Urribarri, designado y rechazado

URRIBARRI, EL EMBAJADOR CON CAUSAS PENDIENTES.



El ex gobernador peronista Sergio Urribarri fue oficializado como embajador en Israel

PUBLICACIÓN DEL 7 DE ENERO DE 2020 -textual-.

Urribarri será uno de los embajadores políticos que eligió el presidente Alberto Fernández para representar al país en el exterior. El gobierno de Israel le otorgó el placet de estilo durante el pasado fin de semana y ya está habilitado para viajar y asumir el control de la embajada argentina que dejó vacante Mariano Caucino. Ejercerá su rol “en comisión” hasta que el Senado cumpla con la formalidad de avalar su designación.


En Entre Ríos rechazan la designación del Embajador que Argentina nombrará para Israel

PUBLICACIÓN DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 -textual-.

Rodolfo Miguel Parente es un ex Convencional Constituyente y ex Legislador por el Bloque Radical de Entre Ríos. Conoce a la perfección a “propios y ajenos”, sus causas, sus gestiones y sus acciones. Por todos estos motivos, se opone por “escandalosa” la designación de Sergio Uribarri como Embajador en Israel para la nueva gestión del Gobierno de Alberto Fernández.

Rodolfo Miguel Parente es un ex Convencional Constituyente y ex Legislador por el Bloque Radical de Entre Ríos. Conoce a la perfección a “propios y ajenos”, sus causas, sus gestiones y sus acciones. Por todos estos motivos, se opone por “escandalosa” la designación de Sergio Uribarri como Embajador en Israel para la nueva gestión del Gobierno de Alberto Fernández.

A pesar o justamente porque Uribarri  (ex Diputado Nacional y ex Gobernador de la provincia de Entre Ríos) compartió funciones políticas para la misma provincia contemporáneamente con Parente, es que pide al Bloque de Entre Ríos que no permitan esta designación.

Rodolfo Parente con Raúl Alfonsín - Foto : Perfil de Parente en Facebook


Parente considera “escandalosa” la designación por tres motivos: por las causas que tiene en su contra (que no serían pocas); porque duda de la “idoneidad” de Urribarri para representar a la Argentina justamente ante un país tan importante como Israel, que tiene una comunidad argentina de importancia, porque está rodeado por países que le son hostiles y por  la problemática palestina .

Rodolfo Parente explicó que hay tres temas fundamentales y sensibles en la relación diplomática entre ambos países y son el Atentado a la Amia, el Atentado a la Embajada de Israel y la muerte de Nisman.  Si la casualidad es posible, entonces una gran casualidad que los tres hechos sucedieron bajo gobiernos peronistas. Agregó que está seguro de la solidaridad de Uribarri con la ex Presidente Cristina F. de Kirchner en la estrategia y el voto por el memo con Irán y sus consecuencias nefastas. También se preguntó qué preparación tiene este hombre con la situación de Medio Oriente. Estas declaraciones las vertió en un programa radial llamado “A quien Corresponda” por Radio La Plaza.

Por último, comentó: “un gobierno que asume no tiene libertad para hacer lo que se le antoje, llevarse por delante los derechos, declarar la emergencia y transformar al Congreso en una escribanía nuevamente, yo creía que iba a ser diferente. No se puede transformar el Congreso ni el servicio exterior en un aguantadero de personas investigadas por la Justicia. Por eso es escandaloso y me avergüenza como entrerriano”.

Sergio Uribarri - Foto: Wikipedia


Y cerró con estas palabras: “Me avergüenza que esto en Buenos Aires no se conozca. A veces hay gente en Buenos Aires que cree que los entrerrianos somos uruguayos y salvo por algunos periodistas no existimos en las noticias de los medios de Capital Federal y alrededores, creen que Uribarri es un petiso simpático, cuyos hijos juegan al fútbol y que es un tipo piola. Desconocen la catadura de este personaje y así va a pasar desapercibido, pero como entrerriano me avergüenzo, porque la provincia fue el albergue de miles de judíos que se radicaron en esta tierra y la hicieron claramente progresista”.

PUBLICACIÓN RELACIONADA -textual- de ENTRE RÍOS AHORA


Urribarri embajador: por qué quiere suspender los juicios


URRIBARRI, EL EMBAJADOR CON CAUSAS PENDIENTES. EntreRiosAhora accedió a la presentación que hicieron sus abogados, Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, en la que piden suspender los dos juicios por corrupción de 2020.

Los abogados del exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, batallan en los Tribunales para conseguir la suspensión de los juicios orales que tienen fecha para la primera parte de 2020. El esfuerzo se comenzó a dar días previos a una noticia que cambió el destino del exgobernador: la decisión del canciller Felipe Solá de enviarlo como embajador a Israel. Precisamente, este martes se conoció una novedad: el gobierno de Israel le otorgó el placet de estilo durante el pasado fin de semana y ya está habilitado para viajar y asumir el control de la embajada argentina que dejó vacante Mariano Caucino, según publica Infobae.

Mientras Urribarri prepara las valijas, sus abogados comenzaron una batalla judicial para conseguir la suspensión de uno de los juicios agendados para 2020. En realidad, la pelea de fondo tiene que ver con la exclusión de prueba e informes periciales que forman parte del andamiaje probatorio que el Ministerio Público Fiscal quiere llevar a las audiencias. La última palabra al respecto la tiene la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que ahora tiene que resolver un recurso extraordinario luego de varios traspié en tribunales inferiores.

El exmandatario y expresidente de la Cámara de Diputados, y recientemente designado embajador argentino en Israel, será juzgado este año en dos causas de amplia resonancia pública: en “la causa de la vaca”, en la que se lo investigó por el supuesto reparto amañado de pauta publicitaria hacia allegados, entre ellos su cuñado, Juan Pablo Aguilera; y en la causa denominada “Sueño Entrerriano”, en la que se lo acusa de haber utilizado fondos públicos para financiar su fallida campaña presidencial de 2015.

Para la primera de las causas ,se fijó que se lo siente en el banquillo, junto a otros imputados, desde el 27 de abril al 27 de mayo. En rigor, el debate se desarrollará los días 27, 28, 29 y 30 de abril; 5, 6, 7, 12 y 13, 14, 19, 20, 26 y 27 de mayo.

En tanto, en agosto iniciará el segundo juicio. Será los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 y 1°, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30 de septiembre.

Los argumentos para suspender los juicios

Los abogados de Urribarri solicitaron suspender las audiencias de juicio mediante una nota presentada ante la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA). ¿La razón? Una resolución clave que se encuentra pendiente.

Los defensores Raúl Barrandeguy y José Candelario Pérez señalaron que se encuentran a la espera de un fallo de la Sala Penal del STJ que consideran relevante para su estrategia defensiva. Lo hicieron a través de un escrito al que accedió Entre Ríos Ahora, que fue firmado por el abogado Ignacio Esteban Díaz, defensor del exministro de Comunicación de Urribarri y ahora exdiputado Pedro Báez.

Según pudo reconstruir Entre Ríos Ahora, los letrados calificaron como “improcedente” las resoluciones de OGA por la cual se fijaron las fechas de juicio, puesto que el artículo 493 del Código Procesal Penal entrerriano establece que “las resoluciones judiciales no serán ejecutadas durante el término para recurrir, ni durante la tramitación del recurso”. Es decir, que las apelaciones tienen carácter suspensivo del proceso.

Asimismo, hicieron un resumen de las apelaciones que fueron presentando. Informaron, en primer lugar, que el 13 de septiembre el juez de Garantías Ricardo Bonazzola rechazó la impugnación de pruebas que habían formulado.

En ese planteo, los letrados cuestionaron la legalidad del cotejo e intercambio de llamadas y mails de computadoras peritadas durante la etapa de investigación. Al respecto, consideraron que el uso de esa prueba viola el derecho a la intimidad garantizada en el artículo 19  de la Constitución nacional y que, en consecuencia, debe excluirse ese material probatorio.

Además, sostuvieron que los informes periciales se realizaron con peritos que no tendrían la idoneidad para tal fin. Precisaron también que no se habría cumplido con el artículo 304 del Código Procesal Penal, que establece que los exámenes periciales los debe efectuar el Cuerpo Pericial de Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, y no por peritos de la Fiscalía.

Plantearon que también se estaría violando el derecho de defensa y el debido proceso garantizados por el artículo 18 de la Constitución Nacional.

Luego informaron que la Cámara de Casación Penal confirmó la resolución de Bonazzola el 22 de octubre y que el día 30 el mismo tribunal desestimó un recurso de queja.

Así, explicaron que interpusieron un recurso de impugnación extraordinaria que le fue denegado el 21 de noviembre y, finalmente, fueron con un recurso de queja ante la Sala Penal del STJ. 

“El recurso de queja hoy está en trámite sin resolver por el máximo tribunal jurisdiccional”, remarcaron en la presentación ante la OGA.

Así las cosas, el 16 de diciembre la oficina encargada de fijar fecha de juicio requirió a la Secretaría de la Sala Penal que informe lo que resuelvan los jueces de la misma, Claudia Mizawak, Miguel Ángel Giorgio y Daniel Omar Carubia.

De este modo, la concreción de los juicios está sujeta a la resolución de los jueces de la Sala Penal. ¿Admitirán excluir la prueba de las llamadas y los mails? ¿Concederá el pedido de que los informes periciales vuelvan a elaborarse, esta vez por peritos del STJ? 

Causa de la vaca

La investigación penal conocida en Tribunales con el nombre de “La causa de la vaca”, tiene que ver con una de las tantas irregularidades que advirtieron los fiscales conforme avanzaban con la investigación: que la justificación de las publicidades en cartelería de vía pública para autorizar el pago, se hacía utilizando una misma foto.

El modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias. La tarea fue puesta en manos de los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que concluyeron su trabajo con un dato contundente: efectivamente, la misma vaca en distintos carteles. Pero más: se utilizaron fotografías truchas –retocadas, con algo de photoshop– con lo cual el engaño quedó en evidencia.

El volumen de las contrataciones entre 2010 y 2015 fue de $24 millones, de los cuales $12 millones se habrían pagado de modo fraudulento, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal. Los contratos se manejaban desde las empresas de Aguilera, Tep SRL y Next SRL, y en esas maniobras, los publicistas José María Bustamante y Hugo Montañana aceptaban las reglas de juego que les imponen: pagar “coimas” para conseguir contratos de publicidad.

La causa, caratulada “Urribarri Sergio D., Báez Pedro A., Aguilera Juan P, Cargnel Corina E., Bustamante Jesús J.M., Montañana Hugo E., Tamay Gustavo R., Almada Luciana B., Giacopuzzi Emiliano O., Almada Alejandro S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

En la causa, están los abogados Raúl Barrandeguy,  que ejerce la defensa de Urribarri junto a Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende representa a Urribarri, pero también a Aguilera y a su esposa, Luciana Almada; Ignacio Díaz defiende a Báez, junto a José Velázquez; Guillermo Vartorelli, a Gustavo Tamay, Emiliano Giacopuzzi y Corina Cargnel; Miguel Cullen, a Alejandro Almada, Maximiliano Sena y Corina Cargnel; y Gastón Rosenberg, defensor de Jesús Bustamante.

En mayo de 20018, el empresario Jesús Bustamante aceptó el rol de arrepentido y admitió haber estafado al fisco mediante un sistema de contratos de publicidad en vía pública de la que tomaron parte las firmas Tep SRL y Next SRL, ambas que se adjudican al cuñado Aguilrea, y Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay. Dijo haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los $3 millones, aunque en forma global la estafa es del orden de los $12 millones.

Sueño entrerriano

La causa megacausa del Sueño Entrerriano  incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones.

La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”. Los delitos que se le imputan a Urribarri y Báez son negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. En tanto, a los demás acusados se les reprocha los mismos delitos pero en grado de partícipes primarios.

Además de Urribarri y Báez, en la megacausa del “Sueño Entrerriano” también están acusados Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y exsecretario del bloque de senadores del PJ; Hugo Félix Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur; Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; el ex ministro de Turismo, Hugo José María Marsó; el titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; y la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera.

Para Urribarri la Fiscalía pide 9 años de prisión; para Báez, 8 años de prisión; para Gustavo Javier Tortul, 4 años de prisión; para Hugo Felix Céspedes, 4 años de prisión; Juan Pablo Aguilera, 8 años de prisión; Corina Elizabeth Cargnel, 6 años de prisión e inhabilitación especial; Hugo Marsó, 4 años de prisión; y Gerardo Daniel Caruso, 4 años de prisión. Además, para cada uno de los funcionarios o exfuncionarios pidieron la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una pena de multa de 90 mil pesos, ya que consideran que los hechos se habrían cometido con “ánimo de lucro”.


De la Redacción de Entre Ríos Ahora.