La Justicia sobreseyó de culpa y cargo a Federico
Kinstler y Ricardo Protto, ex uncionarios de la Junta de Gobierno de
Nueva Vizcaya, quienes fueron denunciados por peculado por la gestión
presidida por Hugo Rivarola.
La causa tuvo dictámen por parte del Juez de Instrucción del
Departamento Federal, Dr Pedro Raúl Navarro, quien eximió de
responsabilidades a los dirigentes de extracción política partidista
radical, que fueron sospechados por irregularidades administrativas
por parte del actual titular de la Junta de Vizcaya, Hugo Rivarola
(PJ), quien recibió el cuestionamiento de Ricardo Protto por «embarrar la cancha», pretendiendo con una maniobra judicial «sacarlos
del terreno político», sin medir el perjuicio a la honestidad de las
personas, que en el caso de Kinstler y Protto resultó afectada, por la
sospecha ante la opinión pública de incorrecto desempeño en ejercicio
de sus funciones, tal como interpretó el ex secretario de la Junta de
Gobierno de Nueva Vizcaya.
Kinstler y Protto tuvieron que soportar el daño a su reputación
personal, por haber sido sospechados de «quedarse» con una suma
estimada en los 8 mil pesos correspondientes a una partida
presupuestaria para afectar a un plan de construcción de viviendas.
No sólo fue puesto en tela de juicio el desenvolvimiento
administrativo de los ex funcionarios, sino que el proceso judicial,
tuvo una etapa previa que les costó a Kinstler y Protto estar en la
cárcel durante 10 días.
Los ex funcionarios designados para desempeñar el cargo en el Gobierno
Comunal de Vizcaya en el período 1.999-2.003, afrontaron el juicio una
vez que culminó el mandato, y debieron esperar 5 años hasta que se
expidiera la Justicia.
El senador Rubén Ruiz (UCR-Federal), se refirió al caso, comentando: «Este tipo de noticias -sobre el dictámen de la Justicia- son
importantes para rescatar la calidad de las personas que llegan a la
función pública a través del radicalismo», y que luego, «por las
mezquindades» de dirigentes políticos opositores «se ven perjudicados
en su buen nombre y honor» por sospechas en su desempeño, impulsándose
las acusaciones al ámbito judicial «con supuestos falsos, que mellan
la credibilidad en la sociedad» de las personas imputadas.
Ruiz, expresó: «La justicia ha actuado, y los nombres de los
funcionarios radicales han quedado limpios», a la vez que consideró, «no debemos perder de vista que este tipo de acciones, muchas veces
fundadas en intereses personales o sectoriales, alejan a las personas
de bien de la función política, que necesita representantes honestos
para ocupar puestos en los gobiernos». El senador provincial se
explayó: «Las acusaciones a las que se tienen que enfrentar muchos
funcionarios que llegan para trabajar por el bien común, dañan sus
reputaciones por actuaciones prejuiciosas cargadas de intereses, y no
por la preocupación genuina de asegurar que la gente que acceda al
poder sea honesta, solidaria y trabaje con capacidad».
Ruiz, bregó: «La sociedad debe estar más atenta a la hora de evaluar
la historia de la gente que llega al poder, atendiendo que si en su
vida particular tiene virtudes, estas seguramente se volcarán en
beneficio de todos, y no en atender intereses particulares como
estamos cansados de ver».
