Admitió el reclamo del ex intendente de Santa Elena sobre la sentencia que dictaron los tribunales de Entre Ríos por enriquecimiento ilícito y podría suspender la condena. Rossi apuntó contra Busti y habló de un complot judicial y político.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió la causa en la que Domingo Daniel Rossi reclamó por su condena por enriquecimiento ilícito, y corrió vista al Estado Argentino para que en el plazo de tres meses, la misma sea revisada y se expida sobre varias cuestiones puntualizadas en el reclamo del ex vicegobernador y ex intendente de Santa Elena.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos respondió a su petición de que se revise su condena, del año 2006, por enriquecimiento ilícito, por la que fue sentenciado a la pena de tres años de prisión, de ejecución condicional, inhabilitación absoluta por ocho años y multa de $90 mil pesos.
Detalles del dictamen
La nota de la CIDH responde a la "petición referida a la situación de Domingo Daniel Rossi, recibida el 7 de abril de 2010". Indica que "se han remitido las partes pertinentes de la petición al gobierno de Argentina y se ha fijado un plazo de tres meses para que presente sus observaciones, conforme al artículo 30 del Reglamento de la CIDH".
El texto de la Comisión advierte que el pedido de información al Gobierno Nacional "no constituye prejuzgamiento con relación a la decisión que la CIDH eventualmente adopte sobre la admisibilidad de la petición".
A su vez, anticipa que "la CIDH se pondrá a disposición de los peticionarios y el Estado, a fin de llegar a una solución amistosa".
Pacto político-judicial
En cuanto a los próximos pasos procesuales del caso, el abogado Carlos Reggiardo, defensor del ex vicegobernador, explicó que "el Estado puede argumentar por qué cree que se hizo de manera correcta, no contestar o abrirse a una conciliación, es decir que se resuelva en la Argentina y se revise todo el juicio desde el inicio. La CIDH va a hacer un examen y finalmente, tendremos una nueva sentencia, pero estamos convencidos de que la va a anular" dijo a Elonce TV.
"Hubo un pacto desde la parte política, encabezada por Jorge Busti y la cúpula del Poder Judicial de Entre Ríos. Tenemos mucha prueba del pacto político judicial y que entre las cosas que se acordaron, fue la condena a Domingo Daniel Rossi", dijo el abogado y sostuvo que "la CIDH vio todas las atrocidades que se cometieron en la causa y se metió en esta causa por corrupción porque ha visto la injusticia en la condena y las pruebas que son contundentes", resumió Reggiardo.
El complot judicial
El ex vicegobernador y ex intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, brindó una conferencia de prensa en Paraná para hablar sobre el dictamen de la CIDH y admitió que "vamos a esperar, estamos dispuestos". Asimismo, remarcó que "nadie puede operar sobre los jueces de la CIDH, allá no existen los pactos como acá en Entre Ríos".
Por otra parte, el ex vicegobernador señaló la pertenencia política de vocales del Superior Tribunal de Justicia al ex gobernador, Jorge Busti.
El ex intendente recordó que en su momento "había orden de condenar, esto fue un pacto. Los funcionarios que integraron la sala de juzgamiento, todos, ascendieron por decreto del ex gobernador" Jorge Busti.
Gravedad institucional
"Fui condenado en todas las instancias en Entre Ríos. Con una alevosía, una prepotencia y un escrache mediático absoluto durante 20 años", señaló y recordó que "silenciosamente, en el 2010 presentamos la denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre lo que había pasado en mi sentencia dictada en Argentina y después de seis años y medio, determinaron que se debe reabrir la causa y notificar al Gobierno de Argentina, en base a la presentación que hicimos, para que en 90 días conteste al respecto", dijo Rossi a Elonce TV.
"Es tan alevoso lo que hicieron con mi persona que da la sensación que cuando habla (el ahora suspendido Vocal del STJ) Carlos Chiara Díaz, parece que se burla de mi persona", señaló Rossi.
"La gravedad institucional de lo que pasa en el Superior Tribunal de Justicia es que se trata del organismo máximo de justicia de la provincia y que el cargo tiene estabilidad de por vida", remarcó.
"Son los que armaron"
El ex intendente de Santa Elena apunta contra "el bustismo porque son los que armaron esto y estoy convencido de que me robaron los testigos. El representante del Gobernador y de la doctora Claudia Mizawak, que era Fiscal de Estado, me pidieron condena y yo era su vicegobernador", apuntó Rossi.
"La persecución que me hicieron es porque yo denuncié siempre lo que pasaba. Además, el doctor Carubia era socio de Busti en su estudio cuando no era Gobernador", recordó Rossi en diálogo con Elonce TV y al ser consultado sobre el ensañamiento con su persona, el ex intendente de Santa Elena sostuvo que "todos los funcionarios que hoy tienen problemas judiciales los trajo Busti a Casa de Gobierno", dijo.
"Me sacaron porque yo me animaba a decirle cosas a Busti que nadie se animaba", resumió Rossi.
Rossi y el camino de la causa
"En 2006 fue condenado por enriquecimiento ilícito en una Cámara de juzgamiento que presidía en junio de ese año, Jorge Amilcar García, actualmente, Procurador General de la Provincia. El fiscal del juicio fue el doctor José María Chemes, que hoy es presidente de la Sala primera de la Cámara del Crimen y como querellantes, funcionarios de la Fiscalía de Estado que estaba a cargo de Claudia Mizawak, actual presidenta del Superior Tribunal de Justicia; y en ese tiempo, el Gobernador era Jorge Busti", relató Rossi.
"Tras apelar al STJ, conformado por el presidente Carlos Chiara Díaz, y los vocales, Daniel Carubia y Miguel Carlín, "me negaron el pase a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tras quedar firme el fallo, en marzo de 2007, me destituyeron como intendente de Santa Elena. Después de eso, acudimos en queja a la Corte Suprema, pero rechaza el recurso y ahí se termina el trámite en el país de la causa", recordó Rossi.
"Finalmente, en abril del 2010, tras reunir toda la documentación, acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después de seis años, decidió abrir la causa".
"Esta es Justicia de Carubia, Chiara Díaz, Carlín, Amilcar García. Parece y da la sensación de que el bustismo va buscando para ver a quién va a sacar del camino. Y ahora, la CIDH le dice al Estado argentino que tiene 90 días para responder sobre el tema", afirmó Rossi en conferencia de prensa.
