Acusan a Cristina Kirchner, como “jefa de la asociación ilícita” de una estructura de corrupción que perduró durante doce años
En una potente acusación que se extendió por ocho horas, los fiscales del juicio por el manejo de la obra pública durante los gobiernos de los Kirchner dieron detalles sobre la profundidad del vínculo que existió entre el matrimonio y el emporio de constructoras cuya cara visible fue Lázaro Báez. Los fiscales revelaron pruebas sobre el modo en que se benefició a Báez con obras viales en Santa Cruz, muchas de las cuales fueron pagadas antes de terminarse y quedaron abandonadas. Incluso, usaron la declaración del Presidente en la causa para probar la amistad entre Kirchner y Báez.
La puntillosa descripción de una estructura de corrupción que perduró durante doce años y que se volvió “sistémica, endémica”, fue el eje central en el inicio del alegato de la fiscalía en el juicio oral por la obra pública en Santa Cruz, que ubicó en el centro de la escena a Cristina Kirchner, no sólo como “jefa de la asociación ilícita” sino como responsable -junto a Néstor Kirchner- de “haber instalado una de las matrices más extraordinarias de corrupción”.
Así, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola anticiparon que pedirán una dura condena contra la Vicepresidenta, a quien encontraron responsable de todos los delitos atribuidos en la causa en la cual se investigaron los 51 contratos viales que recibió Lázaro Báez.
“La corrupción se convirtió en un comportamiento habitual, en hechos gravísimos, en una organización permanente”, sostuvo Luciani al iniciar su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Durante casi ocho horas, el Ministerio Público Fiscal explicó este lunes los trazos centrales de esa matriz de corrupción. Fue la primera de las nueve audiencias que demandará el alegato de la fiscalía, que continuará este martes a partir de las 8.30. Es la cuenta regresiva para la lectura del veredicto que el TOF 2 busca realizar a finales de este año.
En este caso se investigaron las 51 licitaciones de obras públicas viales en Santa Cruz que recibió durante la gestión kirchnerista el Grupo Austral.
Dos aspectos enmarcaron todo el despliegue posterior de los fiscales: Lázaro Báez mantenía múltiples vínculos comerciales con el matrimonio Kirchner, y su permanente contratación para obra pública vial permitió que su patrimonio crezca un 12.000%, mientras que el de Austral Construcciones tuvo un incremento del 46.000%.
Sobre este vínculo Luciani subrayó que “los beneficios irregulares a favor de Báez generaron una desinversión que sigue causando perjuicio, porque fueron obras que quedaron inconclusas y con millonarios sobreprecios”. Por eso acusó a Néstor y a Cristina Kirchner de convertir “de la noche a la mañana a Báez en empresario de la corrupción”. Esto tenía una finalidad clara: “la sustracción de fondos públicos en beneficio del amigo y socio comercial”, acusó.
A la Vicepresidenta, que escuchó el alegato por zoom desde su despacho del Senado, se le atribuyen tres delitos en este expediente, que instruyeron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.
Cuando el juez Julián Ercolini envió la causa a juicio oral, la acusó de ser jefa de una asociación ilícita, de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para la fiscalía ante el TOF, Cristina Kirchner efectivamente es responsable de todos esos hechos.
Respecto a una eventual condena, fuentes judiciales explicaron que “las penas concursadas, es decir sumados los delitos, pueden tener un máximo en total de 16 años”. De todos modos no se hacen efectivas hasta que se consideran “firmes”, es decir, que pasan por el filtro final de la Corte Suprema de Justicia.
“Hemos acreditado el direccionamiento y la cartelización de la obra pública en Santa Cruz” a través de Austral Construcciones, receptora de obras por 46.000 millones de pesos, con dos agravantes: la mitad de las rutas quedaron inconclusas y se cobraron con sobreprecios que promediaron el 65%”. Todo respondió a un “sistema de corrupción estructural con beneficios obscenos para Báez”, agregó.
Para la fiscalía, las obras que ganó el Grupo Austral “fueron ilegales, con circuitos irregulares con los que se violaron las normas básicas de la obra pública con funcionarios que estuvieron prestos a esta maniobra, cada uno cumplió un rol concreto”.
Esto se sintetizó de la siguiente manera: en mayo de 2003 Báez no era empresario de la construcción, pero cuatro años después ya había ganado 22 obras, sin capacidad técnica ni operativa. Además, se habilitó un sistema de cobros anticipados pese a que las obras no avanzaban lo declarado, se modificaron los plazos de obras, se quintuplicaron -en algunos casos- los presupuestos.
Respecto a la estructura que desde el Estado “sólo debía favorecer a Austral Construcciones con los contratos viales”, la fiscalía sostuvo que “la regla fue el abuso de poder, la ilegalidad y la arbitrariedad” y que por ese motivo “corresponde analizar las responsabilidades de las más altas autoridades, que no podían desconocer esto. Fue un manejo ilegal y sistemático de la obra pública en Santa Cruz”.
Luciani profundizó su razonamiento, y no dudó en decir que Austral estaba lejos de ser una empresa real: “fue sólo una cáscara que en 2015 desapareció (cuando Cristina Kirchner dejó la Casa Rosada)”. No dejó pasar por alto el vínculo de Báez con los ex presidentes. “Acá no se va a juzgar la relación de confianza, porque no constituye un delito. Pero la cercanía de Austral con los ex presidentes permitió que se beneficie, se proteja y nunca se controlara a sus empresas, disfrazando los verdaderos designios criminales”.
Entonces expuso un criterio más amplio que une a la corrupción con la pobreza: ese esquema de “beneficios ilegales a favor de Báez muestra que el objetivo no era realizar rutas; privaron a la ciudadanía de fondos que eran de todos, defraudaron la correcta administración y degradaron las instituciones”.
Una expresión se reiteró a lo largo de la jornada inaugural del alegato de la fiscalía: los “expedientes hablan, gritan”. La figura se utilizó para exponer con una gran cantidad de documentación cómo “los funcionarios dejaron sus huellas marcadas por todos lados”.
Resoluciones que favorecían a Báez con el anticipo de fondos superando el 20% permitido por ley, redeterminaciones de costos “para obras con retrasos injustificados”, licitaciones donde sólo participaban empresas del Grupo Austral “y nadie se asombraba”, directorios del holding en los que figuraban “funcionarios que debían controlar a Báez”. Conclusión: “había una decisión de no controlar para poder cumplir con el plan criminal”, aseguró el fiscal .
