25/6/09 Publicado en el matutino El Diario de Paraná.
Escribe Arturo Vera (Abogado; senador nacional UCR-Entre Ríos; ex intendente de Federal; ex diputado provincial; ex presidente de la UCR de Entre Ríos).
Uno de los tantos problemas que sufre la actividad política partidaria hoy, obedece al desfinanciamiento y la ausencia de una ley que regule eficazmente las campañas y el financiamiento a fin de evitar la corrupción y el desequilibrio entre los partidos por la intervención de las corporaciones económicas que terminan manipulando los principios democráticos, republicanos y federales en los que se basa nuestra Constitución.
En ocasión de esta elección se ha observado entre otras cosas, de qué modo el dinero disponible tras determinados candidatos y/o propuestas electorales ha pasado a ser un elemento poderoso para instalar en la consideración pública los mismos.
El Estado, responsable máximo de los destinos del país, debe establecer un marco jurídico saludable en el que se deberá desenvolver la actividad política en la Argentina fijando normas que impidan el abuso y descontrol en el uso del dinero para las campañas, cualquiera sea su origen.
Lo expresado impone una imprescindible e imperiosa regulación en resguardo de nuestro sistema democrático, máxime cuando se sabe que un aviso de 30 segundos en TV cuesta 10 mil dólares, cuestión que deja impávido a cualquier ciudadano común y en una situación de frustración para algunos candidatos o partidos que deben conseguir esos dineros para competir con estas reglas.
REFLEXIÓN. Esta situación de "campaña mediática" por las tecnologías de la comunicación nos lleva a que en definitiva predomine como principal elemento y el más importante, la promoción de una imagen más que los méritos y las ideas que representan las propuestas o los candidatos. De no detenerse esta inercia de exposición que sólo reditúa a las arcas de las empresas masivas de comunicación y reduce a la política a los tiempos signados por el mercado de lo rápido, efímero y fugaz de los segundos de la publicidad televisiva, se reducirá al debate político de campaña tan solo a una cuestión de promoción publicitaria y a una constante búsqueda a cualquier precio del dinero necesario para sostenerla y comunicarla a través de los diferentes medios masivos.
La dirigencia que detentamos los poderes del Estado no podemos mirar para otro lado ante este problema pues de no detenerse, la política dejará de ser tal y se transformará en un medio para que los factores de poder económico cualquiera sean, viabilicen la llegada a la gestión pública de aquellos que mejor puedan satisfacer desde allí a sus intereses.
Si se profundiza una situación también en la que la política en el sentido acabado de su significado deja de ser tal y se transforma en una promoción de "imágenes de rostros arreglados para parecer nítidos y eternamente jóvenes", nadie podrá asegurar en el futuro que quienes lleguen a la función pública cuenten con las virtudes que debe reunir quien ejerce tal elevada tarea frente a la sociedad que a su vez es en extremo dependiente de la calidad de esa gestión; que nunca podrá ser buena si los actores no representan o no son idóneos.
Entendiendo por este requisito para la función pública, la necesidad de que sean portadores de virtudes tales como: capacidad para el puesto que se trate desempeñar; contracción al trabajo para satisfacer las demandas requeridas; capacidad de entrega al bien común la que la mayoría de las veces implica resignación de los posicionamientos y/o requerimiento personales (económicos o familiares); por tratarse de administración de cosas ajenas y en este caso públicas el funcionario y/o actor debe tener frenos inhibitorios que le impidan hacer lo que no corresponda, pues por lo general las normas limitantes son insuficientes; debe ser solidario pues es lo que permite sentir como propias las necesidades y/o el dolor ajeno y quizás el valor más elevado sea el de la honradez en el manejo de lo público como así también cuando más alta es la jerarquía a la que se aspira o es propuesto alguien en la función pública debe reunir las condiciones de hombre de estado que le permitan proyectar la acción pública teniendo en cuenta el futuro, para lo cual deberá prever lo que sucederá desde el presente hacia delante sin mezquindades ni recelos sectarios ni personalistas.
DEBATE PROFUNDO. Ésta exposición es sólo una arista del problema, pues el hecho de que esto tenga lugar en nuestra sociedad es porque previamente se logró instalar la idea que "la política es cualquier cosa" y en base a esta afirmación se logró que la sociedad se aparte desinteresándose y dejando el camino libre para que pueda ser ejercida por "cualquier actor".
Este último tema abordado, entendemos que merece un tratamiento y debate más profundo a fin de concretar las acciones que permitan recuperar la formación cívica, hoy totalmente descuidada desde los niveles educativos de los que es responsable el Estado.
Del mismo modo hay que abordar también, la necesidad de recuperar las instituciones del sistema democrático, republicano y federal entre las que contamos como muy importantes y pilares de nuestra democracia a los partidos políticos.
En definitiva, por aquello de que hay que avanzar paso a paso, seguros de que los cambios se mantendrán en el tiempo y aportarán valor para nuestra sociedad, nos parece importante, urgente y al alcance de las autoridades gubernamentales oficialistas y opositoras la reglamentación de todo lo vinculado a la inversión de dineros en la campañas y/o promoción de candidatos y propuestas electoralistas, y a las leyes que se dicten tras ese objetivo necesariamente hacerlas y cumplirlas, si no queremos terminar con la Argentina como país capaz de brindar prosperidad a sus habitantes.
