Cuestionan una sanción a tres estudiantes
Por un hecho que ocurrió en noviembre, en el cual tres alumnos estuvieron involucrados en pintadas y destrozos en la Escuela Secundaria Nº 2 José Manuel Estrada de Federal, el consejo consultivo de la institución resolvió que pidieran perdón públicamente. Por la medida, vía judicial se pidió investigar si se vulneraron los derechos de los menores.
(Ricardo Leguizamón / El Diario de Paraná -publicado el miércoles 27-3-13).
Todo ocurrió en la noche del domingo 4 de noviembre. Esa noche, un grupo de tres alumnos ingresaron a las aulas de la Escuela Secundaria Nº 2 José Manuel Estrada de Federal, a 192 kilómetros de Paraná, y produjeron destrozos, escribieron grafitis en las paredes, dañaron material didáctico.
Las autoridades de la escuela efectuaron la denuncia judicial, y en poco tiempo el caso quedó esclarecido: se identificó a los autores, los padres aceptaron la responsabilidad de sus hijos, y tomó intervención el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), que ofreció asistencia psicológica a los adolescentes, de no más de 14 años.
Dos de las tres familias involucradas rechazaron el ofrecimiento; sólo una recibió de buen grado la pro-puesta, y envió a su hijo a terapia en el Copnaf. Pero llegó el fin del ciclo lectivo, y el caso quedó en veremos. La escuela no aplicó sanciones; los alumnos concluyeron su año escolar y empezaron a transitar el receso de verano. Pero el lunes 25 de febrero último, cuando todos volvieron a clase, el proceso se retomó: la escuela convocó a su consejo consultivo y en una votación ajustadísima, 5 a 4, resolvió aplicar una curiosa sanción a los alumnos responsables de aquellas pintadas y aquellos destrozos. Se los obligó a pararse de frente a todos sus compañeros, de los dos turnos, y en esa posición, a aceptar la responsabilidad de los hechos, y a hacer un pedido público de perdón.
Los menores habían estado involucrados en un proceso judicial, y aún así se los expuso ante todos.
Errores. Graciela Romero, coordinadora del departamento Federal del Copnaf, cuestionó el modo cómo la escuela resolvió el incidente, y la exposición que hubo de los menores, antes sometidos a un proceso judicial. La funcionaria procuró ser prudente, pero sus declaraciones no hicieron sino estallar la polémica.
Romero explicó que “nosotros (el Copnaf) no estamos habilitados para meternos en una institución que tiene acordado un régimen en lo que tiene que ver con la disciplina, y yo considero que si se han tomado estas medidas es porque han sido consensuadas”. Pero enseguida aclaró que “a mi entender hubo medidas que no eran necesarias, sobre todo exponer a los chicos; yo no lo haría”.
En declaraciones que formuló a la emisora FM Integración de Federal, la delegada del Copnaf cuestionó que se haya vulnerado el derecho de los menores, “porque el interés del niño está por sobre todo”. Y consideró que el procedimiento de la escuela no fue el mejor; planteó que “no hay ningún derecho que asistan a los seres humanos, o a las instituciones, que estén por sobre el derecho de los chicos”.
Ayer, EL DIARIO buscó hablar con Romero, pero la funcionaria le cedió la palabra al asesor legal del Copnaf Federal, José Mandil, quien también es docente, desde hace 20 años, en la Escuela José Manuel Estrada. Mandil dijo que Romero no procuró menoscabar la autonomía de las escuelas, ni inmiscuirse en el sistema de los acuerdos de convivencia escolar, pero que le pareció que la medida disciplinaria se pudo haber aplicado “de otra manera”.
Judicialización. El asunto, ahora, saltó del pequeño mundo escolar al filoso ámbito de los Tribunales. El juez de Garantías de Federal, Pedro Raúl Navarro, le dio intervención al Copnaf ante la posibilidad de que se hayan vulnerado derechos de los menores al exponerlos la escuela casi hasta el nivel del escarnio.
La diligencia judicial se cumplió hace diez días, según dijeron desde el Copnaf, “a los efectos de reparar derechos vulnerados de los chicos, si los hubiera, citar a los papás, ofrecer todos los dispositivos y servicios con los que cuenta la institución”. El asesor Mandil, que también fue alumno de la Escuela José Manuel Estrada, insiste en un punto: “No estamos en contra de una sanción. Lo que nosotros decimos, pensando en los adolescentes, es que era inne-cesaria una exposición tan grande”.
Dijo que los alumnos apenas llegan a los 14 años, que cursan el ciclo básico de la escuela secundaria –están en los primeros años–, y que “hicieron cosas de chicos. La conducción del Copnaf Federal pensó en resguardar la integridad de los chicos, y lo piensa todavía. Esto se malinterpretó como que nosotros íbamos en contra de Educación, de los acuerdos de la escuela, y no es así”.
Patricia Raquel Padilla, directora departamental de Educación de Federal, aclaró que las escuelas tienen autonomía para establecer sus propias reglas de convivencia, y que la sanción se aplicó en el seno del consejo consultivo, adonde tienen representación los padres, los docentes y los estudiantes. “Si a mí me preguntan, en lo personal, digo que no habría tomado las medidas que se tomaron. Por ahí se está juzgando la manera cómo se lo hizo. Pero hay que aclarar que los chicos están de acuerdo, y los papás también. Además, no hay denuncia por parte de los papás, ni tampoco un reclamo”, apuntó Padilla.
Actualizan los acuerdos
de convivencia El modo de dirimir las diferencias que se suscitan hacia el interior de las escuelas es a través de la aplicación de los acuerdos escolares de convivencia, un sistema que pasó a suplantar las clásicas amonestaciones que sólo eran resueltas por el equipo docente y directivo. Ahora, en cambio, tienen participación los padres y los alumnos en la solución de los conflictos. “Los acuerdos escolares de convivencia se sustentan en paradigmas epistemológicos diferentes de los reglamentos o códigos de convivencia, a pesar que a veces se utilizan estos términos como sinónimos”, explicó la coordinadora de Convivencia Educativa del Consejo General de Educación (CGE). Adriana Wendler. Las escuelas actualizan cada año esos acuerdos, que después son revisados por las autoridades educativas. Este año esa tarea está en manos de los supervisores escolares, durante dos jornadas, los días 3 y 4 de abril. Los acuerdos, asegura Wendler, “abren espacios participación estudiantil y de democratización en la institución escolar”.
Las autoridades de la escuela efectuaron la denuncia judicial, y en poco tiempo el caso quedó esclarecido: se identificó a los autores, los padres aceptaron la responsabilidad de sus hijos, y tomó intervención el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), que ofreció asistencia psicológica a los adolescentes, de no más de 14 años.
Dos de las tres familias involucradas rechazaron el ofrecimiento; sólo una recibió de buen grado la pro-puesta, y envió a su hijo a terapia en el Copnaf. Pero llegó el fin del ciclo lectivo, y el caso quedó en veremos. La escuela no aplicó sanciones; los alumnos concluyeron su año escolar y empezaron a transitar el receso de verano. Pero el lunes 25 de febrero último, cuando todos volvieron a clase, el proceso se retomó: la escuela convocó a su consejo consultivo y en una votación ajustadísima, 5 a 4, resolvió aplicar una curiosa sanción a los alumnos responsables de aquellas pintadas y aquellos destrozos. Se los obligó a pararse de frente a todos sus compañeros, de los dos turnos, y en esa posición, a aceptar la responsabilidad de los hechos, y a hacer un pedido público de perdón.
Los menores habían estado involucrados en un proceso judicial, y aún así se los expuso ante todos.
Errores. Graciela Romero, coordinadora del departamento Federal del Copnaf, cuestionó el modo cómo la escuela resolvió el incidente, y la exposición que hubo de los menores, antes sometidos a un proceso judicial. La funcionaria procuró ser prudente, pero sus declaraciones no hicieron sino estallar la polémica.
Romero explicó que “nosotros (el Copnaf) no estamos habilitados para meternos en una institución que tiene acordado un régimen en lo que tiene que ver con la disciplina, y yo considero que si se han tomado estas medidas es porque han sido consensuadas”. Pero enseguida aclaró que “a mi entender hubo medidas que no eran necesarias, sobre todo exponer a los chicos; yo no lo haría”.
En declaraciones que formuló a la emisora FM Integración de Federal, la delegada del Copnaf cuestionó que se haya vulnerado el derecho de los menores, “porque el interés del niño está por sobre todo”. Y consideró que el procedimiento de la escuela no fue el mejor; planteó que “no hay ningún derecho que asistan a los seres humanos, o a las instituciones, que estén por sobre el derecho de los chicos”.
Ayer, EL DIARIO buscó hablar con Romero, pero la funcionaria le cedió la palabra al asesor legal del Copnaf Federal, José Mandil, quien también es docente, desde hace 20 años, en la Escuela José Manuel Estrada. Mandil dijo que Romero no procuró menoscabar la autonomía de las escuelas, ni inmiscuirse en el sistema de los acuerdos de convivencia escolar, pero que le pareció que la medida disciplinaria se pudo haber aplicado “de otra manera”.
Judicialización. El asunto, ahora, saltó del pequeño mundo escolar al filoso ámbito de los Tribunales. El juez de Garantías de Federal, Pedro Raúl Navarro, le dio intervención al Copnaf ante la posibilidad de que se hayan vulnerado derechos de los menores al exponerlos la escuela casi hasta el nivel del escarnio.
La diligencia judicial se cumplió hace diez días, según dijeron desde el Copnaf, “a los efectos de reparar derechos vulnerados de los chicos, si los hubiera, citar a los papás, ofrecer todos los dispositivos y servicios con los que cuenta la institución”. El asesor Mandil, que también fue alumno de la Escuela José Manuel Estrada, insiste en un punto: “No estamos en contra de una sanción. Lo que nosotros decimos, pensando en los adolescentes, es que era inne-cesaria una exposición tan grande”.
Dijo que los alumnos apenas llegan a los 14 años, que cursan el ciclo básico de la escuela secundaria –están en los primeros años–, y que “hicieron cosas de chicos. La conducción del Copnaf Federal pensó en resguardar la integridad de los chicos, y lo piensa todavía. Esto se malinterpretó como que nosotros íbamos en contra de Educación, de los acuerdos de la escuela, y no es así”.
Patricia Raquel Padilla, directora departamental de Educación de Federal, aclaró que las escuelas tienen autonomía para establecer sus propias reglas de convivencia, y que la sanción se aplicó en el seno del consejo consultivo, adonde tienen representación los padres, los docentes y los estudiantes. “Si a mí me preguntan, en lo personal, digo que no habría tomado las medidas que se tomaron. Por ahí se está juzgando la manera cómo se lo hizo. Pero hay que aclarar que los chicos están de acuerdo, y los papás también. Además, no hay denuncia por parte de los papás, ni tampoco un reclamo”, apuntó Padilla.
Actualizan los acuerdos
de convivencia El modo de dirimir las diferencias que se suscitan hacia el interior de las escuelas es a través de la aplicación de los acuerdos escolares de convivencia, un sistema que pasó a suplantar las clásicas amonestaciones que sólo eran resueltas por el equipo docente y directivo. Ahora, en cambio, tienen participación los padres y los alumnos en la solución de los conflictos. “Los acuerdos escolares de convivencia se sustentan en paradigmas epistemológicos diferentes de los reglamentos o códigos de convivencia, a pesar que a veces se utilizan estos términos como sinónimos”, explicó la coordinadora de Convivencia Educativa del Consejo General de Educación (CGE). Adriana Wendler. Las escuelas actualizan cada año esos acuerdos, que después son revisados por las autoridades educativas. Este año esa tarea está en manos de los supervisores escolares, durante dos jornadas, los días 3 y 4 de abril. Los acuerdos, asegura Wendler, “abren espacios participación estudiantil y de democratización en la institución escolar”.
