Escándalo por estafa involucra a las principales fuerzas con representación en el Senado y la Cámara de Diputados de Entre Ríos


Se investiga el escandaloso fraude en la Legislatura de Entre Ríos, que a la fecha registra unos 350 contratos irregulares entre 35 y 50 mil pesos
El silencio ante la opinión pública es lo que mejor explica la dimensión del caso que involucra a las principales fuerzas con representación en el Senado y la Cámara de Diputados.
La Legislatura es un hervidero. Sin entrar en nombres propios, todo lo que se cuenta en off the record es coincidente.

Una boca de expendio de Entre Ríos Servicios figura en la misma dirección dónde funciona uno de los estudios contables allanados hace una semana en el marco de la investigación por el supuesto fraude en la Legislatura, según verificó Página Judicial. ¿Cómo surgió el dato? Pistas de un actor que, por ahora está fuera de la causa, pero más adelante puede llegar a tener gravitación. Las pistas, para descifrarlo, se las pueden hallar en una obra literaria.

10/10/2018| Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial 



En una ciudad chica todo se conoce. O, en todo caso, para llegar a la verdad el camino suele ser menos engorroso. Los hombres vinculados al poder inevitablemente suelen estar de un lado y del otro del mostrador. Eso los hace indulgentes o inquebrantables según la circunstancia. 
Gavin Stevens es un personaje encantador en la saga de cuentos de William Faulkner en su obra “Gambito de Caballo”. Es un abogado astuto, observador y tolerante con las peculiaridades y flaquezas de los amigos.
En la causa donde se investiga el escandaloso fraude en la Legislatura de Entre Ríos y que a la fecha registra unos 350 contratos irregulares entre 35 y 50 mil pesos hay un Gavin Stevens. Será, por su temperamento y su forma de actuar, un actor interesante en la historia que se empezó a tejer el 20 de septiembre cuando se detuvieron a los primeros sospechosos con tarjetas de débito en el cajero del Bersa de calle Alsina. Hoy, nuestro Gavin paranaense, orejea la información que vociferan en la comunidad judicial y en los pasillos del parlamento entrerriano. El hombre habla con peronistas y radicales.
Un allegado de Gavin está en problemas en todo este asunto. Esto lo tiene dolido y, obviamente, ofendido. Pero es su amigo. “No voy a permitir que en esta causa sólo caigan los perejiles”. Para el Gavin litoraleño su conocido es un perejil. Ampliaremos.
Un cajero a mano
El hermetismo es entendible si se tiene en cuenta que la causa está bajo secreto de sumario. Pero la dirigencia política no tiene esa prerrogativa. El silencio ante la opinión pública es lo que mejor explica la dimensión del caso que involucra a las principales fuerzas con representación en el Senado y la Cámara de Diputados. Sólo han hablado los senadores Angel Giano (PJ) y Raymundo Kisser (UCR). Quien tenga interés en conocer cómo funcionaba el sistema de recaudación a través de contratos firmados en la Legislatura y administrados por dos estudios contables, lo puede hacer. La Legislatura es un hervidero. Sin entrar en nombres propios, todo lo que se cuenta en off the record es coincidente.
El sistema, conocido en el ambiente de la política como una práctica de años, se bancarizó. Se perfeccionó en términos tecnológicos, pero también en logística al apelar a estudios contables. Esta decisión de sofisticar el supuesto fraude y la asociación ilícita que investigan los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry dejó una perlita.
Página Judicial dio cuenta de los dos allanamientos que se hicieron hace una semana. Uno fue el estudio de Gustavo Falco, ubicado en calle Misiones, entre Uruguay y Rosario del Tala. El otro el de Alfredo Bilbao y Ariel Faure, en el edificio tipo inglés, en la esquina de Alameda de la Federación y Córdoba.
El abogado Emilio Fouces envió a este sitio un comunicado en representación de Falco con una precisión: el lugar exacto del buffet. Refirió a Misiones 276. Y aclaró que “en el domicilio allanado funcionan distintas oficinas autónomas e independientes entre sí, donde desempeñan sus tareas otros profesionales”. (Ver Adjuntos)
En esa dirección funciona una boca de expendio de Entre Ríos Servicios, creado para ampliar la red de recaudación de impuestos y servicios a través de una red de agentes autorizados. En este caso el Bersa. Este servicio es común en los buffet que tienen importantes movimientos bancarios. Vale aclarar que no se puede en estos casas extraer dinero.
Con solo una llamada al 0810-8880404 se puede verificar que efectivamente allí, en esa dirección, funciona una oficina en el que se pueden pagar impuestos.
Según los datos que se conocen, los estudios contables eran quienes administraban los contratos y la relación con los contratados, a quienes se les pagaba entre 1200 y 3000 pesos por prestar su nombre. Los profesionales allanados –se especula– se encargaban de hacer los aportes a la AFIP y ATER de cada uno de los contratos. Expandir un negocio, a veces, trae problemas.


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Investigación judicial sobre irregularidades en el manejo de fondos
La Cámara de Diputados rechazó entregarle documentación sobre los contratos al Ministerio Público Fiscal
“Por no ajustarse lo requerido al Artículo 280 del Código Procesal Penal de Entre Ríos (CPPER) que cita para justificar el pedido”, la Cámara de Diputados de la provincia rechazó “la solicitud de documentación formulada por el Ministerio Público Fiscal mediante los Oficios N° 1309 y 1311 cursados en el marco del Legajo de Investigación N° 87933”, supo ANÁLISIS DIGITAL. El pedido judicial se debe a la investigación por presuntas irregularidades en unos 350 contratos de la Legislatura provincial, iniciada tras la detención de tres personas, empleadas de la Cámara de Senadores de la Nación, que fueron encontradas retirando dinero de un cajero automático con diversas tarjetas de débito a nombre de otras personas. “Observamos desproporcionada la solicitud presentada, el normal funcionamiento de un Poder del Estado como es el Poder Legislativo exige un obrar con prudencia, y por las razones expresadas, entendemos que no están dadas las garantías para cumplir con la requisitoria fiscal, por no ajustarse la misma al CPPER, la Constitución Provincial, Constitución Nacional y los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, en el marco de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho donde se han puesto en juego el funcionamiento de un poder del Estado y los derechos humanos del personal contratado”, indicaron los legisladores oficialistas para rechazar la requisitoria fiscal, a la que tildaron de “desproporcionada”. Cabe resaltar que la decisión de la Cámara fue prácticamente por unanimidad, ya que la única que votó en contra de la resolución fue la diputada Ayelén Acosta (Cambiemos - Paraná).

Entre los fundamentos de la resolución, que posee groseros errores de redacción e incluso mal escrito el nombre de uno de los fiscales, y a la que tuvo acceso ANÁLISIS DIGITAL, se recuerda que el viernes 5 de octubre ingresaron por Mesa de Entradas de la Cámara “los Oficios N° 1309 y 1311 cursados en el marco del Legajo de Investigación N° 87933, donde la procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche y los agentes fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry (N.R. el apellido del fiscal es Aramberri), se presentaron y solicitaron “la presentación en forma inmediata de documentación”.

La requisitoria es de contratos de obra o servicios originales gestados entre los años 2008 y 2018 en las oficinas donde se encontraren; los legajos administrativos correspondientes a cada uno de esos vínculos con sus correspondientes anexos; facturas emitidas por las personas que se individualizan en el anexo en favor de algunas de las Cámaras; resoluciones y/o decretos habilitando las contrataciones interesadas; registros de cumplimiento de contraprestación por alguna de las personas que aparecen contratados; todo tipo de registro de asistencia de las mismas. 

El plazo para la entrega de la documentación requerida impuesto por el Ministerio Fiscal fue de cinco días, el que expiraría el próximo viernes 12 de octubre.

Al rechazar el pedido fiscal, la Cámara “advierte que el contenido del artículo que se cita para justiciar la solicitud no se corresponde con los objetos o documentos que en virtud de dicha norma podría interesar”.

“Desconoce la Cámara cual podría ser la oportunidad de requerir información de una dimensión que se extiende en lo temporal a 10 años y en cuanto a los sujetos pasibles de investigación, a la situación de todos los contratados de obra y servicio que hubiese tenido y tenga este cuerpo durante esa época”, se indica. 

Y acotan que “tampoco los oficios fundamentan las razones para justificar la requisitoria que permitan que permitan evaluar la razonabilidad de lo solicitado en los términos del artículo 28 de la Constitución Nacional y 5 segundo párrafo de la Constitución Provincial”. 

Afirman además que "los contratos, legajos, facturas, resoluciones, decretos y registros claramente no encuadran en dicha norma con lo cual se concluye, con preocupación y gravedad institucional, que con la intempestividad observada en el obrar del Ministerio Público Fiscal, se pretenda la apertura de una investigación generalizada en relación a terceras personas que pudieron o pueden estar estar contratados por esta Cámara para desempeñarse bajo las órdenes de los señores legisladores, que sin observación ni reproche alguno en la tramitación de dicha contratación, ni en los términos de dicha relación -en este caso preparatoria- estigmatizándose de esta forma el trabajo en general de los colaboradores de este cuerpo legislativo". 

Consideran que "los contratados que resulten ajenos a esta investigación, seguramente la gran mayoría de aquellos sobre los cuales se requiere documentación, resultarán damnificados por el obrar estatal criminalizándose su noble trabajo, y más allá de las acciones por daños reparativas de los mismos, sabido es que existirá un grado de perjuicio en su dignidad y honra irreparable para cualquier persona de bien".

“Observamos desproporcionada la solicitud presentada, el normal funcionamiento de un poder del Estado como es el Poder Legislativo exige un obrar con prudencia, por las razones expresadas, entendemos que no están dadas las garantías para cumplir con la requisitoria fiscal, por no ajustarse la misma al CPPER, la Constitución Provincial, Constitución Nacional y los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, en el marco de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho donde se han puesto en juego el funcionamiento de un poder del Estado y los derechos humanos del personal contratado”, indicaron los diputados. 

En otro párrafo de la resolución, los legisladores sostienen que "por las razones invocadas, entiende este Cuerpo que lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal no se ajusta al artículo 280 del CPPER, se desconoce en qué consisten los hechos investigados en el marco del Legajo N° 87.933, aunque nunca podrían implicar a la totalidad de los contratados de obra y servicios de esta Cámara durante 10 años; no resulta razonable que así fuere por lo que si se pretendiere avanzar en una investigación penal sobre situaciones de una legalidad irreprochable como es la que goza presuntivamente la totalidad de las contrataciones en esta Cámara, hasta que se demuestre lo contrario, pues será entonces a partir de hechos delictivos concretos que sí podría investigar el Ministerio Público Fiscal que cumpliendo con las garantías del CPPER se requiera la prueba necesaria para avanzar en dicha investigación". 



La Justicia pidió contratos a 10 años, 
Diputados rechazó el planteo

Una resolución negó el pedido del Ministerio Público Fiscal. Se solicitaron todas las contrataciones a 10 años. Sólo votó en contra la diputada Acosta del PRO.

De la Redacción de Página Política

La Cámara de Diputados de la provincia aprobó una resolución por la que se rechaza un pedido del Ministerio Público Fiscal para que se aporte toda la información relativa a contrataciones, laborales y de otro tipo, desde el presente y hasta 10 años para atrás. 

La resolución que rechaza el exhorto judicial fue votada en la sesión del martes por los integrantes de todos los bloques, a excepción de la legisladora del PRO, Ayelén Acosta. 

El texto aprobado no incluye argumentos que fundamenten el rechazo. Según supo Página Política, en Diputados se consideró que el pedido debiera precisar la investigación en curso, los funcionarios o legisladores señalados, etcétera. 

“No contamos como Legislatura con los movimientos de los últimos 10 años del Poder Judicial cuando tramitaron los pedidos de juicio político a los vocales del Superior Tribunal”, mencionó un legislador como primer argumento y sugirió que habría “una intromisión de un poder sobre otro”.

“Se piden todos los contratos, laborales, de alquiler, de funcionamiento, de contratación del servicio de agua. Todo. Son tres camiones de documentación”, graficó.


En la Cámara de Senadores ingresó un exhorto judicial de similares características.

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