Al escucharlo al gobernador Bordet, la senadora Nancy Miranda habrá
dicho en lo más profundo de su pensamiento, “tragame tierra”.
Los dos estaban en el palco. Ella y el; junto al ministro de Gobierno,
Mauro Urribarri, y al titular del Consejo General de Educación, José Luis
Panozzo, ex intendente de Chajarí. Ambos funcionarios investigados en causas
judiciales.
Nancy Miranda, Mauro Urribarri y José Luis Panozzo, rodeaban al
gobernador, entre las autoridades subidas al palco cubierto ubicado en la esquina
de Dónovan y Santa Rosa, en Federal.
En su alocución, por el acto conmemorativo del Día de la Bandera, el
gobernador de Entre Ríos, anticipó que avalará el proyecto de Ley de Ética Pública que tiene
tratamiento en Diputados y “que contempla que todos quienes ejercen cargos
públicos tengan que declarar sus bienes y decirles a sus vecinos, a quienes nos
votaron, con qué bienes cuentan cuando ingresan a la función y con qué bienes
cuando se van de la función”.
La senadora Nancy Miranda fue noticia la
semana pasada, no por presentar un proyecto en la Cámara alta provincial, sino
porque se supo no presentó su declaración jurada patrimonial.
La información al
respecto, consignó: “Los senadores, como el resto de los funcionarios públicos
entrerrianos, disponían de 60 días tras la asunción en sus cargos para informar
sobre la conformación de sus respectivos patrimonios. Pero cuatro de ellos no
lo hicieron: Nicolás Mattiauda (Cambiemos-Gualeguaychú), Nancy Miranda (Frente para la Victoria-Federal), Orlando Viano
(Frente para la Victoria-Feliciano) y Daniel Olano (Frente para la
Victoria-Islas del Ibicuy)”.
Asimismo, se agrega: “La Ley 3.886, vigente desde 1953, establece qué
bienes deben detallar los funcionarios públicos y cómo quedan en custodia las
declaraciones juradas, ya que tiene carácter secreto. Los sobres lacrados sólo
se pueden abrir con autorización del funcionario involucrado o por orden
judicial y en el marco de una causa en la que se investigue la comisión de un
presunto enriquecimiento ilícito”.
La información que debe
constar en cada declaración jurada está determinada por el segundo artículo del
decreto 4931/53, que reglamentó la Ley 3.886. Según lo dispuesto cada
funcionario debe detallar, en este orden, lo siguiente: inmuebles urbanos
(terrenos y edificios); inmuebles y establecimientos rurales; capitales
invertidos en explotaciones comerciales, industriales, financieras, agrícolas
ganaderas; títulos, acciones, deventures; créditos hipotecarios, créditos
comunes, depósitos bancarios, dinero en efectivo; otros bienes, cualquiera sea
su naturaleza (automóviles, heladeras, joyas, semovientes, objeto de arte,
etc.); y deudas.
Mientras la Comisión de
Legislación General de la Cámara baja analiza tres proyectos de ley sobre Ética
Pública, para avanzar así en la reglamentación del artículo 37 de la
Constitución provincial, la diputada Gabriela Lena (Cambiemos-Chajarí),
presentó un proyecto referido exclusivamente a las declaraciones juradas de
autoridades y funcionarios. Allí, y a diferencia de las otras tres iniciativas
en estudio donde se hace mención a este tema, Lena propone que estos documentos
sean de carácter público. Cabe marcar, que los otros proyectos (autoría de
Rosario Romero- FpV-; Gustavo Zavallo –FR-; y Fuad Sosa-Cambiemos-) conservan
el carácter secreto de las declaraciones juradas, que solo podrán abrirse en
determinados casos, pero junto a ellas se deberá entregar una declaración
sintética, la que será de carácter público.
“Quienes
sean funcionarios, que en forma permanente o temporaria presten servicios
remunerados y en relación de dependencia en cualquiera de los Poderes Públicos
del Estado Provincial o Municipal, Entidades Descentralizadas, Entes
Autárquicos, Organismos de Control, empresas estatales o con participación
estatal mayoritaria y fondos fiduciarios, sea que accedieren al cargo por
elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio
legal, la obligación a presentar una declaración jurada patrimonial integral,
dentro de los 30 días desde la asunción, que deberá ser actualizada anualmente
y presentar una última declaración, dentro de los treinta días hábiles desde la
fecha de cesación en el cargo”, explicó la legisladora en el texto.
Los conceptos vertidos por
el gobernador en Federal no se condicen con la realidad.
Gustavo Bordet, aseveró: “Los
actos transparentes de gobierno deben ser un norte, y en Entre Ríos no puede ni
debe haber lugar para la corrupción ni para quienes se aprovechan de los bienes
del Estado. Esa será una consigna que marcará mi gestión de gobierno”,
La senadora provincial
Nancy Miranda (FpV-Federal) desconoce el sentido de la palabra transparencia.
Se le deberá entregar un diccionario para que se instruya, de modo que no omita
saber lo que tiene que hacer cuando, se establezca respetar una norma, o comprender
y aplicar una consigna, como la que reveló el gobernador Bordet, el mismo que aludió
a la figura de Manuel Belgrano para decir que, “en momentos como los que se
viven en este país su ejemplo tiene que servir para los que ejercen cargos
públicos. Esta es la mejor
forma de honrar la memoria de Manuel Belgrano. De otra manera sería estéril y
solamente para el discurso y para las palabras”.
Queda por develar si la
senadora Miranda, el ministro Urribarri y el titular del Consejo General de
Educación, José Luis Panozzo –entre otros-, interpretan un texto, o el lenguaje
oral.