Un legislador provincial por la UCR advirtió sobre la "forma de hacer política que segmenta al pueblo entrerriano en ciudadanos de primera y segunda categoría, según el color político de sus jefes comunales".
El diputado provincial, Pedro Ullúa (UCR-Entre Ríos), reclamó ayer al gobierno entrerriano ante la demora en el envío de fondos de la garantía de Coparticipación, por el cual se transfiere a los Municipios el ajuste correspondiente de impuestos nacionales y provinciales.
El legislador opositor señaló que su pedido tiene que ver puntualmente "con la evidente discriminación que se realiza desde el gobierno provincial a las comunas gobernadas por la Unión Cívica Radical, que son las directamente afectadas por esta actitud evidentemente sectaria que se ejerce arbitrariamente desde la gestión del gobernador, Sergio Urribarri, en plena confrontación con el texto constitucional entrerriano", dijo.
Ullúa opinó que de esta manera "se busca debilitar en plena campaña electoral, los márgenes de gestión de los intendentes de color político opositor, para favorecer las chances de los candidatos oficialistas en cada una de esas localidades".
La Constitución provincial, en su artículo 246, garantiza el siguiente sistema de coparticipación impositiva obligatoria: a) Impuestos Nacionales: de la totalidad de los ingresos tributarios que a la Provincia le correspondan en concepto de coparticipación federal de impuestos nacionales, sea por régimen general u otro que lo complemente o sustituya y que no tengan afectación específica, el monto a distribuir a los municipios no podrá ser inferior al dieciséis por ciento y a las comunas, al uno por ciento.
b) Impuestos Provinciales: de la totalidad de la recaudación de los ingresos tributarios provinciales, el monto a distribuir a los municipios no podrá ser inferior al dieciocho por ciento y a las comunas al uno por ciento. La Provincia transferirá automática y diariamente, el monto de dichas coparticipaciones.
No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva asignación de recursos aprobada por ley y ratificada por ordenanza del municipio o comuna.
Ullúa solicitó finalmente a las autoridades gubernamentales de la provincia, "un cambio de actitud en su manera de administrar los fondos públicos, cumpliendo como la Constitución exige con este punto, y dejando de lado a su vez una forma de hacer política que segmenta al pueblo entrerriano en ciudadanos de primera y segunda categoría, según el color político de sus respectivos jefes comunales".
Fuente: RecintoNet
