El Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos enviará a la legislatura entrerriana un proyecto para declarar "el estado de emergencia pública en materia económica, sanitaria, administrativa y previsional por un año". La iniciativa prevé un aumento de aportes a la Caja de Jubilaciones de quienes perciben haberes más altos. También que las entidades financieras y los propietarios de superficies rurales superiores a 1.000 hectáreas hagan una contribución especial.
El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Ángel Giano habló sobre el proyecto y afirmó que "es una ley progresista, que claramente busca la solidaridad, que el que más tiene y más gana, más pague".
Aquellos sectores a los que les ha ido bien a pesar de la pandemia, como el caso de las entidades financieras y las droguerías, se les va a aumentar el impuesto, y también a los propietarios de más de 1000 hectáreas, que en este caso es el 3% de los que pagan el impuesto Inmobiliario Rural".
También se busca paliar el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia.
Proyecto de Ley de Emergencia Solidaria
A raíz de "la crítica situación económica, la disminución de recursos fiscales y la fuerte inversión que demanda la situación sanitaria y social", el Poder Ejecutivo propone a la Legislatura una serie de medidas "con criterios de progresividad y solidaridad", informaron desde el gobierno entrerriano.
Señalaron que "el objetivo es asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado, garantizar derechos esenciales y asistir al sistema de salud en la pandemia".
El Poder Ejecutivo provincial enviará a la legislatura entrerriana un proyecto para declarar "el estado de emergencia pública en materia económica, sanitaria, administrativa y previsional por un año", y se aplicará "al Ejecutivo, entes descentralizados y poderes Legislativo y Judicial".
En líneas generales, la iniciativa prevé un aumento de aportes a la Caja de Jubilaciones de quienes perciben haberes más altos. También que las entidades financieras y los propietarios de superficies rurales superiores a 1.000 hectáreas hagan una contribución especial.
El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Ángel Giano habló sobre el proyecto y afirmó que "es una ley progresista, que claramente busca la solidaridad, que el que más tiene y más gana, más pague".
En tal sentido, explicó que la iniciativa "pretende destacar la solidaridad, el compromiso en base a una mayor capacidad contributiva. Aquellos sectores a los que les ha ido bien a pesar de la pandemia, como el caso de las entidades financieras y las droguerías, se les va a aumentar el impuesto, y también a los propietarios de más de 1000 hectáreas, que en este caso es el 3% de los que pagan el impuesto Inmobiliario Rural".
El legislador dio cuenta que también se busca paliar el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia. Para ello, "al 15% de los empleados y funcionarios se les va a exigir un aporte mayor; el 85% ciento de los activos va a seguir pagando lo mismo; en tanto que los pasivos que perciben una jubilación mayor a 75.000 pesos, van a tener un aporte solidario para constituir un fondo durante el año que dure la emergencia".
Además, "la ley pretende la centralización del aumento de los haberes en cabeza del Poder Ejecutivo en base a o que se pueda acordar con los gremios, porque hay organismos del Estado que tienen regímenes especiales para aumentar salarios a diferencia del Ejecutivo; lo que se quiere es que cuando se puedan aumentar los sueldos, que en lo inmediato no se va a poder, el porcentaje sea el mismo para todos los poderes y organismos del Estado".
Giano manifestó que se realizó una reunión con los presidentes de los bloques de la Cámara Baja "y seguramente tendrá ingreso en la próxima sesión".
En el marco de la emergencia sanitaria, el trabajo en Diputados se realiza de forma virtual, tanto las sesiones como las reuniones de las distintas comisiones.
Elonce.com
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El déficit previsional per cápita de Entre Ríos es el segundo más grave del país, detrás de Santa Cruz
Antes que Gustavo Bordet en Entre Ríos, quien la semana pasada anunció una ley de “emergencia solidaria” que intenta bajar el déficit de la Caja de Jubilaciones, su par de Córdoba, Juan Schiaretti, encargó una reforma del sistema jubilatorio que le ahorrará al tesoro de la provincia mediterránea $7500 millones este año.Con casi dos años de caída tanto de la recaudación propia como también de los recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos, y con un incremento de los gastos para hacer frente a las consecuencias de la pandemia del Covid-19, las finanzas provinciales crujen y no hay mucho espacio por dónde recortar.
En el caso cordobés, una de las claves de la reforma aprobada en el mes de mayo es que se dispuso una nueva modalidad para el cálculo del haber inicial. Hasta ahora el Estado provincial pagaba el 73% del salario bruto que se tenía en actividad; con la modificación se pasará al 67% (seis puntos menos). Otro cambio es que se volverán a diferir el momento en que reciben los aumentos los jubilados, una vez que se otorga la suba a los trabajadores activos. Hoy ese incremento se da en forma simultánea, pero el proyecto de Schiaretti planteó demorarlo dos meses
Además de Córdoba, las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego mantienen los sistemas jubilatorios de los empleados estatales bajo su órbita. Todas esas cajas -con excepción de la misionera- están en rojo, porque los aportes de los trabajadores activos no alcanzan. Entonces, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) cubre una parte (equivalente al déficit que existiría si el sistema hubiera sido traspasado), en tanto que del resto deben hacerse cargo las propias provincias.
El problema, de larga data ya, alcanza a las jurisdicciones que decidieron no transferir sus sistemas a la Nación entre los años 1994 y 1996. En aquel entonces sí dejaron de tener regímenes propios, por sus empleados públicos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. Ese pase incrementó el rojo del sistema nacional.
Con datos consolidados al primer semestre de 2019 (últimos números oficiales auditados), el desequilibrio acumulado en esos seis meses fue de 13.394 millones de pesos en el caso de la provincia de Buenos Aires; de 7979 millones de pesos en la caja de Córdoba; de 6873 millones de pesos en Santa Fe; 5816 millones de pesos en Entre Ríos, y 3472 millones de pesos en la provincia patagónica de Santa Cruz. En el resto de las jurisdicciones el rojo estuvo en el período observado por debajo de los 2000 millones de pesos.
Si la medición del déficit de cada lugar se calcula per cápita, Santa Cruz encabeza el ranking con 9734 pesos; le siguen Entre Ríos (4237 pesos); Formosa (3161 pesos); Chubut (2328 pesos) y Córdoba (2144 pesos). Esos datos se desprenden de un análisis realizado por los economistas Marcelo Capello y Laura Caullo, del Ieral de Fundación Mediterránea. En 2018, las trece cajas le significaron a las cuentas de la administración nacional transferencias por 19.529 millones de pesos, en tanto que el año pasado el monto llegó -según la estimación del centro de estudios económicos- a unos 24.000 millones de pesos.
El trabajo del Ieral determina que el conjunto de sistemas previsionales provinciales -tanto los transferidos a la Nación como los que se mantienen en cada jurisdicción- presentan un déficit cuando solamente se consideran los egresos y los ingresos previsionales. Para el primer semestre de 2019, ese desequilibrio resultó de 1079 pesos per cápita promedio en el primer grupo y de 1413 pesos en el segundo. La diferencia es que las que no pasaron a estar bajo la órbita de la Nación se financian en su mayoría con recursos de los respectivos gobiernos provinciales y, en menor medida, con transferencias nacionales.
El desequilibrio de las cajas "disminuye la posibilidad de ejecutar gastos de capital y/o compromete las posibilidades de afrontar las obligaciones por deudas" de las provincias, según advierte el informe del Ieral, respecto de las consecuencias de la situación.
Para tener una idea de la magnitud del problema, el informe expone datos que muestran que el déficit previsional puro representó 12% de los recursos corrientes de la provincia de Santa Cruz en el primer semestre de 2019, en tanto que en Entre Ríos ese índice fue del 10%. En Córdoba y en Santa Fe el peso del rojo equivale a alrededor de 6% de los ingresos corrientes (los propios más los transferidos desde la gestión de la Nación).
Si se consideran solamente los recursos tributarios propios, el rojo equivale a 107% de esos ingresos en Formosa y a 45% en Entre Ríos. Y en Córdoba y en Santa Fe, a alrededor de 22%.
¿Qué pasaría si esas provincias hubieran pasado sus sistemas a la Nación? ¿Cuánto más podrían haber invertido en el primer semestre de 2019? Según el informe citado, en ese supuesto Santa Cruz podría haber multiplicado por seis la inversión realizada; Entre Ríos, por 3,2; Buenos Aires, por 2,7; Córdoba podría haber ejecutado un 66% adicional de inversión pública y Santa Fe, un 54% más que el número real.
Si se mide el gasto previsional con relación al gasto corriente, ese guarismo resulta del 25% en Entre Ríos; de 24% en Santa Cruz; de 23% en Córdoba; de 21% en Formosa y en Santa Fe, y de 20% en Buenos Aires. Esto es, el gasto en jubilaciones puede resultar equivalente hasta a un cuarto de las erogaciones corrientes en las provincias con sistemas previsionales propios.
Condiciones desiguales
Las trece cajas no transferidas cuentan con diferentes tasas de aportes y contribuciones para diferentes regímenes, las cuales también difieren con relación al esquema nacional. Y este fue un factor clave en las discusiones que hubo en los últimos años por el financiamiento del déficit.Por ejemplo, en cuanto a la edad que se debe tener para el retiro, se destacan los casos de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Tierra del Fuego, Chubut, Entre Ríos, Neuquén y especialmente Santa Cruz, por tener los números más bajos. En el último caso, los empleados públicos se jubilan con 54 años en el caso de los varones y con 50 años si se trata de mujeres.
En el sistema nacional, la edad general exigida es de 65 años para los hombres y de 60 años para las mujeres, en ambos casos, con 30 años de aportes hechos.
Hay una mayor homogeneidad en ese último punto: los años de contribución requeridos. Solamente las provincias de La Pampa y Buenos Aires (con 25 y 22 años, respectivamente) resultan menos exigentes que el resto, que piden 30 años al igual que la Nación. Salvo Chaco, Formosa y La Pampa, el resto aplica aportes personales mayores a los del régimen gestionado por la Anses (11%). Las mayores tasas personales se aplican en Corrientes y en Misiones, con 18,5% y 19%, respectivamente.
Respecto de las contribuciones patronales, Buenos Aires y Misiones muestran guarismos inferiores al sistema nacional y también al resto de las provincias con cajas previsionales no transferidas. En el otro extremo, Chubut y Corrientes presentan las mayores contribuciones patronales, con el 18% y 18,5% en cada uno de los casos.
