.
4) El acuerdo N° 9/21 del 7/6/21, estableció un incremento desdoblado del 10% a partir de marzo de 2021 y del 9% a partir del haber de junio de 2020, totalizando un 19,90% acumulado.
«Es decir que el incremento total establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no se aplicó al Poder Judicial por la suspensión del régimen de actualización, fue del 49,97% acumulado. Por su parte, los aumentos otorgados por el Poder Ejecutivo en emergencia, fueron del 24%. La diferencia habida entre ambos incrementos, es el menoscabo patrimonial que hemos sufrido los empleados del Poder Judicial con motivo de la suspensión del régimen de actualización y que se viene extendiendo hasta el día de la fecha», plantea el escrito que está en manos de la titular del STJ.
Y sostuvieron que la “suspensión” establecida sobre el enganche salarial con la Corte «afecta el derecho de propiedad de los empleados judiciales, pudiendo la emergencia en todo caso suspender los efectos de la actualización salarial, pero no suprimirlos in aetérnum, ya que se produce un daño concreto a los trabajadores». Y recordó que corresponde la devolución de ese porcentaje de actualización salarial que no se aplicó.
«La emergencia justifica la suspensión de los derechos durante un periodo determinado, luego debe recomponer, de lo contrario pasa a ser una privación definitiva como es en este caso el 25,57 % menos en nuestros salarios desde el mes de Julio de 2021 a la fecha. Hoy, quienes se encuentran en una situación angustiante y desesperante somos los trabajadores, quienes debemos afrontarla con esta reducción de nuestros salarios en una cuarta parte y con una situación imperante en el país y la provincia con niveles de inflación estimados en dos dígitos mensuales para el mes de agosto, aunado a la devaluación monetaria superior al 20 % ocurrida también en este pasado mes de agosto», señaló AJER.
Y pidió que «asumiendo su responsabilidad de gobierno y cabeza del Poder Judicial para hacer cumplir lo que establece la ley, es decir, comunicar al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas los incrementos resultantes, con copia de las Acordadas respectivas (las que son debidamente individualizadas supra) para su cumplimiento, tal como lo prevé el Art. 1º in fine de la ley Nº 10068, lo que dejamos expresamente solicitado».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora
