El conflicto salarial con los docentes entró en el terreno judicial: el Gobierno acudió con una presentación ante la Justicia Laboral y pidió que dicte la conciliación obligatoria, y de ese modo busca encorsetar a los maestros y llevar la negociación por el sendero de los Tribunales.
Pero el congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que este viernes sesionó en Colonia Avellaneda, dio un portazo: después de la sexta reunión de negociación salarial, que se desarrolló a mediodía en la Secretaría de Trabajo, y en la cual el Gobierno reiteró la oferta de un 15% de aumento, en tres tramos, dio por fracasada la paritaria, y dispuso un paro de 48 horas, para martes 10 y miércoles 11. El miércoles, además, habrá movilización provincial a Casa de Gobierno.
Ya hubo seis reuniones entre el Gobierno provincial y los sindicatos docentes, las dos últimas enmarcadas en la Ley de Paritaria, en la que sólo tienen representación Agmer y la Asociación el Magisterio de Enseñanza Técnia (Amet): en ninguna se alcanzó un acuerdo. El Gobierno primero ofreció un 15%, después un 17%, y al final retrotrajo la propuesta, y se quedó con el 15%, en tres tramos. Los gremios contestaron, invariablemente, con un rechazo.
Desde que el ciclo lectivo arrancó en la provincia, el 5 de marzo último, ya hubo seis días de paro docente, y con los dos ya votados, sumarán ocho jornadas, en poco más de dos meses de actividad escolar del calendario 2018. En respuesta, el Gobierno anunció la aplicación de un mecanismo de descuento de los días no trabajados, pero hasta ahora el impacto no ha sido amplio. Ahora, en el marco de la Ley N° 9.624 de Paritaria Docente, y agotada la negociación, el Poder Ejecutivo acudió a la Justicia para que dicte la conciliación.
La presentación del Gobierno recayó en el Juzgado Laboral N° 3, que está a cargo de José Antonio Reviriego, y se hizo con habilitación de día y hora: esto es, que se empieza a analizar el pedido durante el fin de semana.
El artículo 16º de la Ley de Paritarias establece que en caso de conflicto entre las partes y el fracaso de la negociación, “cualquiera de las partes podrá pedir al Juzgado de Trabajo en turno de la ciudad de Paraná que disponga la conciliación obligatoria, ordenando a las partes suspender las medidas que se hubieren dispuesto en relación al conflicto. Para el caso que el Juez interviniente interprete que se cumplimentan los requisitos de admisibilidad del pedido acogerá la medida peticionada por un término máximo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la resolución, dentro del cual se realizarán las audiencias de conciliación que el magistrado entienda necesarias. Vencido dicho plazo sin que se hubiere arribado a una fórmula de conciliación, automáticamente podrán las partes proseguir con las medidas suspendidas por el Juzgado”.
El Gobierno espera con expectación que la Justicia encarrile ahora el conflicto con los docentes, con lo cual la negociación se seguirá ahora en ese ámbito.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.
El conflicto docente se dirimirá ahora en la Justicia.
Luego de seis sucesivas negociaciones -que terminaron en fracaso, la última, este viernes, en la Secretaría de Trabajo- el Gobierno decidió pedir en la Justicia la conciliación obligatoria y así frenar eventuales medidas de fuerza de los maestros. El planteó recayó en el Juzgado Laboral N° 3, a cargo de José Antonio Reviriego.
La judicialización del conflicto docente se da mientras el principal gremio del sector, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) desarrolla un congreso provincial en Colonia Avellaneda, con lo cual encapsula así una eventual medida de fuerza que puedan votar los congresales.
Desde que arrancó el ciclo lectivo, el 5 de marzo último, ya se han concretado 6 jornadas de paro docente. En la reunión paritaria de este viernes, el Gobierno propuso un aumento del 15%, en tres tramos, que fue rechazada por los docentes.
“El derecho que peligra es el de aprender” que “está consagrado en la Carta Magna”, consigna el escrito presentado este viernes ante el Juzgado de Trabajo Laboral N° 3. También, se pone de relieve que “desde el Gobierno Provincial se han hecho todos los esfuerzos posibles en conversaciones informales inicialmente y luego en sede administrativa por llegar a un acuerdo con las entidades gremiales que permita el desarrollo normal de la actividad educativa”.
Es en ese marco, es que el Gobierno puso en conocimiento al Poder Judicial que “nuestro derecho de negociar de Buena Fe, se ha visto vulnerado y conculcado, entendiendo que la instancia judicial será el último eslabón posible para conseguir el acuerdo que ponga fin a la situación de conflicto”.
En el documento firmado por Miriam Clariá, abogada apoderada del Consejo General de Educación (CGE), con patrocinio letrado del Fiscal de Estado de la Provincia de Entre Ríos, el Gobierno promueve ante el Juzgado de Trabajo en turno de Paraná, la acción prevista en la Ley N° 9.624 de Paritaria Docente, a fin de que se disponga la conciliación obligatoria prevista y la suspensión de las medidas de fuerza dispuestas o a disponerse por el término previsto en el artículo 16 de esa ley, es decir, por un término de 20 días hábiles.
La demanda se promovió contra los dos sindicatos que tienen representación en la mesa paritaria, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet).
“Siendo que la modalidad gremial es repetida en cuanto a que al rechazo de una propuesta salarial siempre se le agrega una medida de fuerza, es que esta parte prevé inicialmente la necesidad de solicitar desde la promoción del presente la habilitación expresa de días y horas para el tratamiento del presente, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Entre Ríos”, señala el escrito.
Agrega que “la educación es una obligación sustantiva del Estado liberal y social de derecho, he aquí que el derecho que se pretende proteger y procurar no devenga ilusorio, siendo el peligro concreto, el derecho de los educandos a recibir educación en la calidad y cantidad tales que posibiliten el desarrollo de sus conocimientos, habilidades y su sentido de responsabilidad y solidaridad social”.
En otro orden, deja en claro que “la negociación se ha visto impedida por la actitud reticente de los gremios a discutir y comprender las limitaciones presupuestarias que le dan lógica y justificación a las propuestas cursadas, llegando incluso a realizarse medidas de fuerza mientras se sostenían estas negociaciones”.
“Lo manifestado no quiere significar que desconocemos el derecho de los trabajadores de la educación y en particular, el legítimo derecho de huelga, por el contrario, nuestra constitución ha insertado, una cláusula fuerte y operativa al consagrar la secuencia normativa: “Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos, recurrir a la conciliación y al arbitraje, “el derecho de huelga” (Art. 14 bis, segundo párrafo). Pero está claro que la Constitución quiere decir, primero negociar, pactar, restablecer equilibrios, corregir desigualdades, hacer efectiva la paridad negocial entre los gremios y los empleadores mediante la generación de la legislación negociada del convenio colectivo; después, establecer los mecanismos preventivos del conflicto conciliando y acudiendo voluntariamente al arbitraje, sin indicar si ésta es una actividad estatal y, finalmente, como último recurso, la potestad gremial de ejercer el derecho de huelga (el empleo legal de la fuerza)”.
Es en ese marco que deja en claro que se mantuvieron reuniones en Casa de Gobierno en febrero y marzo, donde se retomaron otras demandas, además de la salarial, donde se llegó a ofrecer más de un 17% y un compromiso de revisión permanente, aunque las estimaciones inflacionarias son del 15%. También se señala que se hizo la propuesta “responsablemente mediante un gran esfuerzo, debido a que es una provincia que hace más de tres años, no constriñe el fondo compensador para hacer frente a las erogaciones y financiamiento de los salarios”.
Agrega que “ante el agotamiento de las instancias de diálogo informal, tras las propuestas formuladas y ofrecidas en las audiencias de diálogo, que fueron de público conocimiento, fueron rechazadas, es que ante la inminente necesidad de arribar a un acuerdo y garantizar el derecho a la educación de todos los entrerrianos, dado el compromiso tomado de iniciar las mesa de discusión paritaria, y salarial, en particular, se solicitó a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social que se arbitren los medios para constituir un ámbito de negociación con los Sindicatos Docentes que tengan representación acreditada. Las dos reuniones paritarias fracasaron.
“En consecuencia no cabe otra alternativa que solicitar al Juzgado de Trabajo en turno que disponga la conciliación obligatoria”, indica el escrito antes de agregar que “atento la inminencia de las medida de fuerza y siendo voluntad de esta parte efectivamente negociar con los gremios para llegar a un entendimiento sin resentir el servicio educativo, solicitamos se habiliten para la tramitación del presente días y horas, disponiéndose de inmediato, la suspensión de las medidas de fuerza, convocándose a audiencia de conciliación y notificándose todo esto con habilitación de días y horas a los Secretarios Generales de ambos gremios”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.
Pero el congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que este viernes sesionó en Colonia Avellaneda, dio un portazo: después de la sexta reunión de negociación salarial, que se desarrolló a mediodía en la Secretaría de Trabajo, y en la cual el Gobierno reiteró la oferta de un 15% de aumento, en tres tramos, dio por fracasada la paritaria, y dispuso un paro de 48 horas, para martes 10 y miércoles 11. El miércoles, además, habrá movilización provincial a Casa de Gobierno.
Ya hubo seis reuniones entre el Gobierno provincial y los sindicatos docentes, las dos últimas enmarcadas en la Ley de Paritaria, en la que sólo tienen representación Agmer y la Asociación el Magisterio de Enseñanza Técnia (Amet): en ninguna se alcanzó un acuerdo. El Gobierno primero ofreció un 15%, después un 17%, y al final retrotrajo la propuesta, y se quedó con el 15%, en tres tramos. Los gremios contestaron, invariablemente, con un rechazo.
Desde que el ciclo lectivo arrancó en la provincia, el 5 de marzo último, ya hubo seis días de paro docente, y con los dos ya votados, sumarán ocho jornadas, en poco más de dos meses de actividad escolar del calendario 2018. En respuesta, el Gobierno anunció la aplicación de un mecanismo de descuento de los días no trabajados, pero hasta ahora el impacto no ha sido amplio. Ahora, en el marco de la Ley N° 9.624 de Paritaria Docente, y agotada la negociación, el Poder Ejecutivo acudió a la Justicia para que dicte la conciliación.
La presentación del Gobierno recayó en el Juzgado Laboral N° 3, que está a cargo de José Antonio Reviriego, y se hizo con habilitación de día y hora: esto es, que se empieza a analizar el pedido durante el fin de semana.
El artículo 16º de la Ley de Paritarias establece que en caso de conflicto entre las partes y el fracaso de la negociación, “cualquiera de las partes podrá pedir al Juzgado de Trabajo en turno de la ciudad de Paraná que disponga la conciliación obligatoria, ordenando a las partes suspender las medidas que se hubieren dispuesto en relación al conflicto. Para el caso que el Juez interviniente interprete que se cumplimentan los requisitos de admisibilidad del pedido acogerá la medida peticionada por un término máximo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la resolución, dentro del cual se realizarán las audiencias de conciliación que el magistrado entienda necesarias. Vencido dicho plazo sin que se hubiere arribado a una fórmula de conciliación, automáticamente podrán las partes proseguir con las medidas suspendidas por el Juzgado”.
El Gobierno espera con expectación que la Justicia encarrile ahora el conflicto con los docentes, con lo cual la negociación se seguirá ahora en ese ámbito.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.
Docentes: el Gobierno pidió conciliación obligatoria
El conflicto docente se dirimirá ahora en la Justicia.
Luego de seis sucesivas negociaciones -que terminaron en fracaso, la última, este viernes, en la Secretaría de Trabajo- el Gobierno decidió pedir en la Justicia la conciliación obligatoria y así frenar eventuales medidas de fuerza de los maestros. El planteó recayó en el Juzgado Laboral N° 3, a cargo de José Antonio Reviriego.
La judicialización del conflicto docente se da mientras el principal gremio del sector, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) desarrolla un congreso provincial en Colonia Avellaneda, con lo cual encapsula así una eventual medida de fuerza que puedan votar los congresales.
Desde que arrancó el ciclo lectivo, el 5 de marzo último, ya se han concretado 6 jornadas de paro docente. En la reunión paritaria de este viernes, el Gobierno propuso un aumento del 15%, en tres tramos, que fue rechazada por los docentes.
“El derecho que peligra es el de aprender” que “está consagrado en la Carta Magna”, consigna el escrito presentado este viernes ante el Juzgado de Trabajo Laboral N° 3. También, se pone de relieve que “desde el Gobierno Provincial se han hecho todos los esfuerzos posibles en conversaciones informales inicialmente y luego en sede administrativa por llegar a un acuerdo con las entidades gremiales que permita el desarrollo normal de la actividad educativa”.
Es en ese marco, es que el Gobierno puso en conocimiento al Poder Judicial que “nuestro derecho de negociar de Buena Fe, se ha visto vulnerado y conculcado, entendiendo que la instancia judicial será el último eslabón posible para conseguir el acuerdo que ponga fin a la situación de conflicto”.
En el documento firmado por Miriam Clariá, abogada apoderada del Consejo General de Educación (CGE), con patrocinio letrado del Fiscal de Estado de la Provincia de Entre Ríos, el Gobierno promueve ante el Juzgado de Trabajo en turno de Paraná, la acción prevista en la Ley N° 9.624 de Paritaria Docente, a fin de que se disponga la conciliación obligatoria prevista y la suspensión de las medidas de fuerza dispuestas o a disponerse por el término previsto en el artículo 16 de esa ley, es decir, por un término de 20 días hábiles.
La demanda se promovió contra los dos sindicatos que tienen representación en la mesa paritaria, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet).
“Siendo que la modalidad gremial es repetida en cuanto a que al rechazo de una propuesta salarial siempre se le agrega una medida de fuerza, es que esta parte prevé inicialmente la necesidad de solicitar desde la promoción del presente la habilitación expresa de días y horas para el tratamiento del presente, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Entre Ríos”, señala el escrito.
Agrega que “la educación es una obligación sustantiva del Estado liberal y social de derecho, he aquí que el derecho que se pretende proteger y procurar no devenga ilusorio, siendo el peligro concreto, el derecho de los educandos a recibir educación en la calidad y cantidad tales que posibiliten el desarrollo de sus conocimientos, habilidades y su sentido de responsabilidad y solidaridad social”.
En otro orden, deja en claro que “la negociación se ha visto impedida por la actitud reticente de los gremios a discutir y comprender las limitaciones presupuestarias que le dan lógica y justificación a las propuestas cursadas, llegando incluso a realizarse medidas de fuerza mientras se sostenían estas negociaciones”.
“Lo manifestado no quiere significar que desconocemos el derecho de los trabajadores de la educación y en particular, el legítimo derecho de huelga, por el contrario, nuestra constitución ha insertado, una cláusula fuerte y operativa al consagrar la secuencia normativa: “Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos, recurrir a la conciliación y al arbitraje, “el derecho de huelga” (Art. 14 bis, segundo párrafo). Pero está claro que la Constitución quiere decir, primero negociar, pactar, restablecer equilibrios, corregir desigualdades, hacer efectiva la paridad negocial entre los gremios y los empleadores mediante la generación de la legislación negociada del convenio colectivo; después, establecer los mecanismos preventivos del conflicto conciliando y acudiendo voluntariamente al arbitraje, sin indicar si ésta es una actividad estatal y, finalmente, como último recurso, la potestad gremial de ejercer el derecho de huelga (el empleo legal de la fuerza)”.
Es en ese marco que deja en claro que se mantuvieron reuniones en Casa de Gobierno en febrero y marzo, donde se retomaron otras demandas, además de la salarial, donde se llegó a ofrecer más de un 17% y un compromiso de revisión permanente, aunque las estimaciones inflacionarias son del 15%. También se señala que se hizo la propuesta “responsablemente mediante un gran esfuerzo, debido a que es una provincia que hace más de tres años, no constriñe el fondo compensador para hacer frente a las erogaciones y financiamiento de los salarios”.
Agrega que “ante el agotamiento de las instancias de diálogo informal, tras las propuestas formuladas y ofrecidas en las audiencias de diálogo, que fueron de público conocimiento, fueron rechazadas, es que ante la inminente necesidad de arribar a un acuerdo y garantizar el derecho a la educación de todos los entrerrianos, dado el compromiso tomado de iniciar las mesa de discusión paritaria, y salarial, en particular, se solicitó a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social que se arbitren los medios para constituir un ámbito de negociación con los Sindicatos Docentes que tengan representación acreditada. Las dos reuniones paritarias fracasaron.
“En consecuencia no cabe otra alternativa que solicitar al Juzgado de Trabajo en turno que disponga la conciliación obligatoria”, indica el escrito antes de agregar que “atento la inminencia de las medida de fuerza y siendo voluntad de esta parte efectivamente negociar con los gremios para llegar a un entendimiento sin resentir el servicio educativo, solicitamos se habiliten para la tramitación del presente días y horas, disponiéndose de inmediato, la suspensión de las medidas de fuerza, convocándose a audiencia de conciliación y notificándose todo esto con habilitación de días y horas a los Secretarios Generales de ambos gremios”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.
