«Todo pasa» se leía en un anillo que lucía el ex presidente de la AFA, Julio Grondona. A juzgar por el devenir de los hechos, que son consecuencia del inevitable curso de la vida cotidiana, todo pasa, a tono con aquello de «el espectáculo debe continuar».
Los ciudadanos padecen la inoperancia en el ejercicio de la función pública de quienes estuvieron en cargos políticos.
Si la Justicia interviniera, aunque no hubiera denuncia oficial, de oficio, y se abocara a investigar el desempeño de los circunstanciales funcionarios en tal o cual repartición, no metería preso a los ladrones de gallina, sino que debería encarcelar a quienes se valen de ser los representantes del pueblo en los organismos de gobierno.
La impunidad es como el abogado del diablo que tienen los personajes impuestos a la sociedad.
Salvo contadas excepciones, la Justicia nunca investigó los ‘delitos’ en que han incurrido los ineptos funcionarios políticos de los gobiernos de turno.
La población de Federal -como tantas otras; como el conjunto de la República- padece el resultado de la gestión de quienes estuvieron en reparticiones viales, en organismos de viviendas, en empresas constructoras que le facturaron al Estado.
No se investigan casos relevantes, menos se puede pedir averigüen por qué desaparecieron neumáticos, rollos de alambre y herramientas de la Zonal II de la DPV, o cuál fue el motivo por el que no se contempló al departamento Federal el envío de partidas presupuestarias para la compra de elementos de limpieza en las escuelas correspondiente al año 2015, o por qué se atendió en «tiempo récord» a pacientes oftalmológicos en el hospital ‘Urquiza’ de Federal, en el marco de un programa de abordaje territorial, cuyo costo fue el pago por montos exhorbitantes a equipos médicos cercanos al ex gobernador.
Si el Poder Judicial se ocupara de investigar, tendría la tarea de detectar si hubiere alguna irregularidad en la administración de los recursos públicos, por caso, de ciudadanos que transitaban en una motocicleta y «de la noche a la mañana» aparecieron con vehículos de calle y para recreación que no son adquiribles con el sueldo de un empleado público. Además, la Justicia podría indagar sobre cómo es posible que comerciantes se transformaron en «un abrir y cerrar de ojos» en empresarios de la construcción y/o del transporte. También la Justicia debería husmear en áreas contables para determinar por qué más de 40 millones de pesos no se depositaron en la obra de reconstrucción de la red ferroviaria en el ramal comprendido entre Paraná-Federal-Concordia.La memoria es frágil. Se ha observado algo de lo que se recuerda.
Como tuviera presente el colega Osvaldo Bodean, urge reglamentar el artículo 208 de la Constitución de Entre Ríos, que erige la figura de un fiscal anticorrupción que "tendrá a su cargo, la investigación y acusación de los hechos de corrupción y otros delitos contra la administración pública".
Quién se anima a ponerle el cascabel al gato.
