'EL DEDO EN LA LLAGA' (L a V, 12hs)

Urribarri, aferrado a la embajada a pesar de la condena por corrupción













Renunció en abril, pero aún ejerce en la sede diplomática y falta un decreto del Presidente para su retorno.

LN+
Urribarri, el 25 de Mayo, en la embajada argentina en Tel aviv

Ya hace casi dos meses que el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri fue condenado a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por delitos de corrupción. Sin embargo, y a pesar de que el mismo día de la condena anunció su renuncia como embajador en Israel, sigue al frente de esa sede diplomática, donde acaba de encabezar el acto oficial por el 25 de Mayo, según confirmaron fuentes con acceso a la embajada.


El exgobernador de Entre Ríos y renunciado embajador en Israel Sergio Urribarri sigue en ese país, pese a haber renunciado públicamente a comienzos de abril último, tras ser condenado a ocho años de cárcel por corrupción.

La presencia del exfuncionario en ese país y su vinculación a la delegación oficial se confirmaron en las últimas horas tras la difusión de una imagen en el canal LN+ que, según fuentes con acceso a la embajada. lo muestra en el acto por el 25 de Mayo.

Ante la consulta de La Nación, fuentes oficiales argumentaron que Urribarri “ya está renunciado” y que “está finalizando su proceso de desvinculación de la tarea diplomática correspondiente al caso en virtud a su previa designación como representante argentino ante dicho Estado y hasta tanto no se haga efectiva su desvinculación, no puede abandonar la delegación argentina”.

La oposición había presentado en los últimos días pedidos de informes dirigidos a la Cancillería para conocer por qué Urribarri seguía en Tel Aviv.

En el Gobierno agregaron que a los embajadores “los designa y los da de baja un decreto presidencial” y que Urribarri “está renunciado, pero necesita el decreto presidencial para que cierre el trámite administrativo”.

Antes de su regreso, un jury de Entre Ríos destituyó a la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, quien había impulsado la investigación contra el exgobernador.

En la Casa Rosada argumentaron que “no está prohibido que esté en Israel” y destacaron que Urribarri “no tiene” condena firme. “Es el trámite que demora una renuncia de este tipo y no hay nada ilegal, porque Urribarri ni siquiera tiene sentencia firme”, detalló una fuente a La Nación.

“Pasaron más de 45 días desde que se informó la renuncia del embajador Urribarri. Ya debería estar de regreso en el país, pero nada de esto consta en documentos oficiales”, posteó en sus redes el diputado Fernando Iglesias, de Juntos por el Cambio. Tras ello, se conoció la presentación de un pedido de informes al canciller Santiago Cafiero, que lleva la firma de otros legisladores como Waldo Wolff, Rogelio Frigerio, Graciela Ocaña y Pablo Torello, entre otros. “Apuntar a Cafiero es desconocer los mecanismos del Estado”, dijeron a La Nación fuentes del Poder Ejecutivo. Y explicaron que el canciller ya firmó el decreto de renuncia. “Está terminándose el trámite administrativo que incluye un decreto presidencial”, completaron.

Urribarri fue condenado el 7 de abril pasado a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua y absoluta para ejercer cargos públicos. Entonces, en el oficialismo las lecturas sobre lo sucedido con la condena se dividían. Mientras algunos reconocían su sorpresa por el volumen de la condena y la cantidad de hechos de los que se lo encontró responsable, otros aseguraban que no tenían un “análisis” sobre eso, pero sí admitieron que se seguía el caso porque según la resolución, iba a “traer consecuencias”. La Justicia entrerriana encontró al exgobernador peronista, que cumplió mandato entre 2007 y 2015, culpable de los delitos de negociación incompatible con la administración pública y peculado. El fallo, que fue por unanimidad, lo inhabilita a ejercer cargos públicos en forma perpetua. En el debate se puso bajo la lupa su gestión como gobernador en el período comprendido entre 2010 y 2015 y se lo acusó de ser parte de un esquema de cartelización de empresas que posibilitó desvíos de fondos.

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