Quienes son funcionarios públicos deben hacerse cargo de sus actos

























 

AUDIO PROGRAMA RADIAL 'EL DEDO EN LA LLAGA' DEL MARTES 31/5/2022. Comentario apertura-tema abordado:  El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, analizó la sentencia a ocho años de prisión que le impuso el Tribunal de Juicio de Paraná al ex gobernador Sergio Urribarri por hechos de corrupción ocurridos durante su gestión.

Urribarri volvió a calificar de "mamarracho jurídico" el fallo y sostuvo que las acciones por las que fue sentenciado son "actos de gobierno no judiciables".

Los abogados del ex gobernador pidieron a Zaffaroni que se pronuncie sobre la sentencia, "ante la arbitrariedad y la violación de principios constitucionales que estamos soportando", expresó Urribarri.

"Si bien mediáticamente este caso se conoció como 'megajuicio', se me juzgó por la instalación de un parador en una playa de Mar del Plata para difundir el turismo, por la contratación de carteles en rutas y cuatro spots para comunicar acciones de gobierno y por la publicación de un aviso y de una solicitada contra los fondos buitre", dijo Urribarri en su cuenta de Facebook. Añadió que "todas las acciones de gobierno que se juzgaron -que para la ley son decisiones que tuve la potestad de tomar como gobernador votado por la amplia mayoría del pueblo entrerriano- no deben ser revisadas por el Poder Judicial. Se llaman técnicamente 'actos de gobierno no judiciables'".

Sobre su situación judicial, Urribarri manifestó que "con este fallo arbitrario se abre en Entre Ríos una puerta muy peligrosa hacia la persecución y la judicialización de la política. Yo voy a seguir batallando para cerrarla porque no quiero que en mi provincia todo lo que haga un concejal que quiere ser intendente, un intendente que quiere ser gobernador o un gobernador que quiere ser presidente pueda ser pasible de una condena penal".

Al respecto, el ex juez Eugenio Zaffaroni, sostuvo: "Si 'claramente' cuando cualquier titular de un Poder Ejecutivo firma la última foja de un expediente administrativo está omitiendo la verificación de la regularidad de todo el trámite cuya firma corona, porque es 'garante' de esta, y si fuese 'evidente' que con eso se da por cierto que tiene conocimiento de cualquier irregularidad que nadie le ha señalado en el trámite que llega a sus manos, o bien que, en esa circunstancia también resulte 'claro' que pasa a ser el jefe de una asociación ilícita integrada por su propia administración, me permito observar que sería prácticamente imposible ejercer cualquier función ejecutiva y, aún más, que nadie estaría dispuesto a correr semejante riesgo", resaltó.

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