El tiempo en la cola no deberá superar la media hora y en caso de que no sea así, los infractores serán multados con penas que alcanzan hasta la clausura temporal del comercio.
Sintéticamente ese es el contenido del proyecto de ley recientemente presentado por los diputados radicales Oscar Cardoso, Marcelo López, José Maria Miser y Jaime Benedetti.

En los últimos tiempos, la Legislatura entrerriana ha sido caja de resonancia de múltiples quejas de usuarios de servicios bancarios por diversos inconvenientes, en especial por las prolongadas demoras a raíz de la insuficiente cantidad de cajeros automáticos. Este reclamo, principalmente procedente de activos y pasivos del Estado provincial que perciben sus haberes en el Bersa, probablemente inspiró la iniciativa pero no exclusivamente.

Es que, a través del proyecto de ley en cuestión, los legisladores proponen que las entidades financieras y los establecimientos comerciales "deben garantizar que el tiempo de espera en caja, no supere el término de media hora y que toda persona que concurra al lugar dentro del horario establecido para la atención al público sea atendida".

Los infractores "serán sancionados con multa y/o clausura del local" establece la iniciativa que además fija que "el monto de las multas será graduado por la autoridad de aplicación de acuerdo con la gravedad de la infracción y en los términos que fije la reglamentación y las clausuras serán de hasta 10 días".

Prevé incluso casos de reincidencia, en los cuales "se aplicará multa equivalente al doble establecido por la reglamentación" y aclaran que "se considera reincidencia toda nueva infracción cometida en el término de un año contado a partir del dictado de la resolución firme que establece la sanción".

La propuesta, impulsada por los diputados radicales deja en manos de la reglamentación de la norma la definición de los mecanismos que aseguren el cumplimiento de esta propuesta y fija como autoridad de aplicación a la Dirección General de Defensa al Consumidor, dependiente de la Secretaría de la Producción. Ese organismo sería el encargado de realizar campañas de difusión integral de los alcances de la presente ley a nivel general, a través de su publicación en medios masivos de comunicación y de campañas de concientización.

A fin de garantizar el cumplimiento de esta propuesta, los diputados obligan a las entidades financieras y los establecimientos comerciales "a exhibir en el sitio de pago una leyenda visible para los usuarios que informe los alcances de la presente Ley" y en caso de que así no fuera, será sancionado con una multa.

En cuanto a los fondos que se recauden por estas multas, el proyecto ordena que deban ser girados a la Dirección General de Defensa al Consumidor.

TRATO INDIGNO. En los fundamentos de la iniciativa, los radicales coinciden en que "las demoras o largas esperas constituyen trato indigno. Hay muchas formas de tratar de forma no digna al usuario, y una de ellas es someterlos a trámites excesivos o a prolongados retrasos".

Advierten asimismo, que "si los usuarios se transforman en rehenes de los proveedores, lógicamente estamos ante situaciones no equitativas, que los colocan en una posición de clara y manifiesta indefensión frente y ante los proveedores".

Entre otros conceptos, marcan que "permitir que los proveedores impongan a los usuarios medidas de atención que impliquen retraer los derechos de estos últimos, aún porque generan pérdida de tiempo, implica sin dudas, una decisión que atenta contra la dignidad del sujeto usuario, quien es dueño de su tiempo, y tiene la libertad de disponer de él como le plazca".

Evidentemente, las excesivas esperas para el cobro de haberes o el pago de servicios encontraron en la Cámara de Diputados una reacción, por la que pretenden proteger de estas prácticas a los usuarios.