AUDIO / 'EL DEDO EN LA LLAGA'

AUDIO / 'EL DEDO EN LA LLAGA'
Rubén Boxler: "Mi futuro político es ser legislador por el Departamento"

No aprueban los contenidos

Al escucharlo al gobernador Bordet, la senadora Nancy Miranda habrá dicho en lo más profundo de su pensamiento, “tragame tierra”.

Los dos estaban en el palco. Ella y el; junto al ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, y al titular del Consejo General de Educación, José Luis Panozzo, ex intendente de Chajarí. Ambos funcionarios investigados en causas judiciales.

Nancy Miranda, Mauro Urribarri y José Luis Panozzo, rodeaban al gobernador, entre las autoridades subidas al palco cubierto ubicado en la esquina de Dónovan y Santa Rosa, en Federal.

En su alocución, por el acto conmemorativo del Día de la Bandera, el gobernador de Entre Ríos, anticipó que avalará el proyecto de Ley de Ética Pública que tiene tratamiento en Diputados y “que contempla que todos quienes ejercen cargos públicos tengan que declarar sus bienes y decirles a sus vecinos, a quienes nos votaron, con qué bienes cuentan cuando ingresan a la función y con qué bienes cuando se van de la función”. 

La senadora Nancy Miranda fue noticia la semana pasada, no por presentar un proyecto en la Cámara alta provincial, sino porque se supo no presentó su declaración jurada patrimonial.

La información al respecto, consignó: “Los senadores, como el resto de los funcionarios públicos entrerrianos, disponían de 60 días tras la asunción en sus cargos para informar sobre la conformación de sus respectivos patrimonios. Pero cuatro de ellos no lo hicieron: Nicolás Mattiauda (Cambiemos-Gualeguaychú), Nancy Miranda (Frente para la Victoria-Federal), Orlando Viano (Frente para la Victoria-Feliciano) y Daniel Olano (Frente para la Victoria-Islas del Ibicuy)”.
Asimismo, se agrega: “La Ley 3.886, vigente desde 1953, establece qué bienes deben detallar los funcionarios públicos y cómo quedan en custodia las declaraciones juradas, ya que tiene carácter secreto. Los sobres lacrados sólo se pueden abrir con autorización del funcionario involucrado o por orden judicial y en el marco de una causa en la que se investigue la comisión de un presunto enriquecimiento ilícito”.

La información que debe constar en cada declaración jurada está determinada por el segundo artículo del decreto 4931/53, que reglamentó la Ley 3.886. Según lo dispuesto cada funcionario debe detallar, en este orden, lo siguiente: inmuebles urbanos (terrenos y edificios); inmuebles y establecimientos rurales; capitales invertidos en explotaciones comerciales, industriales, financieras, agrícolas ganaderas; títulos, acciones, deventures; créditos hipotecarios, créditos comunes, depósitos bancarios, dinero en efectivo; otros bienes, cualquiera sea su naturaleza (automóviles, heladeras, joyas, semovientes, objeto de arte, etc.); y deudas.

Mientras la Comisión de Legislación General de la Cámara baja analiza tres proyectos de ley sobre Ética Pública, para avanzar así en la reglamentación del artículo 37 de la Constitución provincial, la diputada Gabriela Lena (Cambiemos-Chajarí), presentó un proyecto referido exclusivamente a las declaraciones juradas de autoridades y funcionarios. Allí, y a diferencia de las otras tres iniciativas en estudio donde se hace mención a este tema, Lena propone que estos documentos sean de carácter público. Cabe marcar, que los otros proyectos (autoría de Rosario Romero- FpV-; Gustavo Zavallo –FR-; y Fuad Sosa-Cambiemos-) conservan el carácter secreto de las declaraciones juradas, que solo podrán abrirse en determinados casos, pero junto a ellas se deberá entregar una declaración sintética, la que será de carácter público.

“Quienes sean funcionarios, que en forma permanente o temporaria presten servicios remunerados y en relación de dependencia en cualquiera de los Poderes Públicos del Estado Provincial o Municipal, Entidades Descentralizadas, Entes Autárquicos, Organismos de Control, empresas estatales o con participación estatal mayoritaria y fondos fiduciarios, sea que accedieren al cargo por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, la obligación a presentar una declaración jurada patrimonial integral, dentro de los 30 días desde la asunción, que deberá ser actualizada anualmente y presentar una última declaración, dentro de los treinta días hábiles desde la fecha de cesación en el cargo”, explicó la legisladora en el texto.

Los conceptos vertidos por el gobernador en Federal no se condicen con la realidad.
Gustavo Bordet, aseveró: “Los actos transparentes de gobierno deben ser un norte, y en Entre Ríos no puede ni debe haber lugar para la corrupción ni para quienes se aprovechan de los bienes del Estado. Esa será una consigna que marcará mi gestión de gobierno”,

La senadora provincial Nancy Miranda (FpV-Federal) desconoce el sentido de la palabra transparencia. Se le deberá entregar un diccionario para que se instruya, de modo que no omita saber lo que tiene que hacer cuando, se establezca respetar una norma, o comprender y aplicar una consigna, como la que reveló el gobernador Bordet, el mismo que aludió a la figura de Manuel Belgrano para decir que, “en momentos como los que se viven en este país su ejemplo tiene que servir para los que ejercen cargos públicos. Esta es la mejor forma de honrar la memoria de Manuel Belgrano. De otra manera sería estéril y solamente para el discurso y para las palabras”.


Queda por develar si la senadora Miranda, el ministro Urribarri y el titular del Consejo General de Educación, José Luis Panozzo –entre otros-, interpretan un texto, o el lenguaje oral. 

INSTANTÁNEAS URBANAS

INSTANTÁNEAS URBANAS
VENDEDOR AMBULANTE