Tras una denuncia en Paraná del intendente Chapino, la Justicia inició una investigación que arrojó la detención de dos personas en Buenos Aires. Los individuos involucrados no pagaron cinco cargamentos de residuos que fueron transportados desde Federal.
Entrevistado el viernes 22 de noviembre en el programa radial ‘El dedo en la llaga’, el abogado Juan Pablo Passarella, comentó que el intendente de Federal, Gerardo Chapino, presentó una denuncia en Paraná por una estafa cometida contra la Municipalidad de Federal tras una operación comercial por la venta de un cargamento de residuos provenientes de la Planta Integral de Tratamiento de Federal.
El abogado Passarella anticipó que estaba en curso una investigación de la Justica por una estafa -que rondaría el monto del millón de pesos- cometida contra la Municipalidad de Federal.
La causa fue caratulada «Defraudación y Estafa a la Administración Pública», tras la denuncia del intendente de Federal, en sede policial de la ciudad de Paraná, y en la que tomó intervención Fiscalía, en primera instancia en Paraná, y posteriormente en Federal.
La causa se inició a partir de la denuncia del intendente de Federal, quien expuso que entre los días 16 y 28 de octubre (de 2019), se contactaron telefónicamente con la Municipalidad para concretar el transporte de cinco cargamentos de residuos reciclados, los cuales fueron valuados en más de un millón de pesos.
Transcurridos unos días, y al no concretarse el depósito del dinero por la operación de venta realizada, el jefe comunal de Federal resolvió formular la denuncia el 29 de octubre.
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La investigación derivó en que el pasado viernes 29 (/11/19), se dispusiera un allanamiento en Buenos Aires que arrojó la detención de dos personas, y la incautación de «elementos de interés para la cusa».
Los detenidos fueron trasladados a Federal a disposición de la Justicia interviniente.
Cuando el abogado Passarella hizo la revelación del caso, anticipó que en la operación estaba involucrado un empleado de la Municipalidad de Federal, por lo que la Justicia tendrá que determinar de quién se trata y cuál ha sido su participación, y si hubiere responsabilidad en el negocio que resultó perjudicada la comuna.
