El máximo tribunal del país ordenó que se detenga el juicio político a la fiscal que investigó al ex gobernador Urribarri

La Corte frena el juicio a la fiscal que investigó a Urribarri. Por unanimidad, aceptó el amparo de Goyeneche que llevó casos de corrupción del ex embajador en Israel.

• Clarín
• 11 May 2022
• Daniel Santoro dsantoro@clarin.com

 Aval de la Corte a la fiscal que investiga la corrupción. La fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche fue respaldada ayer por la Corte Suprema.

Por unanimidad, la Corte Suprema aceptó un pedido de acción de amparo de la fiscal anticorrupción de Entre Ríos Cecilia Goyeneche. El Tribunal ordenó así que se detenga el juicio político que enfrenta la funcionaria que investigó al ex gobernador entrerriano Sergio Urribarri mientras se decide la cuestión de fondo sobre la legalidad del proceso. El ex embajador argentino en Israel fue condenado a ocho años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por haber sido hallado culpable de los delitos de negociaciones incompatibles con la administración pública y peculado.

La Corte Suprema aceptó ayer, por unanimidad, el pedido de amparo de la fiscal anticorrupción de Entre Ríos Cecilia Goyeneche contra el jury que se desarrolla en su contra. Así el juicio político deberá suspenderse mientras se decide la cuestión de fondo sobre la legalidad del proceso.

El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos había rechazado el amparo.

La Corte, con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, entendió que esta decisión “cierra toda posibilidad –actual o futura- de que la actora pueda plantear judicialmente la alegada irregularidad en la conformación del órgano acusador”. Esa situación la “invoca como una afectación del debido proceso constitucional”.

Sin que implique adelantar opinión sobre el fondo del asunto (la legalidad del jury), la Corte señaló que “lo resuelto por el a quo (el tribunal superior de Entre Ríos) desatiende las evidentes diferencias sustanciales entre la actora, en tanto magistrada sometida a un jurado de enjuiciamiento que defiende sus derechos, y el Procurador General provincial, que actúa en resguardo del interés general, institucional y de la legalidad”.

La Corte agregó que “la respuesta meramente dogmática de la máxima instancia jurisdiccional local carece de todo desarrollo argumentativo racional respecto de las cuestiones reseñadas”. En consecuencia “no satisface la garantía constitucional de fundamentación de las sentencias judiciales, correspondiendo su descalificación como acto judicial válido”, agregó el fallo de la Corte.

Así en sintonía con el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, la Corte hizo lugar a la queja interpuesta por Goyeneche, declaró procedente el recurso extraordinario y revocó la sentencia apelada. Al mismo tiempo, la Corte ordenó que se dicte un nuevo fallo con arreglo a lo expresado en este pronunciamiento.

El fallo de la Corte no suspende automáticamente el jury, pero ante una sentencia del máximo Tribunal de Justicia del país es muy difícil que el jurado de enjuiciamiento entrerriano decida seguir adelante y destituya a Goyeneche, se explicó en fuentes judiciales.

La fiscal anticorrupción pedirá mañana al jury que no dicte sentencia debido al fallo de la Corte y habrá que esperar una resolución formal del jurado de enjuiciamiento.

Pero en el caso hipotético que la destituya, Goyeneche podrá volver a reclamar su restitución en base al fallo de la Corte. Si antes de fin de año no hay resolución del jury, se caerá el juicio político contra Goyeneche.

Por otra parte, el fallo de la Corte ordena al Superior Tribunal de Justicia volver a dictar una sentencia sobre la causa que abrió Goyeneche en la justicia local donde una jueza de instrucción aceptó que el jury era ilegal. Por los tiempos del máximo Tribunal, es seguro que primero se definirá el jury y luego del Superior Tribunal.

Mientras la mayoría de los procuradores de las provincias están reunidos en Paraná, donde se realiza el jury, como un gesto de apoyo a Goyeneche a quien los K quieren destituir en forma inmediata.

La Corte se expidió sobre Goyeneche luego de que ayer el procurador general de la Nación interino, avaló el recurso de queja con el que Goyeneche pidió una cautelar por considerar que su jury está lleno de irregularidades.

El caso de Goyeneche estalló el año pasado, cuando el oficialismo peronista de Entre Ríos comenzó una avanzada contra ella, y logró suspenderla el 30 de noviembre, como medida previa al inicio del jury con el que desde esta semana buscaban destituirla.

La fiscal está cuestionada por su labor en la llamada causa de los contratos truchos en la Legislatura entrerriana, en el que se determinó un desvío de 52,5 millones de dólares de fondos públicos.

A Goyeneche, fiscal anticorrupción y procuradora adjunta de Entre Ríos, le imputan no haberse excusado en ese expediente aunque su marido es muy amigo y había sido socio de uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla.

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El máximo tribunal hizo lugar a un reclamo de Goyeneche por el jury en su contra.

• LA NACION
• 11 May 2022
• Hernán Cappiello

La Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló por unanimidad el reclamo de la fiscal anticorrupción de Entre Ríos Cecilia Goyeneche, en el que denunció irregularidades en el jury que se desarrolla en su contra.

La fiscal anticorrupción, coordinadora de un equipo que consiguió la condena a ocho años de cárcel del exgobernador Sergio Urribarri, se convirtió en la acusada de un juicio político que ahora podría frenarse. “La Corte me dio un respaldo, por lo rápido que sacó mi sentencia”, interpretó Goyeneche.

La Corte Suprema de Justicia avaló por unanimidad el reclamo de la fiscal anticorrupción de Entre Ríos Cecilia Goyeneche en el que denunció irregularidades en el jury que se desarrolla en su contra.

La fiscal anticorrupción, coordinadora de un equipo que acaba de conseguir la condena a ocho años de cárcel del exgobernador Sergio Urribarri, se convirtió en la acusada de un juicio político que avanza a toda velocidad, pero que ahora podría frenarse por el fallo de la Corte.

La sentencia del máximo tribunal no manda a suspender el jury, pero revoca un fallo del Superior Tribunal de Justicia que había rechazado un amparo de Goyeneche para suspenderlo y le manda dictar un nuevo fallo.

Ahora la decisión quedó en manos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y del jury, tras esta firme señal de la Corte de abocarse de inmediato al asunto. Sobre todo teniendo en cuenta que la causa llegó a su conocimiento hace menos de 10 días, fue analizada por los secretarios, enviada al procurador Eduardo Casal, que dictaminó en el mismo sentido que el fallo de la Corte, y se dictó una rápida sentencia antes de que se dicte sentencia en el juicio político contra la funcionaria.

Ahora el Superior Tribunal de Entre Ríos deberá dictar un nuevo fallo para contestar el planteo de Goyeneche de que su jury es inconstitucional porque se reemplazó al fiscal por un fiscal ad hoc (un abogado extraído de la lista de conjueces, que oficia de fiscal).

En línea con lo dictaminado por Casal, el máximo tribunal hizo lugar a una queja interpuesta por Goyeneche, declaró procedente el recurso extraordinario y revocó la sentencia apelada, al tiempo que ordenó que se dicte una nueva.

La Corte falló con las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Sin que implique adelantar opinión sobre el fondo del asunto, la Corte señaló que “lo resuelto por el a quo [el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos] desatiende las evidentes diferencias sustanciales entre la actora [Goyeneche], en tanto magistrada sometida a un jurado de enjuiciamiento que defiende sus derechos, y el procurador general provincial, que actúa en resguardo del interés general, institucional y de la legalidad”.

La Corte agregó que “la respuesta meramente dogmática de la máxima instancia jurisdiccional local carece de todo desarrollo argumentativo racional respecto de las cuestiones reseñadas, y en consecuencia no satisface la garantía constitucional de fundamentación de las sentencias judiciales, correspondiendo su descalificación como acto judicial válido”.

Goyeneche denuncia que la persiguen por haber investigado “la mayor causa de corrupción de la historia de la provincia” –que no es la de la condena del exgobernador, es un caso todavía más escandaloso–, mientras que los abogados que pidieron su destitución, defensores en el juicio, dicen que ella no es lo que aparenta, que en realidad pactó con el poder para simular avances judiciales que no son tales y que de esta supuesta conspiración participa también su jefe, el procurador de la provincia.

El jury contra la fiscal Goyeneche está en su etapa final en momentos en que la funcionaria le pidió a la Corte que lo suspenda.

Además de coordinar el equipo de fiscales que promovió el juicio oral y consiguió la condena de Sergio Urribarri, Goyeneche también trabaja en una investigación por contratos truchos que involucran a políticos de todos los partidos y un perjuicio económico de US$53 millones.

Denunciantes de esas causas la acusaron de no haberse excusado a pesar de que uno de los imputados había sido allegado a su esposo y habían compartido un fideicomiso. El jury prosperó y está en curso.

Goyeneche se quejó de que en su jury el Ministerio Público Fiscal fue apartado y reemplazado por un abogado de la lista de conjueces, como acusador. La decisión de apartar al Ministerio Público Fiscal se tomó porque el jefe de Goyeneche, el procurador de la provincia también fue denunciado y los jueces del superior tribunal de justicia creen que ningún fiscal podía ser ecuánime. Una decena de abogados se excusaron de intervenir.

La Justicia provincial aceptó la media cautelar de Goyeneche en primera instancia, pero la Cámara y el Superior Tribunal de Justicia de Justicia le fallaron en contra. La Corte ahora se atuvo al dictamen de Casal, revocó y reenvió el expediente a la provincia para que dicte un nuevo fallo.

Así la causa podría quedar congelada en esa instancia provincial. El jury ya terminó de escuchar la prueba y los alegatos de las partes, con lo que solo resta que dicte un fallo. Tiene tiempo hasta fin de mes para hacerlo.