QUIEN MATÓ A SU MADRE FUE DESTINADO AL PSIQUIÁTRICO DE FEDERAL


Un asesino suelto a consecuencia de una ley contradictoria


Matías Ciceri volvió donde estuvo antes, la Colonia Psiquiátrica de Federal: ahí había ido a parar por primera vez en 1997, luego de que matara a martillazos a su abuelo.
El viernes hizo lo mismo con su madre, Juana Mercedes Charpentier, enferma de cáncer, a la que molió a golpes de martillo mientras estaba acostada en su cama. La mujer fue socorrida y llevada al Hospital Fermín Salaverry, de Victoria, pero murió.
Ciceri, de 37, años, declarado inimputable por el crimen de su abuelo a raíz de sus desequilibrios psiquiátricos, fue internado aquella vez en la colonia de salud mental de Federal, adonde ahora volvió otra vez: con custodia policial todo el día, comparte sus días con el resto de los 100 pacientes, con un régimen de puertas abiertas.
La situación de Ciceri es parecida a la de una docena de pacientes psiquiátricos con condenas o con causas judiciales que en Salud no saben cómo tratar: no pueden ser derivados a sistemas de encierro, porque la ley lo prohíbe, pero si son externados, no hay equipos de seguimiento suficientes en la provincia.
Actualmente, sólo hay tres, financiados por la Nación, en Tala, Victoria y Concordia. Pero nada más.
“Realmente no sabemos qué hacer con este tipo de pacientes –contó el director de un psiquiátrico de la provincia–. Lo hemos planteado en Salud, pero no hay solución”.
Y es que desde 2001 rige en todo el país la Ley de Salud Mental N° Ley 26.657 que establece que la internación de un paciente psiquiátrico es un recurso extremo, de última. “La internación es considerada como un recurso terapéutico de carácter restrictivo”. Y no sólo eso. También estipula que en caso de darse, “debe ser lo más breve posible”.
Por eso, Ciceri, cuando mató a su madre a martillazos estaba conviviendo con ella en su casa de Victoria, luego de haber sido externado de la Colonia Psiquiátrica de Federal, y de haber pasado un tiempo en el Hospital Escuela de Salud Mental (exRoballos) de Paraná.
La nueva Ley de Salud Mental vino a ordenar una situación de descalabro en los psiquiátricos, por cuanto muchos se habían convertido en depósitos de gente, de enfermos crónicos, a los que nunca les daban el alta. “Las internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales”, establece la nueva norma.
Con esa ley de desmanicomialización, entonces, quedó a contramano la unidad carcelaria de máxima seguridad que el Gobierno levantó en Federal, próximo a la Colonia Psiquiátrica. Ahí se había pensado alojar a pacientes psiquiátricos con causas o condenados.
El ex gobernador Jorge Busti firmó 2005 el decreto por el cual se ordenó la creación de un instituto psiquiátrico para varones condenados. No fue para pacientes psiquiátricos, sino que se convirtió en una cárcel de máxima seguridad, y con dependencia del Servicio Penitenciario de Entre Ríos: la Unidad Penal N° 8.
Ciceri no fue a dar allí, sino que volvió al hospital psiquátrico, que es de puertas abiertas.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.


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