El texto requiere al Poder Ejecutivo provincial que aclare si ha habido prácticas ilegales en el ejercicio de la medicina y si se ha violado la confidencialidad de los estudios médicos.

"Quienes asisten a un centro de salud no pueden ser rehenes de un sistema de persecución política, acoso y clientelismo", dijo Oscar Cardoso.

El diputado provincial (UCR-Federal) solicitó de este modo que se investiguen "las amenazas, discriminación, hostigamiento y maltrato" que reiteradamente reciben los vecinos de El Cimarrón, de parte de la enfermera a cargo del centro de salud, quien a su vez se desempeña como integrante del gobierno comunal.

La requisitoria presentada en la Cámara de Diputados de la Provincia da cuenta de la preocupación de los vecinos de esa localidad en razón de que la "supuesta enfermera" realizaría exámenes ginecológicos, que, según considera el legislador, "son estudios médicos complejos que no pueden ser practicados por quien no tiene las acreditaciones académicas suficientes".

A ello se sumarían "el hostigamiento y el maltrato" a que son sometidos quienes asisten al centro asistencial, a los que en ocasiones se les ha negado la atención y provisión de medicamentos. Es que la enfermera a cargo de ese centro de salud también ocupa un cargo político en el gobierno de la Comuna, por lo que las denuncias de los vecinos podrían leerse en clave 'clientelar'. Además, los vecinos de El Cimarrón manifestaron su profunda indignación al advertir que se ha vulnerado la confidencialidad de algunos de los estudios que allí se han practicado.

El informe requerido por Cardoso deberá incluir las causas por las que "miembros del gobierno de la Comuna El Cimarrón, en complicidad con funcionarios o integrantes de la Dirección de Integración Comunitaria, han modificado el apellido y lugar de cobro de la Ley 4035 de Sandra Carina León, DNI 27066058", lo que ocasionó que la titular deba trasladarse hasta el paraje La Calandria, a unos 50 kilómetros, para cobrar ese beneficio.